A finales del 2024, cuando Mario Marcel era ministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, se aprobó la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT), también conocida como norma antievasión. El debate lo impulsó Marcel luego del rechazo de la reforma tributaria en 2023, siendo esta iniciativa —junto al royalty minero— las únicas propuestas impositivas de su ambicioso plan original que logró aprobar la administración anterior. En términos generales, sus efectos recaudatorios dependen de la capacidad operativa de la administración tributaria y de la respuesta de los contribuyentes. Con el fin de financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, la meta de ingresos esperados por esta reforma era de 1,5% del PIB en régimen. Pero hay un cambio, alertó el actual Ministerio de Hacienda: lo que se pensó que la ley antievasión recaudaría ya no se materializará. Sería, a ojos del Gobierno de José Antonio Kast, un nuevo "error" de proyecciones fiscales de la administración pasada.
