La
Confederación de la Producción y Comercio (CPC), entregó el jueves un informe donde, en un trabajo conjunto entre 30 gremios y 70 expertos, se analiza el avance de las
economías ilícitas, apuntando al desafío estructural que esto ha significado para el país.
"Lo que antes se observaba como hechos aislados, actualmente configura un ecosistema económico paralelo operado por organizaciones criminales", sostiene el documento.
El estudio estima que las economías ilícitas movilizan en Chile más de
US$5.700 millones al año y provocan pérdidas de recaudación tributaria superiores a US$1.500 millones anuales. A ello se suman los cerca de US$2.700 millones que el sector privado destina para prevenir y disuadir la ocurrencia de delitos.
Las economías ilícitas son actividades que funcionan bajo una lógica empresarial integral que produce, distribuye, comercializa, financia y blanquea recursos, mientras explota las brechas del sistema para crecer y consolidarse.
Pero no solo financian al crimen organizado, advierte el informe, sino que "son su razón de ser". Y su impacto es profundo y transversal. "Entre otras cosas, generan competencia desleal, erosionan la recaudación fiscal, desincentivan la inversión, fomentan la informalidad y distorsionan decisiones económicas clave", señala el informe.
"En la práctica, representan un golpe al crecimiento, al empleo y al progreso del país. Es impacto es económico, pero también es institucional y social", advierten.
45 medidas
En el documento se proponen 45 medidas trasnversales de carácter estratégico, orientadas a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar de manera integral las economías ilícitas.
Para ello, subraya el informe, "es indispensable seguir muy de cerca la ruta del dinero, de manera de menoscabar el interés económico del grupo criminal que está detrás de cada actividad ilícita y desarticularlo desde su razón de existir".
En cuanto a las líneas de acción trasnversales, se propone:
1. Política Nacional Contra las Economías Ilícitas: Establecer un marco de acción coordinado para las instituciones con competencias de prevención, fiscalización y persecución.
2. Crear una Unidad de Economías Ilícitas: Esta unidad debe tener capacidades de análisis estratégico e inteligencia, encargada de integrar, procesar y sistematizar información proveniente de distintas fuentes institucionales y del sector privado.
3. Trazabilidad de flujos financieros: Fortalecer el seguimiento de la "ruta del dinero" usando analítica avanzada e inteligencia artificial. Además, se deben promover medidas que reduzcan la circulación del dinero en efectivo, entendiendo que los grupos criminales lo utilizan para evitar la trazabilidad de sus operaciones.
4. Campañas educativas: Implementar mesas de trabajo con el Sernac para fortalecer la alfabetización ciudadana sobre economías ilícitas y sus impactos.
5. Sistema integrado de denuncia segura: Habilitar canales anónimos y protegidos para denunciantes, víctimas y testigos, interoperables entre agencias competentes para fortalecer la persecución penal y reducir la subdenuncia.
Propuestas para un Chile sin comercio ilícito
El informe didive en varios ejes las propuestas para un Chile sin comercio ilícito. En materia de control fronterizo aduanero, se proponen medidas para aumentar las capacidades de control en la frontera, particularmente en la macrozona norte y puntos de ingreso y salida del país.
6. Centros de control interinstitucional: Establecer puntos estratégicos en vías terrestres y zonas francas para asegurar la trazabilidad y correcta circulación de productos, evitando su desvío al mercado informal o su comercialización sin haber cumplido los procesos de internación, nacionalización y pago de los tributos correspondientes.
7. Escáneres fijos: Adquirir equipos para agilizar y aumentar la capacidad de escaneo de carga y su posterior fiscalización.
8. Seguridad en recintos portuarios: Aumentar la dotación y capacitación para la detección y disuasión en puertos y almacenes.
9. Elevar las exigencias y regulaciones en los protocolos de instalación y uso de sellos en contenedores de exportación, fijando estándares de obligatoriedad en la instalación del sello en el origen.
El informe también propone medidas en aspectos como trazabilidad y control logístico, de manera de avanzar hacia un sistema de fiscalización inteligente y tecnológico que genere sinergias entre instituciones y agencias, con el fin de promover un trabajo coordinado y asegurar la trazabilidad de las mercancías.
