En la última jornada de audiencias de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, se sumó este lunes un nuevo antecedente en plena tramitación en el Congreso Nacional.
Durante la jornada, la comisión revisora de la AC sesionó desde las 10:00 horas para recibir a distintos invitados, entre ellos los exministros de Hacienda Manuel Marfán y Andrés Velasco, el exministro del Tribunal Constitucional Juan José Romero, además del abogado y profesor de Derecho Felipe Lizama.
La instancia quedó citada para retomar la deliberación y votar el informe a las 17:30 horas.
No obstante, antes del cierre de la sesión de la mañana, el abogado del exsecretario de Estado, Patricio Zapata, hizo ver ante la comisión que acababa de publicarse el último informe semestral del Consejo Fiscal Autónomo, documento que —según señaló— no sabía que sería difundido este lunes.
Zapata leyó parte del informe y destacó que, en la página 89, el CFA sostiene textualmente que "el análisis efectuado por el Consejo Fiscal Autónomo no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP4T25, los cuadros de fuentes y usos de financiamiento de los IFP son internamente consistentes y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables".
La frase fue subrayada por la defensa en un momento clave de la discusión, ya que uno de los puntos sensibles del debate ha estado vinculado a las proyecciones fiscales y de deuda contenidas en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025.
Qué dice el CFA
En concreto, en su informe semestral sobre el ejercicio de sus funciones y atribuciones, el Consejo Fiscal Autónomo abordó la controversia en torno al Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del año pasado, y concluyó que no detectó una "incostencia" aritmética en las proyecciones de deuda publicadas, como había señalado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El organismo sostuvo que los cuadros de fuentes y usos de financiamiento son internamente consistentes y que la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables.
Según ese documento de Dipres, "en conjunto, las validaciones realizadas muestran que la trayectoria fiscal utilizada reproduce exactamente el escenario del IFP4T25, que el deterioro fiscal se transmite efectivamente a las necesidades de financiamiento, que la acumulación de deuda respeta las identidades financieras relevantes y que los resultados obtenidos no dependen de supuestos macroeconómicos alternativos ni de una única especificación metodológica".
El Consejo señaló, además, que "más que una falta de cuadratura, lo observado en el IFP4T25 corresponde a una proyección que habría incorporado supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados, y que en la práctica correspondería a una siguiente administración aplicar".
A juicio del organismo, esa falta de explicitación dificulta la evaluación posterior de las proyecciones, especialmente cuando se trata de montos relevantes o de supuestos que podrían incidir en el cumplimiento del límite de endeudamiento.
El Consejo recordó que, entre abril de 2021 y marzo de 2026, formuló al menos 22 recomendaciones en materia de transparencia de deuda, vinculadas a una mayor apertura de los cuadros de usos y fuentes de financiamiento, seguimiento de activos financieros, deuda neta, activos del Tesoro Público, deuda flotante, cuentas por pagar y criterios de clasificación de distintas operaciones financieras.
Así, el CFA concluyó que "la controversia en torno al IFP4T25 no constituye, por tanto, un problema aislado, sino que evidencia una brecha institucional previamente advertida: la trayectoria de deuda bruta depende de componentes cuya metodología de proyección y trazabilidad pública aún son insuficientes para una revisión y evaluación externa completa", contrastando así con lo presentado por el ministro Quiroz el 25 de mayo pasado en el Informe de Finanzas Públicas (IFP).
