El Gobierno ha enfrentado esta semana uno de los peores escenarios político-económico desde que asumió en marzo.
Se informó la quinta caída consecutiva del Imacec, el desempleo llegó a su nivel más alto en cinco años (9,4%). Además, se rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y el Ministerio Público presentó una solicitud de desafuero en contra del senador Miguel Calisto (comité Evópoli e independiente), lo que de acogerse afectaría el quorum de votación en la Cámara Alta.
Ese cóctel aceleró las conversaciones para sumar más apoyos al proyecto de Reconstrucción que impulsa el Ejecutivo.
El miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se sumó a la mesa de comités parlamentarios convocada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), que por primera vez incluye a la oposición para buscar ajustes a la megarreforma.
Quiroz ya había sostenido reuniones bilaterales, pero este es el primer espacio amplio que podría superar el umbral de 26 votos con que el Senado aprobó la idea de legislar.
Las líneas rojas de Quiroz
El ministro no cede en el "corazón" de la reforma, que es la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria, la exención de contribuciones a adultos mayores y cambios en la "permisología" ambiental. En invariabilidad tributaria, propuso bajar el plazo de 25 a 20 años.
Pero el Presidente José Antonio Kast, desde Uruguay, se abrió también a subir el monto de inversión mínima para acceder al régimen, hoy en US$ 50 millones. "Eso es un tema más técnico que lo va a evaluar muy bien el equipo de Hacienda", dijo. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló más tarde que su recomendación "sería ir por los 25 años" en la invariabilidad.
Quiroz sí mostró flexibilidad en otros puntos, como el crédito tributario al empleo (que buscaría focalizar por rubro), la franquicia del Sence y fórmulas para atenuar el costo fiscal del proyecto en sus primeros años, deficitarios. Ahí entran las apuestas en línea y la tributación a los vapeadores.
Los plazos, eso sí, no se mueven. El lunes ingresan las indicaciones en el Senado y Hacienda espera despachar la ley en julio.
La oferta de la oposición
La oposición puso su propia ficha: eliminar el crédito a la contratación y fortalecer el subsidio unificado al empleo —aprobado a fines del gobierno anterior—, en línea con lo que ya había planteado la Mesa de Reactivación Laboral. El cálculo opositor apunta a un ahorro fiscal de US$ 900 millones, frente a un costo actual del crédito cercano a los US$ 1.500 millones.
Con todo, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, bajó las expectativas. "No va a haber un acuerdo completo, no va a haber una votación total en todos los artículos, pero sí se abre un espacio de mejora de algunos artículos".
La otra mesa pendiente es con los municipios. La Asociación Chilena de Municipalidades pidió mayor focalización en la exención de contribuciones a adultos mayores, para reducir el golpe a la recaudación local. Tras reunirse con Quiroz, su presidente, Gustavo Alessandri, sostuvo que "no nos fue bien. Vamos a seguir intentándolo con la Comisión de Hacienda".
