El debate en torno a la exención del pago de contribuciones para adultos mayores —una de las medidas más polémicas del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast— tiene dos caras.
Una es la de los alcaldes, congresistas y académicos que advierten sobre el impacto en el Fondo Común Municipal. La otra es la de los propietarios que han visto crecer sus contribuciones al compás de una plusvalía que no controlan, viéndose especialmente golpeadas las personas de la tercera edad que, en muchos casos, no cuentan con recursos suficientes para hacer frente a este gravamen.
En este segundo grupo se encuentra
Fernando Jung Véliz, un ingeniero de 69 años y pensionado, quien dio cuenta de su caso en una carta publicada hoy por El Mercurio.
La iniciativa promovida por el gobierno contempla eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda a adultos mayores de 65 años. El problema es el costo y alcaldes de oficialismo y oposición han pedido frenar el avance de la medida.
Es en ese contexto —el de una campaña que Jung Véliz califica de "casi sin contrapeso"— donde emerge su carta. El ingeniero jubilado vive en Lo Barnechea, en una casa que compró hace décadas y terminó de pagar con su indemnización tras 30 años de trabajo.
Hoy, con 69 años y dependiendo fundamentalmente de su pensión mensual, escribe: "Producto de la tasación fiscal y de una supuesta mayor plusvalía, de la cual no pretendo sacar provecho y cuya forma de cálculo es un misterio para muchos, el Estado vía contribuciones ha terminado quitándome uno de cada tres ingresos mensuales de mi pensión de jubilado".
"El Estado les mete la mano indirectamente a mis ahorros previsionales acumulados durante toda una vida. ¿No es esta una de las causas de que sean insuficientes para muchos pensionados?", pregunta. Y agrega que, a su edad, no tiene hijos en educación pública ni usa el sistema de salud primario al estar en isapre: "No espero que el Estado me retribuya ocho veces lo que me quita cada tres meses como indica el estudio de Paredes y Herrera. Ni tan solo una. Aunque solidariamente beneficie a muchos, para miles de jubilados seguirá siendo solo pérdida".
Véliz no ignora los argumentos del otro lado. Reconoce que la preocupación por el FCM no carece de razón e incluso plantea que dada la discusión que se está dando en el Congreso "es más probable que el Ejecutivo renuncie" a su idea. Por eso, pregunta: "¿No será posible en este caso llegar a una solución mediada para la clase media vía reconsideración de tasas aplicadas sobre una plusvalía inflada por factores que no podemos controlar?".
