La judicialización de proyectos de inversión volvió a instalarse como una de las principales preocupaciones del sector privado, en medio de acusaciones sobre la existencia de una "industria" dedicada a impugnar iniciativas, que incluso favorecería negociaciones o pagos antes de que los proyectos comiencen a ejecutarse.
Esto, luego de que El Mercurio abordara la denominada "pata coja" de la agenda para agilizar inversiones, donde los procesos de participación ciudadana, las reclamaciones posteriores a las autorizaciones ambientales y el eventual uso instrumental de comunidades u organizaciones para impugnar iniciativas.
En el mundo empresarial existe inquietud porque, aun con la ley de permisos sectoriales y la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental —SEIA—,
persisten focos de incertidumbre que pueden extender por años la tramitación de proyectos.
Entre todos los casos mencionados aparece el proyecto de minera Collahuasi, por US$3.200 millones, paralizado parcialmente luego de que el tribunal ambiental acogiera reclamaciones de dos organizaciones comunitarias, pese a contar con luz verde del Comité de Ministros desde 2023. También se menciona el desarrollo inmobiliario Maratué, que tras siete años de tramitación y con RCA aprobada volvió a ser impugnado por comunidades y ONGs.
Además, también dio cuenta de antecedentes levantados por Prisma de Sofofa, que catastró 1.141 proyectos con 109.328 observaciones a mayo. De acuerdo con ese análisis, desde la aprobación del Acuerdo de Escazú el promedio de observaciones por proyecto subió de 13,5 a 30,5.
Entre los ejemplos citados figura la iniciativa Los Cóndores, en el Maule, que busca interconectar eléctricamente a Chile y Argentina, y que acumuló 15.993 observaciones. De ellas, 1.500 tenían solo seis palabras, más de 500 tenían tres palabras o menos, e incluso se detectaron observaciones vacías o con emoticones.
"Son bots, esto no es humanamente posible"
Rodrigo Mujica, director políticas públicas de Sofofa
Otro caso es WTE Araucanía, que registró 4.000 observaciones, con textos idénticos repetidos más de 100 veces y, en algunos casos, más de 300. En la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Santa María de Maipú, en tanto, 607 de 2.225 observaciones fueron ingresadas por una sola persona, incluyendo 67 observaciones en una hora, con intervalos de apenas 30 segundos.
"Son bots, esto no es humanamente posible", afirmó Rodrigo Mujica, director políticas públicas de Sofofa.
Reacción de los gremios
Consultados sobre este escenario, distintos gremios empresariales coincidieron en la necesidad de resguardar la participación ciudadana, pero con mayores estándares de transparencia, trazabilidad y certeza jurídica.
Desde la CPC señalaron que "vale la pena abrir una discusión sobre medidas concretas que permitan mejorar la calidad, oportunidad y eficacia de la participación ciudadana, fortaleciendo al mismo tiempo la certeza jurídica del proceso de evaluación ambiental".
En esa línea, plantearon la importancia de promover instancias de participación temprana, de carácter voluntario, previas al ingreso al SEIA, para identificar de manera anticipada a los actores relevantes del territorio y abordar sus principales inquietudes.
"Junto con ello, es necesario avanzar en herramientas que ordenen y den mayor transparencia al proceso, tales como la identificación anticipada de los grupos de afectación, mecanismos para detectar observaciones duplicadas, su clasificación por materias y el fortalecimiento de la trazabilidad del proceso participativo", agregaron.
La multigremial también apuntó a acotar la judicialización "a quienes hayan participado efectivamente en este proceso, resguardando así el sistema reglado y otorgando mayor certeza a todos los actores".
"el desafío no es elegir entre participación o inversión. Chile necesita un sistema que garantice ambas."
Rodrigo Yáñez, secretario general de Sofofa
Desde Sofofa, el secretario general, Rodrigo Yáñez sostuvo que "el desafío no es elegir entre participación o inversión: Chile necesita un sistema que garantice ambas. Esto no significa debilitar la protección ambiental ni la voz de las comunidades, sino fortalecerlas con una participación ciudadana efectiva, transparente y fundada, junto a una evaluación ambiental oportuna, rigurosa y predecible", afirmó.
A su juicio, alcanzar ese equilibrio es clave para destrabar proyectos que "hoy representan más de 150 mil potenciales puestos de trabajo", además de fortalecer la confianza institucional y poner el crecimiento "al servicio de las personas".
Desde la minería, el presidente de Sonami, Jorge Riesco, advirtió que el sistema de evaluación ambiental "es un activo del país", pero debe consolidarse como un sistema "riguroso, predecible y con reglas claras y estables".
"Cuando los proyectos enfrentan una creciente judicialización, se genera un escenario de incertidumbre que afecta la confianza de quienes evalúan invertir en el país. La certeza jurídica es un activo indispensable para cualquier economía que quiera crecer y ser sostenible en el tiempo", sostuvo.
Riesco agregó que si los procesos se vuelven indefinidos o las autorizaciones quedan "permanentemente expuestas a nuevas controversias", el resultado es el retraso de inversiones, empleo y desarrollo regional. Por ello, llamó a fortalecer la institucionalidad y resguardar una participación ciudadana "efectiva y legítima", evitando distorsiones que transformen los procesos en una fuente permanente de incertidumbre.
En la misma línea, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, afirmó que "el sistema de permisos enfrenta varias barreras que han hecho difícil el avance de autorizaciones de proyectos, generando poca certeza en inversionistas y afectando a la economía del país. Revertir este escenario requiere siempre del respeto a la institucionalidad vigente y a los plazos estipulados en la ley".
El dirigente gremial también advirtió sobre la tensión que se produce entre la obtención de una autorización y los cuestionamientos posteriores. "No ha sido inusual, lamentablemente, que un proyecto tras superar un riguroso análisis deba enfrentar revisiones sumamente prolongadas en sedes administrativas o judiciales", dijo.
"Si queremos hacer crecer la economía, resulta fundamental que estas discrepancias logren resolverse en plazos predecibles y sobre la base de hechos objetivos. Solo así será posible zanjar la discusión, permitiendo conocer con claridad y en un tiempo acotado las condiciones reales para la ejecución del proyecto", agregó.
