El Gobierno abrió a mediados de diciembre un proceso de consulta pública para avanzar en la protección ambiental del Salar de Atacama.
Esto, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, que —además de contemplar la creación de la Empresa Nacional del Litio, llamada NovaAndino Litio mediante una asociación público-privada entre Codelco y SQM— busca impulsar una Red de Salares Protegidos y, en aquellos salares actualmente en régimen de explotación, asegurar el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental.
El Ejecutivo argumenta que estos ecosistemas están sufriendo una "importante degradación tanto a nivel global como en Chile", lo que obliga a resguardar su sustentabilidad ecológica a largo plazo.
En ese sentido, la estrategia contempla la creación de una red de sistemas de salares protegidos, en cumplimiento del compromiso de proteger al menos un 30% de los ecosistemas al año 2030, en línea con las obligaciones internacionales establecidas en la Convención Marco de Biodiversidad, según señala la estrategia del Gobierno del Presidente Boric.
En este contexto, la iniciativa —impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente— busca declarar protegidas más de 76 mil hectáreas, ubicadas en la comuna de San Pedro de Atacama, de las cuales cerca de 34 mil hectáreas corresponden al sitio Ramsar Sistema Hidrológico Soncor.
El área que se pretende proteger sería declarada bajo la categoría de Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU), figura que permite compatibilizar la protección ambiental con actividades productivas, siempre que estas no pongan en riesgo los objetos de conservación definidos.
Sin embargo, fue precisamente la forma en que se diseñó y ejecutó la consulta pública la que comenzó a generar reparos desde el sector minero.
Observaciones
Durante el proceso —que finaliza el 12 de febrero— Codelco, Albemarle, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), SCM Copiapó y la Sociedad Legal Minera Nx Uno de Peine presentaron observaciones formales ante el Ministerio del Medio Ambiente, manifestando su preocupación.
En el caso de Codelco, apuntó al diseño del proceso, señalando que "no se explicitan los criterios ecológicos, biogeográficos o funcionales que justificarían la priorización del sector propuesto por sobre otras unidades del sistema". Por ello, sugirió acotar el polígono del área a proteger y que este sea congruente con las zonas en que están presentes los objetos de conservación (flora, fauna, entre otros).
La cuprífera también alertó que la ampliación del área protegida podría generar efectos relevantes en distintos sectores, advirtiendo que "la definición del área protegida de Soncor, junto con el aumento de la superficie a proteger, puede generar impactos heterogéneos en sectores productivos como la minería, el turismo y el medio ambiente".
AP
En ese sentido, solicitó que la autoridad ambiental explicite los criterios de equilibrio utilizados en la propuesta.
Por otro lado, Codelco cuestionó la inclusión de la chinchilla, indicando que "requiere una fundamentación respaldada por evidencia histórica y actual de presencia y uso de hábitat dentro del polígono propuesto", agregando que los antecedentes disponibles "no registran detecciones de la especie en el Sistema Hidrológico Soncor".
Más dura fue la posición de Albemarle, que aseguró que la propuesta comprende terrenos directamente vinculados con su operación en el Salar de Atacama, añadiendo que "no resulta legalmente admisible seguir adelante con la creación del área protegida propuesta, ya que la consulta pública no se ha realizado en la forma que establece la ley".
Respecto de los objetos de protección, la empresa cuestionó la inclusión de comunidades microbianas y servicios ecosistémicos definidos de manera amplia, señalando que "la propuesta parecería buscar una protección absoluta de recursos estratégicos, como la salmuera con minerales como potasio y litio, en ausencia de criterios técnicos fundados, lo que podría afectar la matriz productiva sin aportar beneficios ambientales justificados".
Asimismo, planteó que se pretende regular objetos de protección respecto de los cuales la autoridad carecería de competencia. Entre otros puntos, advirtió que los polígonos definidos como acuíferos que alimentan vegas y bofedales se superponen con el área de protección propuesta, sin que se explicite cómo se articularán ambos instrumentos.
Por su parte, la Sonami formuló reparos al diseño general del proceso de consulta pública, señalando que fue convocado con "plazos acotados e insuficientes, desproporcionados respecto de la complejidad técnica, territorial y regulatoria del instrumento".
Agregó que la consulta se desarrolla en paralelo a un procedimiento de consulta indígena, cuyo estado, alcance y efectos no han sido debidamente explicitados, generando incertidumbre procedimental y debilitando la transparencia y coherencia del proceso.
Asimismo, llamó a evitar formulaciones amplias, vagas o indeterminadas en la definición de los objetos de protección, advirtiendo que estas incrementan la discrecionalidad administrativa futura y afectan la certeza jurídica en la aplicación del instrumento, particularmente en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
