Los propietarios de un predio ganadero en Tierra del Fuego demandaron al Fisco de Chile por más de $651 millones, luego de los daños que, según acusan, provocó un incendio iniciado tras ejercicios militares del Ejército en noviembre de 2023.
De acuerdo con lo publicado por La Prensa Austral, la acción indemnizatoria fue presentada ante el Juzgado Civil de Punta Arenas por Inversiones Barranca Limitada y Agrícola y Ganadera Boquerón Ltda., ambas representadas por Renzo Rissetto Delgadillo.
El siniestro ocurrió el 9 de noviembre de 2023 en la Estancia Emma o Estancia Boquerón, ubicada en la Ruta Y-71, entre Porvenir y Onaissin.
Según la demanda, el fuego afectó directamente 538 hectáreas del predio, a las que se suman cerca de 800 hectáreas en exclusión, es decir, terrenos que no podrán ser utilizados por degradación ecológica, pérdida de forraje y otros daños asociados. En total, los demandantes estiman unas 1.338 hectáreas comprometidas.
Según el relato, los demandantes sostienen que el incendio se originó como consecuencia de ejercicios militares realizados al interior del campo de instrucción y entrenamiento Las Mercedes, del Ejército de Chile.
La demanda describe el lugar como una "zona de sacrificio", donde se concentran fuegos de largo alcance asociados a prácticas con artillería, entre ellas morteros de 81 y 120 mm y bombas de artillería de 105 mm.
De acuerdo con un informe de la comandancia del Regimiento Caupolicán de Porvenir, citado en la acción judicial, el ejercicio militar terminó a las 12.30 horas del 9 de noviembre. Una hora más tarde se alertó sobre una columna de humo en la zona de sacrificio. Una unidad militar de ataque rápido fue enviada al lugar, equipada con palas y herramientas, aunque el acceso se habría visto dificultado por la ausencia de caminos.
Dos horas después, el comandante del regimiento decidió movilizar a todo el personal disponible, incluyendo camiones aljibes, además de alertar a Conaf y Bomberos. Para ese momento, el fuego ya alcanzaba aproximadamente 20 metros de ancho por 30 de largo.
Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades declararon primero Alerta Amarilla para la comuna de Porvenir y luego Alerta Roja, medida que posteriormente se amplió a nivel provincial para toda Tierra del Fuego.
El combate del incendio movilizó recursos de Conaf, Ejército, Armada, Bomberos, Carabineros, Fuerza Aérea, Servicio Agrícola y Ganadero, las municipalidades de Porvenir y Primavera, y la seremi de Salud. El fuego fue declarado extinguido el 16 de noviembre, luego de ocho días de trabajo.
Informe de Conaf
Uno de los elementos centrales de la demanda es el informe de la Unidad de Análisis y Diagnóstico del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de Conaf.
Según La Prensa Austral, dicho documento determinó que la causa del incendio fueron "maniobras militares o policiales" realizadas al interior del recinto de entrenamiento del Ejército, específicamente en el sector 4 de la grilla del incendio, correspondiente a la zona de sacrificio.
Aunque el medio de ignición no habría sido identificado directamente en terreno, el informe alude al "uso de mortero" y plantea que la munición pudo corresponder a morteros de 81 mm o 120 mm, o bien a bombas de artillería de 105 mm.
La acción judicial también sostiene que este tipo de hechos era previsible. En esa línea, cita antecedentes de Conaf según los cuales las maniobras militares o policiales han originado "a lo menos 1 incendio por período durante los últimos 5 años en diferentes recintos militares de la región".
Con esos antecedentes, los demandantes acusan una "falta de servicio" por parte del Estado. Según plantean, el servicio habría funcionado de manera deficiente o irregular, ya que en un ejercicio militar resulta esperable que no se afecte a población civil ni bienes particulares con ocasión del uso de armamento en maniobras de entrenamiento.
La demanda invoca, además, los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución, referidos al principio de legalidad de los órganos del Estado y a la posibilidad de reclamar ante tribunales cuando una persona sea lesionada en sus derechos por la Administración.
Respecto de los perjuicios, la demanda afirma que en julio de 2023 el predio contaba con 2.830 cabezas de ganado, cifra que a julio de 2024 se redujo a 1.510. Según los demandantes, la baja se explica principalmente por la pérdida de forraje derivada del incendio.
También se acusa la pérdida de más de 700 corderos marcados, además de una caída en la producción de lana, que pasó de 9.060 kilos a 5.549 kilos. La producción de borregos, en tanto, pasó de 342 en 2023 a cero existencias en el mismo mes de comparación de 2024.
