La aprobación del plan de inversión asociado a la renovación anticipada de la concesión de la Zona Franca de Iquique (Zofri) hasta 2050 generó una dura reacción de autoridades regionales y representantes de partidos políticos.
Acusaron falta de transparencia, ausencia de licitación y el impacto que —advierten— tendrá sobre el desarrollo económico regional por las próximas décadas, por lo que anunciaron eventuales acciones judiciales.
El alcalde de Iquique,
Mauricio Soria, lideró los reparos y calificó la decisión como un golpe del centralismo santiaguino.
"Hoy día se le plantean al directorio de Zofri 20 años más de un modelo inmobiliario, de un modelo que ya está agotado. Hoy día el mundo cambió, el comercio cambió totalmente", dijo.
Agregó que "aquí es mantener lo mismo (...) A un grupo muy pequeño, que es el que queda del 27% de privados, le están regalando 20 años de utilidad. Esto es un negocio, lo que se acaba de hacer es un negocio. Y en los negocios alguien gana. La ciudad de Iquique ni Tarapacá ganaron. Ganaron unos pocos. Esto alguien lo tendrá que explicar".
"La ciudad de Iquique ni Tarapacá ganaron. Ganaron unos pocos. Esto alguien lo tendrá que explicar"
Alcalde de Iquique Mauricio Soria
En la misma línea, el diputado y senador electo Renzo Trisotti anunció que solicitará a la Contraloría abstenerse de tomar razón mientras revisa la legalidad y competencia para prorrogar sin licitación.
Argumentó que aún hay requerimientos pendientes previos a esta decisión, además de evaluar eventuales acciones judiciales por vicios formales o de información; exigir a Hacienda, Economía y la SEP el sustento jurídico y la evaluación económica comparativa entre prórroga directa y licitación; y analizar la presentación de antecedentes ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por posibles infracciones a normas de información al mercado y a los estatutos de Zofri.
"No se trata de obstaculizar, sino de resguardar y proteger a Iquique. Una concesión estratégica hasta 2050 exige el máximo estándar de transparencia y responsabilidad, por el bien de Tarapacá y del sistema franco, y eso lo vamos a exigir con todas las herramientas de la ley", dijo Trisotti.
El gobernador regional, José Miguel Carvajal, indicó que el plan corresponde a decisiones del directorio y la junta de accionistas, pero advirtió que el Gobierno Regional estará atento a la resolución del Ministerio de Hacienda, especialmente en materias de gobernanza y supervigilancia del contrato.
Por último, representantes de los partidos políticos de la región también expresaron cuestionamientos.
El presidente regional de la UDI, Andrés Coppona, pidió mayor respaldo jurídico y participación local, el vicepresidente regional del PDG, Patricio Quisbert, criticó la extensión anticipada sin licitación y el rol de Corfo en la votación.
"El socio mayoritario, Corfo, claramente movió la balanza de la votación y, frente a los últimos acontecimientos, es cuestionable lo que motiva este cambio anticipado y sin un debido proceso de licitación", dijo.
Mientras que el dirigente republicano Juan Cossio sostuvo que la decisión “deja más dudas que certezas” al comprometer a la región por los próximos 25 años.
