Más de 20 mil damnificados, 878 viviendas destruidas y 21 personas fallecidas es el saldo que hasta ahora dejan los incendios que afectaron (y siguen afectando) a las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía.
Las localidades más afectadas quedaron hechas cenizas. Es el caso de Lirquén, cuya vista desde el aire muestra un uniforme paisaje gris. El 80% fue devorado por el inclemente fuego.
Alrededor de 49.900 hectáreas han sido además afectadas por los incendios, si se considera desde principios de enero.
El debate en la semana se volcó a la reconstrucción: ¿Cómo financiarla? Es que los incendios que arrasaron la zona centro sur del país llegan en un momento en el que además se advierte por la estrechez fiscal.
Cómo comenzó la discusión
La discusión comenzó en medio de la sesión en el Senado sobre el reajuste al sector público, que finalmente fue aprobada por el Congreso, sin las cuestionadas normas de "amarre".
Durante esa instancia, la contralora Dorothy Pérez señaló que líneas presupuestarias que habitualmente se utilizan para financiar emergencias no son "reservadas" sólo para ese fin, sino que también estaban consideradas para otras prioridades, como el reajuste de sueldos del sector público.
En esa línea, indicó que dada la gravedad y escala de los incendios, una parte importante de esos fondos probablemente tendrá que utilizarse para responder a la emergencia, y por tanto no podrían estar disponibles para financiar el reajuste.
De esta manera, comenzaron a evaluarse opciones: una de ellas, la de mover recursos desde otros programas o partidas ya aprobadas hacia emergencia y reconstrucción.
Eso fue, al menos, lo que plantearon el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), expertos y parlamentarios de Hacienda.
Es que el fin de llevar a cabo de esa manera el financiamiento es no crear gasto nuevo, a costa de dejar otros programas con menos recursos.
En específico, Paula Benavides, presidenta del CFA expuso en el Congreso que la que el déficit estructural podría terminar siendo aún mayor que el 2,2% del PIB previsto, lo que refleja que no hay un espacio fiscal para asumir más gasto sin afectar la sostenibilidad futura de las cuentas públicas.
Asimismo, expuso que faltan cerca de US$822 millones en el reajuste por los cuales no hay fuentes claras identificadas, y que este monto debería provenir de reasignaciones o mayor uso de provisiones del Tesoro.
De dónde sacar los recursos
Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Andrés Bello, sostiene que " existen varios mecanismos. Uno de ellos es el Fondo Nacional de Reconstrucción, una ley que permite canalizar las donaciones de privados, ya sea de personas o empresas, tanto en dinero como en especies. Esto tiene incentivos tributarios para quien dona".
"Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos pueden llevar a cabo reasignaciones del Presupuesto de la nación para el presente año. No obstante, siempre en las leyes de Presupuesto se incorpora una partida para contingencias de emergencia y gestión de desastres, por lo tanto, dentro del erario existen recursos que pueden ser destinados a ello", añadió.
"Por lo tanto -concluyó- va a depender del próximo Gobierno, principalmente, quien será el responsable y el encargado de la reconstrucción. Asimismo, se puede establecer medidas de alivio para las personas o acciones asociadas principalmente a ciertos pagos como las contribuciones".
Para Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes y PhD en Finanzas, en tanto, "es esperable que se financie con distintas fuentes. Por un lado, una parte importante, dada la situación fiscal, debiera financiarse con reasignaciones presupuestarias".
"Por otro lado, existe la opción de recurrir, pero solo marginalmente a deuda y fondos soberanos, que, si bien estos últimos están niveles históricamente bajos, existe algo de espacio para la necesaria reconstrucción. Además, existe el Fondo Nacional de Reconstrucción que ya se ha activado y puede contribuir en una pequeña proporción del gasto necesario", complementa.
Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Publica, en tanto, recuerda que "en momentos como la pandemia Covid 19, además de utilizar los fondos de emergencia, hubo una recorte considerable del gasto estatal que fue reconducido al control de la pandemia y sus repercusiones sociales".
"Dado que en el ultimo tiempo ha habido retiros de dinero de los fondos de emergencia y la utilización de recursos de emergencia en materias que no son contingencias o imprevistos, como lo fue el el reajuste al sector público, es probable que el futuro gobierno también deba realizar una priorización del gasto publico para enfrentar la reconstrucción no solo del de los incendios del sur, sino también completar la reconstrucción en Valparaíso por los incendios de 2024", sostuvo.
Ideas de parlamentarios
En el parlamento también afloraron ideas. El diputado Miguel Mellado (RN) aseguró que "será una tarea de Estado buscar el financiamiento, porque al menos la gestión del Presidente Kast será de primer nivel para reconstruir el BioBío, pero también para hacerse cargo de la reconstrucción de Viña del Mar que no ha hecho este Gobierno".
Por su parte, el diputado Ricardo Cifuentes (DC) apuntó al "fondo de emergencia transitorio", que, según dijo, "se extingue en el 2026 y después incluso creo que se ha podido retrasar".
En la actual oposición, las ideas han ido del otro lado: de reasignar recursos para que el Estado no tenga que gastar más.
En el parlamento también afloraron ideas. El senador Daniel Nuñez (PC), por ejemplo, apuntó a la ley de responsabilidad fiscal, que "permite al presidente activar una cláusula de emergencia en caso de desastres para obtener ingresos adicionales para la reconstrucción".
"Otra opción es legislar ingresos tributarios transitorios como lo hizo Piñera en 2010 o Boric con los incendios en 2024", indicó.
