Hoy, 13 de febrero, comienzan a regir las nuevas obligaciones contempladas en la Ley 21.368, normativa que regula los plásticos de un solo uso y promueve el uso de botellas retornables.
Corresponde a la entrada en vigencia de la tercera etapa de esta legislación, la cual mantiene "en alerta" al comercio y al sector gastronómico, que advierten falta de claridad operativa para cumplir adecuadamente las disposiciones.
Entre las principales exigencias que comienzan a aplicarse se encuentran que
los supermercados exhiban al menos un 30% de bebidas en botellas retornables en sus vitrinas,
la prohibición de entregar productos de un solo uso para consumo dentro del local, salvo que sean biodegradables certificados y
la limitación de desechables fuera del local, permitiéndose solo productos no plásticos valorizables o plásticos certificados, y únicamente a pedido del consumidor.
Reparos del comercio
Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) manifestaron preocupación por la aplicación de estas medidas, acusando que no existe aún un reglamento vigente que precise bien los parámetros.
A juicio del gremio, "la exigibilidad administrativa anticipada del estándar cuantitativo mínimo del 30% de exhibición de botellas retornables en vitrinas, cuyo contenido operativo depende de la entrada en vigencia del reglamento que lo define y operacionaliza, puede dar lugar a interpretaciones disímiles y a fiscalizaciones arbitrarias, ya que, como se señaló, no están vigentes los parámetros que dicho reglamento establece, afectando la operación diaria del comercio y la certeza jurídica indispensable para el adecuado cumplimiento de la normativa".
"La sostenibilidad es un objetivo compartido y el comercio ha cumplido progresivamente con las obligaciones que establece la ley. Pero para implementar adecuadamente una norma que impacta directamente en la operación diaria de supermercados y otros establecimientos, se requieren reglas claras y criterios uniformes", señaló la presidenta de la CCS, María Teresa Vial.
Ante este escenario, el gremio solicitó un pronunciamiento formal tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio del Medio Ambiente, para contar con una interpretación oficial que otorgue certeza jurídica.
Achiga acusa vacíos
Desde la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), su presidente Máximo Picallo, sostuvo que, si bien el sector entiende la entrada en vigencia de la última fase de la ley, y valoró que se permitiera el uso de materiales biodegradables como cartón, papel o madera—, aseguró que existen muy poca difusión por parte del ministerio. "Todavía existen bastantes vacíos legales" respecto de qué productos están efectivamente permitidos, sostuvo a Emol.
Uno de los puntos más críticos, indicó, es la falta de entidades certificadoras para validar qué plásticos pueden utilizarse conforme al artículo 4 y qué productos califican como biodegradables autorizados.
"Hoy no existen los entes que van a certificar esta situación", advirtió, señalando que la ausencia de este componente operativo dificulta el cumplimiento de la norma.
Picallo ejemplifico con el caso de los sachets de salsas —como mayonesa, mostaza o ketchup— ampliamente utilizados en el delivery, y que según el presidente gremial, actualmente no cuentan con sustitutos viables.
Ambientalistas celebran implementación
Desde la otra vereda, las organizaciones ambientales valoraron la entrada en vigencia plena de la normativa.
La subdirectora ejecutiva de Oceana en Chile, Tania Rheinen, afirmó que "gracias a esta ley evitaremos miles de toneladas anuales de plásticos de un solo uso", destacando su impacto en la protección de los océanos y la reducción de residuos urbanos.
Roxana Muñoz, Encargada de Incidencia de Campañas en Greenpeace, también celebró la entrada en plena vigencia de la Ley. Sin embargo, señaló que "si la ley no se hubiese postergado, hoy Chile estaría mucho más adelante en la reducción de la contaminación plástica. Las sucesivas prórrogas y modificaciones significaron años perdidos y toneladas de residuos que terminaron en los ecosistemas".
La entrada en vigencia del tramo final de esta normativa estaba originalmente prevista para 2024.
Finalmente, Manuel Rojo, de Alianza Basura Cero, indicó que "creemos que se puede, y se debe, avanzar más. Esta ley tiene puntos ciegos, y abogaremos por mayor fiscalización, y mayores estándares en la reducción de desechos innecesarios", dijo.
De acuerdo con cifras aportadas por Oceana en sus primeros informes, se estima que la implementación de esta ley prevendría más de 23 mil toneladas anuales de plásticos de un solo uso generados en locales de expendio de alimentos.
