Chile enfrenta hace más de una década un escenario económico que se ha ido debilitando de forma persistente. Más allá del rebote excepcional de 2021 tras la pandemia, la economía no ha logrado expandirse por sobre el 4% anual desde 2012, acumulando un crecimiento promedio cercano al 2% entre 2014 y 2025.
A esto se suma una inversión que no logra repuntar, un mercado laboral que no recupera dinamismo -con tasas de desempleo que no bajan del 8% desde fines de 2022- y un deterioro en las cuentas fiscales que ha llevado a que los pasivos superen el 26% del PIB.
En este contexto, analistas advierten que el problema no es solo económico, ya que hay un fenómeno que se está volviendo algo cultural: La tolerancia creciente a conductas que antes eran excepcionales -como la evasión al transporte público, el uso indebido de beneficios sociales o el incumplimiento de obligaciones financieras- comienza a instalarse como parte de una normalización del retroceso.
Un fenómeno que, lejos de ser inocuo, podría estar debilitando las bases sobre las cuales se sostiene el desarrollo, según expertos.
La preocupación se enmarca en un contexto donde se discuten rebajas de impuestos, alzas en tarifas básicas y restricciones fiscales. Ante ello, los expertos coinciden en que el avance de la "cultura del no pago" tensiona no solo las finanzas públicas y privadas, sino también los principios de responsabilidad y confianza que sostienen la vida económica.
Del CAE al agua: la expansión del no pago
El debate sobre el incumplimiento de deudas ha tenido como foco el Crédito con Aval del Estado (CAE), donde el no pago ha dejado de percibirse como una excepción.
Un claro ejemplo de ello, es que ayer, la Tesorería General de la República (TGR) puso en marcha un nuevo proceso de cobro de las deudas asociadas al CAE, en un escenario marcado por el fuerte aumento de este pasivo, que alcanza los $4 billones en 2025, ocho veces más que en 2018. La medida apunta a enfrentar un universo de más de 550 mil personas que actualmente se mantienen en mora.
Asimismo, el fenómeno se extiende a otros ámbitos de la vida cotidiana. Uno de los ejemplos más claros es la morosidad en las cuentas de agua, que no ha logrado volver a niveles previos a la pandemia.
Según El Mercurio, a enero de 2026, cerca de 495 mil clientes mantenían deudas por más de $291 mil millones en cuentas impagas de 61 días o más. Si bien la cifra es inferior a los máximos observados en 2020 y 2021, sigue siendo significativamente superior a los registros de 2018 y 2019.
Desde la industria sanitaria reconocen que el rezago económico y el alza del costo de la vida explican parte de este fenómeno, aunque también admiten que podrían existir cambios en el comportamiento de pago de los usuarios.
Incluso dentro del sector hay matices: mientras algunas empresas descartan la existencia de una "cultura del no pago", otras reconocen que durante la pandemia se debilitó la disciplina de pago, una tendencia que podría prolongarse en el actual escenario económico.
Más que ingresos: un cambio cultural en cuestión
Para la economista Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School el fenómeno no puede explicarse únicamente por variables económicas.
"Efectivamente, esto es un problema. Yo lo ampliaría no solo a 'cultura de no pago', yo diría esto que mal se llama 'viveza del chileno', que no solo tiene que ver con este no pago de deuda, sino también, por ejemplo, con el hecho de dar datos fraudulentos para recibir beneficios sociales", afirmó a Emol.
A su juicio, existe un deterioro en los estándares sociales que regulan el comportamiento económico.
"O sea, hay un problema más amplio que tiene que ver como que no es castigado socialmente la deshonestidad, y esto es algo que es necesario que cambie”, sostuvo, advirtiendo que este fenómeno “se ha ido profundizando, probablemente también por mensajes políticos errados", añadió.
En esa línea, apuntó a ejemplos concretos que reflejan esta tendencia: "Un caso muy claro fue para la pandemia, cuando los funcionarios públicos pidieron el bono por caída de ingresos, siendo que seguían con sus trabajos y sus sueldos, y esto no recibió ningún tipo de sanción".
Efectos en la economía: menos confianza, peores políticas
Las consecuencias de este comportamiento no se limitan al incumplimiento individual.
Cifuentes advirtió impactos directos en la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas públicas. "El efecto tiene varios efectos, pero un efecto bien importante es que es muy difícil hacer política social cuando existe esta esta cultura de la trampa", explicó.
Esto, porque la focalización de los beneficios -clave en un contexto de recursos escasos- se ve distorsionada. "Siempre que se busca focalizar para poder dar el mejor uso a los recursos escasos, las políticas terminan beneficiando a personas que no son los sujetos de la política", acotó.
Pero además, subrayó un efecto más profundo: "Y un efecto, a lo mejor, más general es la pérdida de confianza, en el fondo, en la pérdida de confianza social, que al final termina siendo un elemento contrario al desarrollo económico”.
En esa línea, agregó que "la confianza interpersonal es un elemento bien importante en el desarrollo", por lo que su deterioro impacta directamente en la trayectoria de crecimiento del país.
Responsabilidad, incentivos y señales desde la política
Desde el mundo financiero, el diagnóstico también apunta a un debilitamiento en la disciplina de pago. El economista jefe del BCI, Sergio Lehmann, afirmó a Emol que "en algunos ámbitos se reconoce que se ha perdido el sentido de la responsabilidad en el pago".
A su juicio, esto responde en parte a cuestionamientos al sistema económico y a las instituciones. "En mi mirada, son resabios del llamado que han hecho sectores radicales cuestionando las instituciones y el orden económico", acotó.
En ese contexto, enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de cumplimiento y señaló que "es importante reforzar los mecanismos que obligan el pago, porque de otra manera se instala la desconfianza y se debilita la dinámica de desarrollo.
Por su parte, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, puso el foco en los incentivos que han moldeado este comportamiento.
"Las personas naturalmente responden a los incentivos que cada mercado ofrece. Si la señal desde el regulador es postergar los pagos de las cuentas, seguir con los 'borronazos' de los registros (...) o condonar deudas, evidentemente las personas dejarán de pagar", afirmó el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno USS a Emol.
Como ejemplo, sostuvo que los anuncios de condonación del CAE tuvieron efectos inmediatos. "Eso ya ocurrió con el CAE cada vez que el expresidente Boric anunció la potencial condonación, lo que disparó el no pago al 60%".
Más allá de los casos específicos, Weber advirtió que el fenómeno tiene efectos sistémicos.
"La morosidad agregada en Chile hoy llega a casi 3% del PIB (...) plata que la economía pierde y deja de circular para crear más crédito y más barato", señaló, agregando que esta conducta "es perjudicial, no solo para los propios incumbentes (...) sino que además es poco solidario, porque aumenta el riesgo del sistema y limita el acceso a nuevos entrantes".
