El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, salió al paso este viernes tras el dictamen de la Contraloría Regional de Valparaíso que invalidó una resolución del gobierno de Gabriel Boric que permitió el ingreso de 12 mil nuevas personas al Registro Pesquero Artesanal (RPA), concluyendo que la medida "no se ajustó a derecho".
"Hay otra ilegalidad de la administración anterior y parece ser que era un estilo de gobernar", afirmó Mas, en duros términos contra la exadministración.
El secretario de Estado anticipó que "vamos a hacer cumplir la ley, vamos a aplicarla de la forma que cause menos perjuicio para los pescadores. Eso será en el tiempo, pero tenemos que hacer lo que la ley indica", señaló.
El dictamen se originó tras una presentación de Sonapesca y diversas organizaciones de pescadores artesanales, que acusaron que la medida del gobierno de Boric vulneraba la Ley General de Pesca y Acuicultura, al abrir el acceso a pesquerías que se encontraban en estado de plena explotación y bajo régimen de cierre para nuevos ingresos.
La Contraloría determinó que las exautoridades de la Subsecretaría de Pesca, encabezadas por el exsubsecretario Julio Salas, actuaron fuera de la normativa vigente al utilizar la Ley de Fraccionamiento Pesquero para justificar nuevas incorporaciones al RPA, pese a que dicha norma solo modificaba el fraccionamiento de cuotas entre el sector industrial y artesanal.
El organismo fiscalizador también concluyó que la medida carecía de sustento técnico suficiente, que se implementó sin respetar los procedimientos legales vigentes y que se eludió la consulta previa al Consejo Zonal y al Comité de Manejo correspondiente.
El RPA es el catastro formal que regula el ejercicio de la pesca artesanal comercial en Chile. Su objetivo es ordenar y hacer sustentable la actividad pesquera, por lo que establece un número acotado de pescadores habilitados. Al momento de la resolución cuestionada, el registro se encontraba cerrado y en período de análisis de solicitudes de ingreso.
La Contraloría instruyó a la actual Subsecretaría de Pesca corregir la situación y otorgó un plazo de 15 días hábiles para informar las medidas adoptadas.
El subsecretario Osvaldo Urrutia también se pronunció sobre el fallo: "El informe de la Contraloría confirma que se adoptó una medida profundamente irresponsable, pues abrió un registro que generó expectativas en miles de pescadores artesanales sin contar con el respaldo normativo correspondiente".
