Esta mañana el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, presentó ante la Comisión de Economía del Senado los obstáculos y avances en la promoción de la libre competencia a partir de las tareas desarrolladas el año 2025.
Dentro de su presentación indicó que uno de los principales obstáculos para el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) es la reducción presupuestaria que enfrenta el organismo, justo en momentos en que los mercados son más complejos, digitales y concentrados.
Según explicó, el presupuesto de la FNE para 2025 llegó a $8.972 millones, cerca de US$9,9 millones, mientras que las multas y pagos a beneficio fiscal obtenidos ese año alcanzaron
US$40,1 millones, más de cuatro veces su presupuesto, pese a que —remarcó— la entidad "no es un organismo recaudador".
Bajo ese contexto, sostuvo que, al comparar el presupuesto actual con el de 2018 —año en que entraron plenamente en régimen las facultades entregadas por la reforma de 2016—, la FNE enfrenta una baja real de 15%.
Ese recorte, detalló, se refleja en una menor dotación autorizada, que pasó de 125 a 117 funcionarios; una caída de 57,5% en recursos para honorarios; y restricciones en viáticos y viajes técnicos internacionales.
"Los obstáculos tienen que ver fundamentalmente con la disminución de nuestro presupuesto", planteó el fiscal, quien agregó que la situación obliga a priorizar investigaciones, limita la cantidad de estudios de mercado y dificulta retener talento especializado.
Desafío Inteligencia Artificial
El fiscal también vinculó esta estrechez de recursos con los nuevos desafíos tecnológicos. En su exposición, señaló que la FNE ha debido fortalecer su Unidad de Inteligencia para abordar fenómenos como ciencia de datos, inteligencia artificial, algoritmos y precios algorítmicos en mercados digitales.
En esa línea, destacó un convenio con ChileCompra que permite acceder a datos de licitaciones públicas y levantar alertas automatizadas sobre posibles riesgos de colusión.
Consultado por el senador Ricardo Celis, sobre la regulación de la inteligencia artificial, Grunberg planteó una mirada de doble filo.
Por un lado, los algoritmos pueden generar riesgos anticompetitivos, porque podrían facilitar que empresas se coordinen o "dejen de competir en base a precios"; pero por otro, también pueden producir eficiencias, especialmente en mercados digitales, al permitir una determinación de precios más eficiente.
Pese a esos riesgos, el fiscal descartó que hoy el problema central sea una falta de atribuciones legales. A su juicio, la legislación de libre competencia entrega herramientas suficientes para velar por que los algoritmos usados en la determinación de precios se comporten de forma competitiva.
"Es una tarea compleja y ahí vuelvo al tema del presupuesto", señaló.
