Tras cinco largos años de disputa judicial y arbitral, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria Nuevo Pudahuel alcanzaron un acuerdo para redefinir el marco contractual de la concesión del principal terminal aéreo del país.
Según información de DF, y de acuerdo con fuentes de Gobierno, luego de más de un año desde que la Comisión Arbitral y la Corte de Apelaciones de Santiago instruyeran a las partes a conformar una mesa de trabajo, se logró delinear un nuevo contrato sustentado en dos pilares centrales.
El primero es la extensión del plazo de la concesión. De acuerdo con las bases originales, Nuevo Pudahuel debía administrar el aeropuerto hasta fines de 2035; sin embargo, con el nuevo acuerdo, el contrato se prorroga por tres años, postergando su término hasta fines de 2038.
El segundo elemento apunta a la redistribución de los ingresos. De acuerdo con la memoria anual 2024 de la concesionaria, actualmente los ingresos comerciales y los asociados a pasajeros embarcados se reparten en 22,44% para Nuevo Pudahuel y 77,56% para el Estado.
Estas proporciones serán ajustadas de modo que disminuya la participación fiscal y aumente la de la concesionaria, permitiéndole recuperar parte de los ingresos perdidos durante la pandemia.
Cabe señalar que el acuerdo aún no entra en vigencia, ya que para ello deberá ser ingresado a Contraloría para su respectiva toma de razón. Solo entonces comenzará a regir el nuevo marco contractual.
Tanto el MOP como Nuevo Pudahuel se negaron a dar comentarios.
frente internacional
Por otro lado, el entendimiento también tendría impacto en el litigio internacional que mantienen los controladores de Nuevo Pudahuel —ADP International y Vinci Airports— ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
Fue en agosto de 2021 cuando los accionistas de Nuevo Pudahuel solicitaron un arbitraje para intentar resolver las diferencias con el MOP relacionadas con el efecto económico de la pandemia.
No obstante, una vez materializado el acuerdo, el caso presentado ante el Ciadi quedaría paralizado, a la espera de su cierre definitivo.
De esta forma, las partes habrían acordado dar de baja el arbitraje, sin costas para ninguna de ellas, siempre que el acuerdo se concrete, cerrando así otro flanco relevante de conflicto para el Aeropuerto de Santiago.
