Trece compañías salmoneras presentaron en paralelo dos reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para frenar una decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT).
Que ordenó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) entregar información detallada sobre el desempeño sanitario y productivo de sus centros de cultivo.
Los recursos,
ingresados el 7 de mayo de 2026, dieron origen a dos causas, ambas declaradas admisibles el 12 de mayo.
En ambos casos, la Corte decretó la suspensión de la entrega de información mientras se resuelve el fondo, conforme al artículo 29 de la Ley de Transparencia.
El origen
El reclamo de las salmoneras apunta contra la decisión que el CPLT adoptó, cuando Roberto Montt Garrido, quien, según los escritos, se desempeña en la empresa Ceres BCA, presentó una solicitud de acceso a la información ante Sernapesca.
El requerimiento pidió tres conjuntos de datos por centro de cultivo desde enero de 2025.
Las mortalidades semanales (con campos como tipo de centro, comuna, especie, etapa, número de peces, peso promedio, densidad y mortalidad por causa); el uso de productos farmacológicos declarados al módulo SIFA (incluyendo principio activo, vía de administración, dosis, cantidades y fechas de tratamiento); y las cargas parasitarias declaradas por los centros en mar.
Sernapesca respondió mediante la Resolución Exenta N°DN-01427/2025 del 22 de mayo de 2025, denegando parcialmente la información respecto de los titulares que se opusieron y entregándola para el resto.
Montt dedujo amparo ante el CPLT, que acogió su reclamo y ordenó entregar la información retenida.
Las dos causas ante la Corte
El primer recurso (Rol 94-2026) fue presentado por nueve compañías: Salmones Blumar S.A., Salmones Blumar Magallanes SpA, Australis Mar S.A., Australis Agua Dulce S.A., Acuícola Cordillera Ltda., Procesadora de Alimentos ASF SpA, Salmones Alpen Ltda., Salmones Islas del Sur Ltda. y Salmones Aysén S.A. Patrocinan el escrito los abogados Mónica Cortés, Fernanda Skewes y Joaquín Carbone, del estudio FerradaNehme.
El segundo (Rol 93-2026) fue interpuesto por Cermaq Chile S.A., Nueva Cermaq Chile S.A., Aquacultivos S.A. y Salmones Humboldt SpA, representadas por la abogada Francisca Farías Fuenzalida.
En su escrito, Cermaq reconoció que no alcanzó a evacuar el traslado original ante Sernapesca dentro del plazo de tres días hábiles por "un error y retraso de carácter estrictamente administrativo", pero advirtió que ello "no puede ser interpretado, en caso alguno, como una renuncia voluntaria ni un consentimiento material a la divulgación".
El argumento central
Pese a diferencias de las causas, ambos recursos apuntan en lo sustantivo.
Las empresas sostienen que la información requerida está protegida por la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, que ampara los antecedentes cuya publicidad afecte derechos de carácter comercial o económico.
El escrito del grupo de nueve empresas argumentó que el cruce de los tres conjuntos de datos permite "reconstruir con exactitud el desempeño productivo, sanitario y farmacológico de cada empresa a lo largo del ciclo productivo en curso".
Y agregó que la divulgación expondría a las compañías chilenas frente a competidores internacionales "como los establecidos en Noruega, Escocia o Canadá", que podrían "ajustar sus propias estrategias de oferta, precios, volúmenes y ventanas de cosecha".
Las salmoneras también pusieron el foco en quien pidió la información.
Señalaron que Ceres BCA, donde se desempeña Montt, se define como una empresa de servicios "en el área de la sanidad animal y vegetal" cuya oferta —entre ella el servicio denominado Gestión Sanitaria Estratégica (GSE)— apunta a "agregar valor al proceso productivo y comercial competitivo".
Para los reclamantes, ese perfil refuerza el riesgo de que la información se use con fines comerciales y no de control ciudadano.
"La entrega de datos estratégicos –tales como los solicitados– representa una ventaja competitiva evidente, pues permite identificar patrones presentes y vigentes de manejo sanitario de cada productor, zonas y períodos de mayor presión biológica, estrategias diferenciales de control y, en definitiva, oportunidades concretas de posicionamiento comercial, fijación de precios y negociación en perjuicio de las propias empresas cuyos datos quedarían expuestos", señala un escrito.
