La controversial entrada en vigencia de la Ley Uber continúa en suspenso, a más de tres años de su promulgación. Y ahora, en medio de la discusión por el futuro reglamento de la legislación, un nuevo estudio liderado por David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, lanza una serie de advertencias.
Señala que una implementación demasiado restrictiva podría dejar fuera de las plataformas a una proporción significativa de conductores, con efectos sobre empleo, disponibilidad del servicio y tarifas.
El análisis, que será presentado públicamente la próxima semana, evalúa con datos recientes el peso que hoy tienen las Empresas de Aplicación de Transporte, conocidas como EAT, en el mercado laboral y en la movilidad urbana.
Sus resultados aparecen en un momento clave, luego de que la Contraloría General de la República rechazara las modificaciones ingresadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones al reglamento, argumentando que el texto rebajaba exigencias técnicas sin que constaran fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos suficientes.
¿Qué dice el estudio?
De acuerdo con el estudio, en mayo de 2026 hubo 136 mil conductores activos en plataformas, un 6% más que en mayo de 2025. Asimismo, en los últimos 36 meses, unas 550 mil personas trabajaron al menos una vez como conductores en este tipo de aplicaciones.
Por el lado de la demanda, el informe estima que en mayo se registraron 3,6 millones de usuarios y 20,1 millones de viajes.
El dato central, sin embargo, está en el eventual impacto de los requisitos regulatorios. De acuerdo con Bravo, el requisito de que los vehículos tengan menos de 10 años de antigüedad excluiría a cerca de 35% de los conductores actuales a nivel nacional. El efecto sería especialmente fuerte en regiones extremas, donde el parque vehicular es más antiguo, en Arica y Parinacota, 83% de los conductores activos no cumpliría con esa exigencia; en Tarapacá, la proporción llegaría a 76%; en Aysén, a 54%; y en Magallanes, a 45%.
"El reglamento enviado por las nuevas autoridades del sector eliminó el requisito de cilindrada mínima y eso es positivo. Sin embargo, mantuvo un requisito de 10 años máximo de antigüedad de los vehículos, lo que significa excluir a 35% de los conductores actuales en el país", señaló Bravo.
El economista agregó que este requisito "podría ser modificado vía reglamento para que tenga un menor impacto. Este requisito entraría en aplicación a los 6 meses de que se publique el reglamento.
Sin embargo, está también el requisito de que los conductores tengan licencia profesional, el que estaría vigente al año de la publicación del reglamento. Este requisito dejaría fuera entre el 75 y el 80% de los actuales conductores de plataformas", dijo.
Considerando conjuntamente la exigencia de antigüedad del vehículo y la licencia profesional, el estudio estima que 102 mil de los 136 mil conductores que trabajaron en mayo de 2026 no podrían seguir operando. Si se amplía el universo a las 550 mil personas que condujeron al menos un mes durante los últimos tres años, 479 mil no habrían podido desempeñarse en esta actividad.
Las recomendaciones
Para Bravo, el punto no es solo regulatorio, sino laboral. "Hoy son una fuente de empleo muy dinámica, que en el contexto de un mercado laboral estancado destaca con crecimientos anuales de dos dígitos en los últimos tres años", afirmó.
El investigador sostuvo que las plataformas cumplen un rol tanto principal como complementario de ingresos, al permitir que las personas se conecten y desconecten según su disponibilidad, además de operar como alternativa en periodos de desempleo.
El estudio también plantea que los ingresos netos promedio por hora trabajada casi triplican el ingreso mínimo por hora. Esa característica, según Bravo, hace que la discusión del reglamento no pueda separarse del contexto laboral del país, marcado por un desempleo elevado y persistente.
En esa línea, el investigador planteó que la ley y el reglamento, tal como están diseñados, podrían restringir "las posibilidades de empleo de un número muy importante de personas y afectará el empleo a nivel general, empeorando la emergencia laboral".
"Es por ello que creo que se debe actuar con rapidez para que, mientras se publica el reglamento, con la mayor flexibilidad posible (por ej. en materia de antigüedad de los vehículos), se pueda enviar una ley corta que evite la entrada en vigencia del requisito de licencia profesional para estos conductores y también corregir otros aspectos complejos como el congelamiento del parque vehicular por 18 meses", planteó.
A su juicio, esa medida debería corregirse, porque limita la entrada de nuevos conductores y podría reducir la capacidad de respuesta de las plataformas.
Una reducción relevante de conductores, advierte Bravo, podría traducirse en mayores tiempos de espera, alzas de tarifas y menor disponibilidad del servicio, especialmente en zonas con menos alternativas de transporte.
"Va a empeorar fuertemente la calidad del servicio e incrementará las tarifas", sostuvo. "Afectar el funcionamiento de las plataformas incidirá en el modo de transporte utilizado por 3,6 millones de personas en el mes de mayo pasado".
