Entre 2020 y 2024, los hogares en Chile acumularon una millonaria deuda con las empresas eléctricas distribuidoras, como Enel, CGE y Chilquinta, que hasta hoy alcanza los $730 mil millones.
Esto, debido al atraso en la publicación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que debía regir entre los años mencionados, pero que recién se fijo a mediados de 2024.
Este retraso significó que las distribuidoras estuvieron vendiendo el servicio a un precio regulado inferior al que finalmente les correspondía cobrar, acumulando la diferencia como deuda.
Fue la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la que instruyó, ayer, el cobro de lo adeudado, a partir de abril."Será cada empresa la que deberá calcular y cobrarle, o abonarle, a cada uno de sus clientes, estos montos que aparecen como pendientes", comunicó, en específico, la entidad.
"En el caso de los cargos, es decir, cuando el cliente le debe a la empresa, la deuda se podrá saldar hasta en 48 cuotas iguales. Si es que existen clientes para los cuales la cuota mensual supere el 20% del valor promedio de sus boletas o facturas del año 2025, podrán solicitar a la empresa un aumento en la cantidad de cuotas, con un máximo de 60", informó también la entidad.
Detalló, por último, que de darse el caso de que la empresa sea la que le deba al cliente, la deuda tendrá que ser saldada hasta en 12 cuotas iguales.
Qué propone el Gobierno
Ante lo informado por la SEC, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, informó que el Ejecutivo propondrá un proyecto con dos ejes importantes.
Primero, que la deuda se pague con un cargo fijo de $1.450 por hogar al mes. Segundo, que al 40% de las familias más vulnerables del Registro Social de Hogares se les cubra dicho monto a través de un subsidio.
Pero este proyecto enfrentará un desafío mayúsculo: el tiempo. Es que la iniciativa deberá ingresar en marzo. Por ello, le tocaría a la administración del Presidente electo, José Antonio Kast, tramitarlo. Y con rapidez.
Reunión con la futura ministra
Es por esto que García se reunirá esta mañana con quien lo sucederá en el ministerio de Energía: la hasta ahora senadora Ximena Rincón, quien podría inesperadamente comenzar -debido a esta contigencia- como uno de los rostros visibles del próximo Gobierno.
"Vamos a darle todos los detalles de esto, es una investigación que ya habíamos señalado con bastante anticipación concluiría en esta época. El nuevo gobierno nos ha hecho ver la importancia de que cerremos la mayor cantidad de procesos pendientes, este era el más significativo y por eso nos hemos acelerado en concluir la investigación y en hacerla pública", explicó ayer la actual autoridad.
De no apoyarse la iniciativa -dijo también García- ocurriría "lo que establece el documento de la superintendencia.Y es que cada persona debe pagar lo que adeuda". En ese caso, el subsidio al 40% más vulnerable se haría inviable.
"A nivel de usuario individual, esa (deuda) hay que calcularla para cada cliente en función de su consumo, entre noviembre del 2020 y mayo del 2024", explicó a El Mercurio el académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo.
El gremio de las empresas electricas reaccionó tras el anuncio del Ejecutivo y valoró que "la autoridad haya optado por un mecanismo de implementación gradual, que permitirá una aplicación transparente y previsible del proceso, cuyos alcances serán oportunamente informados y explicados a los clientes por cada empresa distribuidora, conforme a las instrucciones que defina la autoridad".