10. Incorporar tecnología avanzada que permita contar con una base de datos unificada e información que fortalezcan los mecanismos de perfilamiento de carga de riesgo y la verificación de origen a través de sellos digitales. Junto con esto, desarrollar un sistema de trazabilidad nacional de mercancías integrado a plataformas internacionales.
11. Incorporar el uso obligatorio de la receta médica electrónica e inteligencia artificial, para fortalecer la trazabilidad de los medicamentos y evitar posibles desvíos.
12. Implementar un sistema interoperable que permita la trazabilidad de vehículos robados en circulación por calles, autopistas y estacionamientos de acceso público.
13. Crear una plataforma única de registro de vehículos abandonados, recuperados o incautados, aprovechando el ya existente Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV).
14. Avanzar hacia una interconexión entre el Servicio Nacional de Aduanas y el Registro Civil.
Persecución penal y patrimonial
El informe también propone medidas para transitar desde una lógica centrada en incautaciones hacia investigaciones de mayor complejidad que integren análisis criminal, inteligencia financiera y seguimiento de la ruta del dinero.
15. Tipificar como delitos graves los actos de criminalidad organizada que se desarrollen en los recintos portuarios, endureciendo la persecución penal del contrabando.
16. Fortalecer la ley que regula el delito de extorsión, elevando las sanciones para quienes incurren en ese delito en contra de funcionarios públicos.
17. Perseguir activamente el delito de receptación en centros de acopio, redes logísticas, ferias y vía pública.
18. Fortalecer la interoperabilidad institucional a través de fuerzas de tarea y mesas de trabajo público-privadas, con el objeto de contar con una fiscalización más efectiva en ferias, vía pública, retail informal y e-commerce, con el fin de recuperar los entornos comerciales.
19. Diseñar e implementar un registro nacional de infractores que permita aplicar sanciones efectivas y cumpla una función disuasiva.
20. Avanzar hacia protocolos de destrucción de bienes incautados que disminuyan los plazos institucionales y generen incentivos para la incautación. Dichos protocolos deben estar acompañados de correspondiente informe financiero que permita su materialización.
21. Crear una mesa de coordinación interinstitucional junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de generar políticas que aborden la coordinación con países vecinos en materia de contrabando y comercio ilícito transfronterizo.
22. Ampliar la cobertura y disponibilidad de medicamentos en farmacias populares, hospitales y consultorios con el objeto de disminuir la necesidad de comprar medicamentos en ferias libres y otros recintos que no cumplen norma sanitaria, así como fortalecer una red de distribución en zonas rurales y periféricas. Facilitar también la venta de medicamentos de venta libre (sin receta) en supermercados y almacenes establecidos.
23. Crear una fuerza de tarea permanente integrada por Fiscalía, Policías, Registro Civil, importadores, comercializadores de vehículos y compañías aseguradoras para robo de autos.
24. Aumentar la cantidad de fiscalizadores sectoriales, especialmente en regiones, con el fin de avanzar hacia un fortalecimiento de la fiscalización a nivel nacional. Establecer también sanciones para aquellos que adquieran productos ilegales sin exigir una boleta, reduciendo así la demanda.
25. Impulsar la tramitación de proyectos de ley orientados a fortalecer la persecución de las economías ilícitas y el comercio ilegal.
En particular, avanzar en la aprobación del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos, tipificando delitos como la prescripción fraudulenta, la fabricación y comercialización de medicamentos falsificados, y la venta ilegal de fármacos y regulación la distribución de medicamentos.
Promover las iniciativas impulsadas por la Cámara Nacional de Comercio que considera los delitos de la ley de propiedad industrial como base del lavado de activos y el que establece que los delitos
marcarios (uso, falsificación o imitación no autorizada de marcas registradas con fines comerciales) son delitos de acción penal pública.
Avanzar en la tramitación del proyecto de ley que establece la emisión de un permiso de circulación estandarizado para todas las comunas del país.
26. Aprobar el proyecto de ley que Regula el Mercado de Desarmadurías y Casas de Remate en Chile.
Propuestas contra las finanzas ilícitas
El informe propone medidas de fortalecimiento de la coordinación público-privada para avanzar en un trabajo colaborativo entre estos dos ámbitos, con el objeto de mejorar los flujos de información, la generación de alertas y priorización de riesgos.
