La Subsecretaría de Pesca informó que la Contraloría Regional de Valparaíso concluyó que la determinación del gobierno anterior que permitió el ingreso de 12 mil nuevas personas al Registro Pesquero Artesanal "no se ajustó a derecho".
El dictamen se originó tras una presentación realizada por Sonapesca y varias organizaciones de pescadores artesanales, quienes acusaron que la medida vulneraba la Ley General de Pesca y Acuicultura, al abrir el acceso a pesquerías que se encontraban en estado de plena explotación y bajo régimen de cierre para nuevos ingresos.
El "Registro Pesquero Artesanal" (RPA) es un catastro formal para ejercer la pesca artesanal - comercial. Establece un número de pescadores cuyo propósito es ordenar, controlar y hacer sustentable en el tiempo la actividad pesquera.
Pese a que el RPA se encontraba cerrado y en un período de análisis de la solicitud de ingreso de miles de pescadores artesanales a lo largo del país, la administración del expresidente Gabriel Boric, a través del subsecretario Julio Salas, estableció nuevas reglas en el marco de la Ley de Fraccionamiento Pesquero.
En concreto, la anterior administración, abrió el registro pesquero artesanal para que se inscribieran cerca de 12 mil nuevos pescadores, en pesquerías como jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola.
La Contraloría determinó que las exautoridades de la Subsecretaría de Pesca, encabezadas por Julio Salas, no cumplieron las exigencias establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, actuando fuera de la normativa vigente.
Según la subsecretaría, "uno de los principales cuestionamientos apunta a que se utilizó la Ley N° 21.752 para justificar nuevas incorporaciones al Registro Pesquero Artesanal, pese a que dicha norma únicamente modificó el fraccionamiento de cuotas entre el sector industrial y artesanal".
Además —agregó la cartera— el órgano contralor "reiteró que dicha medida exige consultas previas al Consejo Zonal y al Comité de Manejo correspondiente, eludiendo el mecanismo legal de reemplazo por vacancia y desnaturalizando el carácter cerrado de dichas pesquerías".
"Por último, el dictamen de Contraloría determina que la medida carece de sustento técnico suficiente y que se implementó sin respetar los procedimientos establecidos en la normativa vigente", subrayó la subsecretaría encabezada por Osvaldo Urrutia.
En su conclusión, el organismo fiscalizador instruyó a la actual Subsecretaría corregir la situación observada, y otorgó un plazo de 15 días hábiles para informar las medidas adoptadas respecto de la resolución cuestionada.
"El informe de la Contraloría confirma que se adoptó una medida profundamente irresponsable, pues abrió un registro que generó expectativas en miles de pescadores artesanales sin contar con el respaldo normativo correspondiente. Al mismo tiempo, se pasó por encima de muchos otros pescadores que realizaron sus trámites y procesos cumpliendo las reglas vigentes y dentro del marco legal establecido", señaló Urrutia.
"Como Subsecretaría, vamos a cumplir y adoptar todas las medidas instruidas por la Contraloría, asumiendo que se trata de una ilegalidad cometida por la administración anterior", agregó.
