La molestia del empresariado con el proyecto de ley de pesaje de camiones —hoy en segundo trámite en el Senado—, impulsado por el Gobierno, que en junio ingresó nuevas indicaciones, no tardó en generar una respuesta desde el otro extremo de la cadena logística.
Según publicó Emol, la iniciativa levantó alarmas en diversos gremios, quienes acusan que esta provocará costos millonarios y critican que se estén traspasando funciones del Estado al sector privado. ¿La razón? La propuesta extiende la obligación de pesar los despachos —que hoy recae sobre quienes generan carga— a actores que movilizan carga ajena, como puertos, aeropuertos, terminales ferroviarios y centros de distribución.
Daniel Fernández, presidente de Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), sostuvo que la fiscalización vial es una función exclusiva de la Dirección de Vialidad del MOP y Carabineros, y que trasladarla a los terminales portuarios "introduce distorsiones" e implica un traspaso indebido de funciones estatales al sector privado.
Alog, por boca de su gerente general, Alexis Michea, estimó que la norma podría costar US$6.200 millones en 20 años solo en contenedores y bodegaje —muy por sobre los US$215 millones de ahorro proyectado por el MOP—.
La CNC, en tanto, alertó que sus socios —centros comerciales, grandes tiendas y bodegas urbanas, muchos de ellos ubicados en zonas con escaso espacio disponible— podrían perder hasta un 10% de eficiencia diaria por los tiempos adicionales de pesaje.
Frente a ese diagnóstico, los gremios de camioneros alzaron la voz y plantearon una lectura radicalmente distinta, llamando a apoyar el proyecto como está, dado que corregiría lo que —afirman— es una distorsión que provoca que transportistas y choferes paguen multas por sobrepesos que ellos no generan.
En una declaración pública, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) señaló que "nuestro gremio expresa su amplio respaldo al proyecto de ley en curso en el Congreso. Esperamos que el Senado lo apruebe de igual forma a como lo hizo la Cámara".
"Los transportistas no pueden hacerse cargo de problemas de gestión de cargas en puertos y estaciones de transferencia, pues no les pertenecen a ellos, sino a sus mandantes", agregó, y criticó que actualmente "quedan libres de responsabilidad los propietarios y quienes transfieren las cargas. El sentido del proyecto en trámite es justamente que quienes tienen tal responsabilidad, la cumplan".
La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), por su parte, manifestó su "total disconformidad" con los argumentos de Camport, Alog y la CNC, y respaldó con "firmeza" que la obligación de autopesaje se extienda a los generadores de carga, puertos y centros de distribución.
"El transportista no tiene manera de conocer el peso real de la carga que transporta dentro de un contenedor sellado o un pallet cerrado; sin embargo, recibe toda la responsabilidad de la seguridad vial y las multas. Es por esto que el proyecto de ley de autocontrol de peso viene a corregir el ‘recurso legal’ que utilizan algunos puertos y grandes centros de distribución para no ser considerados generadores de carga y, en consecuencia, evadir su responsabilidad", aseguró el gremio.
Y agregó: "Esta iniciativa legislativa no es un 'traspaso de funciones del Estado', sino un acto elemental para el cumplimiento normativo, corresponsabilidad y seguridad que no puede seguir postergándose".
El objetivo del proyecto de ley —que ingresó al Congreso en 2012— es proteger la infraestructura vial, dado el daño que genera un camión que circula con sobrepeso. La CNTC añade además un argumento vinculado a la competencia, señalando que, sin control en el origen de la carga, operadores informales siguen aceptando sobrepeso y compitiendo con tarifas más bajas, en desmedro de las empresas que cumplen la ley.
