A días de que se materialice un alza promedio nacional en las cuentas de electricidad —considerando el ajuste por generación y el cargo por transmisión—, el Gobierno ingresó el proyecto de ley de "Ordenemos la Cuenta".
La iniciativa busca extender el subsidio eléctrico, rebajar tarifas, mejorar el servicio, pero por sobre todo busca pagar la deuda del componente de distribución (VAD) para el periodo 2020-2024, que ya acumula 43 meses de atraso.
La iniciativa fue presentada este lunes por el Ejecutivo ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados con urgencia de discusión inmediata. Así, l
a instancia acordó iniciar este miércoles, entre 10:30 y 12:00 horas, la discusión en general del proyecto, citando a la ministra de Energía,
Ximena Rincón.
La deuda que el proyecto busca regularizar asciende a aproximadamente $816.000 millones, según el texto ingresado por el Ejecutivo.
Según explicó Rincón en radio Duna, el objetivo central del proyecto es evitar que ese monto se traduzca en un nuevo golpe inmediato a las cuentas de la luz. "En abril tenían que reliquidarse las tarifas y subir las cuentas de la luz por la deuda del congelamiento tarifario con las distribuidoras", señaló.
De acuerdo con la ministra, el esquema propuesto replica en parte el modelo utilizado para abordar la deuda con las generadoras. En este caso, la deuda con las distribuidoras sería pagada mediante un crédito, cuyos costos se recuperarían posteriormente en las cuentas eléctricas.
El informe financiero del proyecto precisó que el pago del Saldo de Normalización Tarifaria será financiado con cargo al Fondo de Estabilización de Tarifas, mediante la creación del Componente NT del Cargo MPC.
Este componente tendrá un valor inicial de $5 por kWh, comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2028 y se mantendrá vigente hasta la extinción total de la deuda, con plazo máximo hasta el último día hábil de 2035. Además, será reajustado semestralmente según la variación del IPC, con base en julio de 2026.
El pago de dicho documento será con cargo al Fondo de Estabilización de Tarifas y no contará con garantía estatal. Por ello, el informe financiero concluye que el proyecto no implicará un mayor gasto fiscal.
"Ahora se paga la deuda a las empresas con un crédito, tal como se hizo en 2024. Ahí se incorporan los intereses y eso se paga directamente a las empresas. Esa plata se devuelve en la cuenta de cada uno de nosotros con $5 por kilovatio hora", sostuvo Rincón.
"Se va a pagar toda esa deuda a las empresas y, a partir de 2028, cuando baje la cuenta producto de que el pago de la deuda inicial ya avanzó, se incrementa un poquitito, con $5 por kilovatio hora, para pagar esto. Baja 22 y sube 5", explicó Rincón.
Subsidio eléctrico
Otro de los ejes de la iniciativa es la extensión del subsidio eléctrico hasta 2027 para usuarios residenciales de menores ingresos.
Según el informe financiero, esta extensión contempla un aporte adicional de US$120 millones, también con cargo al Fondo de Estabilización de Tarifas, por lo que tampoco implicará mayor gasto fiscal.
Rincón recordó que, cuando se legisló la deuda de las generadoras, el subsidio solo quedó considerado hasta 2026, lo que dejaba sin cobertura el año siguiente. "Ahora sí lo extendemos para ese año, porque nos parece que, si pagamos esa deuda al 40% más vulnerable, tenemos que entregárselo", afirmó la ministra.
Inventarios de transmisión y multas
El texto también contempla medidas en materia de transmisión. Entre ellas, un mecanismo voluntario para que las empresas propietarias de instalaciones puedan informar a la Comisión Nacional de Energía (CNE) eventuales discrepancias detectadas en sus inventarios, acompañando antecedentes técnicos corregidos.
En caso de existir montos percibidos en exceso, estos serán descontados de la remuneración de las empresas hasta en cinco períodos de pago. Además, se contemplan sanciones a cargo de la SEC, cuya recaudación será destinada al Fondo de Estabilización de Tarifas.
Rincón explicó "estamos abriendo un proceso para que todas las empresas transmisoras que tengan inventarios que no están al día los puedan declarar. Eso significa que se van a ir con multa, pero no les van a rebajar el inventario que tienen. Esa sanción va al FET, que también es clave para financiar los equilibrios tarifarios", afirmó.
Calidad del suministro
El tercer eje del proyecto apunta a resguardar la seguridad y la calidad del servicio eléctrico.
La iniciativa amplía las causales por las cuales el Ministerio de Energía podrá dictar medidas preventivas para evitar situaciones de déficit de suministro. Además, permite que las empresas distribuidoras presenten planes de inversión para ejecutar obras de infraestructura destinadas a mejorar la calidad del servicio, previa convocatoria del Ministerio de Energía.
Estas inversiones podrán ser remuneradas vía tarifas, siempre que estén asociadas al cumplimiento de metas de calidad de servicio y evitando dobles pagos.
La ministra mencionó especialmente la situación de regiones como Maule, O’Higgins y Ñuble, donde dijo que existen problemas de suministro, racionamiento e inestabilidad.
"Lo que hacemos es darle más facultades a la Superintendencia para dictaminar medidas preventivas que eviten los cortes y, además, establecer un paquete de medidas para que se puedan implementar servicios de prevención ante cortes de luz", indicó.
Impacto en regiones
El proyecto también contempla un plan de mitigación para proteger a los habitantes de Los Ríos y Los Lagos, regiones donde las tarifas enfrentarían una mayor presión.
Según Rincón, "en muchas regiones las cuentas van a bajar producto de las energías renovables, pero en estas regiones no bajan por distintas razones: falta de inversión, proyectos sin ejecutar y líneas de transmisión que no se hacen, por lo que la cuenta sube", señaló.
En esa línea, la ministra aseguró que la iniciativa busca reducir ese impacto tarifario de un 18% a un 10%.
Contratos caros
Finalmente, el texto contempla una herramienta voluntaria para revisar contratos eléctricos de alto costo.
Según explicó Rincón, el mecanismo permitiría renegociar contratos vigentes para rebajar precios a cambio de extender plazos, bajo una lógica similar a la que utilizan los clientes libres para pactar condiciones más competitivas.
"Ahí hay una herramienta voluntaria para que las empresas con contratos vigentes puedan hacer una especie de renegociación para rebajar costos a cambio de plazo, tipo clientes libres que negocian sus contratos para pactar precios más competitivos. Bueno, acá es lo mismo, pero para los clientes regulados", sostuvo.
Consultada por eventuales cambios durante la tramitación, la ministra señaló que más que sorpresas podrían existir perfeccionamientos al texto, especialmente para precisar materias que requieran mayor claridad.
"Hemos trabajado dos meses y medio para que todo esto sea posible", cerró.