27. Implementar una mesa de trabajo público-privada orientada a actualizar criterios para mitigar riesgos de fraude y el crédito informal, que incluya la participación del Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y representantes de industria financiera (bancos, cooperativas, etc.). Establecer, además, una agenda normativa que permita abordar la grave situación del país en esta materia.
28. Conformar una instancia de trabajo público-privada que tenga por finalidad desarrollar capacidades de prevención, detección y control de manera colaborativa en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y que incluya a la industria financiera, a la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público.
29. Diseñar protocolos de acción coordinada entre el Municipio, la Policía y la Fiscalía para controlar y perseguir los casinos ilegales.
30. Eliminar la Tasa Máxima Convencional (TMC), en línea con la recomendación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 2022, para facilitar el crédito a los segmentos de menores ingresos. De esta manera, el mercado formal puede abordar segmentos no atendidos actualmente -especialmente los de menores ingresos-, evitando que usen canales informales para financiamiento, además de profundizar el mercado.
31. Modificar la Ley de Fraudes considerando los siguientes ítems: restituir el estándar de responsabilidad a culpa leve, sustituir los Juzgados de Policía Local por una sede administrativa y reponer la posibilidad de ofrecer seguros.
32. Dotar a la UAF de atribuciones legales para poder intercambiar información nominada de operaciones sospechosas con los sujetos obligados y administrar o regular repositorios de información nominada de operaciones sospechosas y personas bloqueadas.
33. Diseñar un marco regulatorio que permita perseguir a los actores ilícitos detrás de la creación de sitios web y avisos fraudulentos, y que aborde una mejor coordinación institucional con el objeto de dar de baja las plataformas digitales ilegales.
34. Tipificar y sancionar de manera específica la suplantación de identidad con fines financieros, reconociéndola como un fenómeno distinto a la estafa tradicional, especialmente cuando es ejecutada de forma masiva mediante tecnología.
35. Avanzar en la discusión, perfeccionamiento y aprobación de la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, con el fin de terminar con las que hoy operan ilegalmente, formalizar el mercado con altos estándares de exigencias y aumentar la recaudación. La normativa debe contar con los mecanismos adecuados para la protección de menores y personas vulnerables, y con las herramientas necesarias para fiscalizar y castigar a quienes operen de forma ilegal. También debe fijarse la tasa impositiva que se aplicará.
Asimismo, es importante la aprobación de la Ley del Subsistema de Inteligencia Económica, en especial lo relativo a las máquinas de juego y lo que regula las plataformas de apuestas online.
Materias primas
El informe plantea propuetas orientadas a la articulación institucional y gobernanza, fiscalización y control territorial, trazabilidad, marco normativo y persecución penal respecto al combate al comercio ilegal de materias primas.
36. Fomentar la coordinación interinstitucional a través de mecanismos ya existentes como Red Sustenta que permiten articular protocolos, metas e intercambiar información en el sector pesquero y la Fuerza de Tarea por Robo de Minerales, en minería.
37. Crear unidades especializadas de investigación y análisis para delitos forestales, con foco en organizaciones criminales.
38. Diseñar protocolos de fiscalización multisectorial en puntos de venta de pescado obtenido de manera ilegal, como, por ejemplo, las ferias libres, mercados y caletas, aserraderos informales, y expendios de leña y madera.
39. Reforzar el rol fiscalizador del Servicio de Salud, junto con la visación electrónica otorgada por Sernapesca, en especial a la industria acuícola.
40. Implementar protocolos operativos que aseguren el cumplimiento del artículo 63 de la Ley General de Pesca sobre acreditación de origen para la salmonicultura, exigiendo un certificado digital o OR interoperable.
41. Implementar la certificación de desembarques obligatoria para las embarcaciones de menor tamaño.
42. Mejorar el sistema de registros de Enami para lograr una óptima trazabilidad del mineral.
43. Mejorar la fiscalización en puntos de compra de metales, especialmente las joyerías, locales de compra/venta de oro y chatarreras.
44. Fomentar la persecución penal especializada y patrimonial con foco en asociación ilícita y lavado de activos ligada a los ilícitos de la madera, la pesca y el salmón.
45. Definir estándares tecnológicos mínimos que aumenten la seguridad de los sellos de trazabilidad y faciliten la fiscalización de caletas de alto riesgo, así como de las embarcaciones marítimas en tránsito y en descarga.
