Un duro informe expuso ayer el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto a los riesgos fiscales del proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast.
El organismo expuso este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde planteó que la iniciativa legal, si bien busca promover el crecimiento económico, presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto positivo que el propio proyecto estima por mayor actividad.
El Consejo precisó que su análisis se concentró exclusivamente en los aspectos fiscales de la iniciativa,
sin emitir juicio sobre la política tributaria en sí misma o respecto del diseño específico de las propuestas y bajo la premisa de que los gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes.
Desde esa óptica, advirtió que el informe financiero de la iniciativa debe ser leído con un criterio de prudencia, especialmente por el actual contexto de estrechez fiscal.
Según el CFA, sin considerar el efecto del mayor crecimiento, el proyecto genera un deterioro fiscal persistente durante todo el horizonte de evaluación, con un impacto máximo de 0,71% del PIB en 2030 y de 0,43% del PIB en régimen, hacia 2050.
Al incorporar el efecto crecimiento, el balance mejora en el largo plazo, pero el organismo remarcó que entre 2026 y 2031 el impacto fiscal neto sigue siendo negativo.
Por ello, sostuvo que para alcanzar neutralidad fiscal en ese período se requerirían fuentes adicionales de financiamiento "de magnitud relevante", las que no están contenidas en el proyecto.
"El impacto final del proyecto sobre el balance fiscal depende críticamente de la materialización del crecimiento económico proyectado", advirtió el Consejo.
Uno de los puntos centrales de la exposición fue el descalce entre costos y beneficios fiscales.
A juicio del CFA, "el proyecto compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento".
En ese contexto, el Consejo alertó que si el crecimiento proyectado no se materializa en la magnitud y velocidad estimadas, el deterioro del balance fiscal podría ser mayor al contemplado en el informe financiero, dificultando la convergencia fiscal y aumentando el riesgo de superar el nivel prudente de deuda pública.
Los nueve riesgos fiscales
El CFA identificó nueve riesgos de efecto directo sobre las finanzas públicas.
El primero apunta a la rebaja de la tasa del Impuesto de Primera Categoría —el impuesto corporativo— desde 27% a 23%. Según el Consejo, el costo fiscal de esta medida no sería compensado por el mayor crecimiento que generaría.
El organismo recordó que, si bien el informe financiero utiliza como insumo los parámetros de la Comisión Marfán, ese mismo grupo recomendó incorporar márgenes de prudencia en su uso para análisis fiscal.
En esa línea, el CFA advirtió que si no se materializan los ingresos proyectados por crecimiento, la menor recaudación asociada a la rebaja del impuesto corporativo podría ampliar el déficit fiscal previsto.
El segundo riesgo corresponde al crédito tributario pro empleo formal.
El Consejo apuntó a su alto costo fiscal efectivo y a la necesidad de revisar la consistencia de sus estimaciones con otros cálculos disponibles. La preocupación de fondo es que una medida diseñada para incentivar la formalidad laboral termine generando una presión fiscal superior a la prevista.
El tercer riesgo está asociado a la exención transitoria de IVA a viviendas nuevas. El CFA alertó que esta medida podría implicar un mayor costo fiscal efectivo al estimado, especialmente si su uso o alcance supera las proyecciones consideradas en el informe financiero.
El cuarto punto se refiere a la compensación al Fondo Común Municipal por la exención en el pago de contribuciones a adultos mayores.
En este caso, el Consejo advirtió una posible presión fiscal permanente, en la medida en que la compensación pueda extenderse o consolidarse como una obligación fiscal más allá del diseño inicialmente previsto.
El quinto riesgo dice relación con las medidas de probidad por licencias médicas. El organismo planteó que podrían generar un menor ahorro fiscal al esperado y, además, costos no contemplados. Es decir, el beneficio fiscal proyectado podría ser más bajo que el estimado por el Ejecutivo.
El sexto riesgo apunta al aumento de cupos por incentivo al retiro en el sector público. Según el CFA, la materialización del ahorro fiscal asociado a esta medida no está garantizada. La advertencia es relevante porque el proyecto considera eventuales ahorros futuros que dependen de que el mecanismo produzca efectivamente una reducción de costos para el Estado.
El séptimo riesgo está vinculado a las sanciones al contrabando de tabaco. El Consejo sostuvo que existe la posibilidad de que la recaudación obtenida por esta vía sea menor a la esperada, lo que restaría capacidad compensatoria al proyecto.
El octavo riesgo se concentra en el mecanismo de restitución por anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental. El CFA advirtió que esta medida no contempla una cláusula de gasto máximo, lo que podría abrir un flanco fiscal relevante si se generan obligaciones de compensación superiores a las previstas.
El noveno riesgo corresponde a los impuestos sustitutivos y la repatriación de capitales. En este caso, el organismo alertó que la reiteración de medidas transitorias de regularización o anticipo puede debilitar el cumplimiento tributario, afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo y dañar la credibilidad del marco fiscal.
Riesgos indirectos
Además de los riesgos directos, el CFA identificó dos riesgos indirectos.
El primero es la incertidumbre respecto del impacto real que el proyecto tendrá sobre el crecimiento económico. El segundo es la incertidumbre sobre cuánto de ese mayor crecimiento se traducirá efectivamente en ingresos fiscales futuros.
Ese punto es clave para el Consejo, porque buena parte del equilibrio de largo plazo del proyecto descansa en la premisa de que las medidas impulsarán la actividad económica y que ese crecimiento generará más recaudación.
Sin embargo, el CFA enfatizó que esos efectos son más inciertos que los costos inmediatos.
