El Gobierno salió a defender la norma del proyecto de Reconstrucción que establece una compensación para titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable sea posteriormente anulada por sentencia judicial.
Una de las disposiciones que más debate ha generado en el capítulo ambiental de la iniciativa.
La regla ha sido cuestionada por distintos sectores, entre ellos el C
onsejo Fiscal Autónomo (CFA), que advirtió sobre una obligación fiscal abierta, y el ex contralor
Jorge Bermúdez, quien alertó que el mecanismo podría generar una presión indebida sobre la independencia judicial. Además, parlamentarios de oposición anticiparon que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar su constitucionalidad.
La tensión también se reflejó en la votación de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Durante la discusión de la indicación del Ejecutivo, los senadores de oposición Alfonso de Urresti (PS) y Ricardo Celis (PPD) cuestionaron el procedimiento y se retiraron de la sesión, tras acusar improvisación del Gobierno en los cambios al texto.
Pese a ello, el Ejecutivo insistió en que la norma es clave para reducir la incertidumbre que enfrentan los proyectos de inversión tras obtener una RCA favorable.
Esta mañana, en T13 Radio, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, valoró el avance del proyecto en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y sostuvo que se aprobaron todas las normas ambientales de la iniciativa.
"Tenemos muy buenas noticias, aprobamos todas las normas ambientales del proyecto de ley de reconstrucción nacional", afirmó Rodríguez. Según explicó, el proyecto tiene dos ejes, simplificación regulatoria y atracción de inversión para generar empleo.
El subsecretario reconoció, eso sí, que el punto más complejo fue precisamente la norma de compensación por anulación de RCA. "Lo más peleagudo estuvo en la norma de restitución de los gastos directos y efectivos que efectúa un titular de un proyecto que tiene resolución de calificación ambiental favorable", dijo.
Rodríguez defendió el mecanismo señalando que los tiempos de evaluación ambiental se han extendido de forma significativa. Según indicó, en los últimos 10 años los plazos han aumentado cerca de 120%, con un promedio de 37 meses para una evaluación de impacto ambiental. A ello, dijo, se puede sumar una eventual judicialización que agrega cerca de 30 meses más.
"Como hay un riesgo de anulación, el inversionista dice. ‘Mira, frente a ese riesgo improbable de anulación, yo no invierto’. Bueno, eso es una mala noticia para Chile."
el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez
El argumento del Gobierno es que, aunque la anulación de una RCA favorable es excepcional —Rodríguez la cifró en torno al 2% de la inversión en los últimos 10 años—, ese riesgo termina inhibiendo el despliegue de inversiones. "Como hay un riesgo de anulación, el inversionista dice: ‘Mira, frente a ese riesgo improbable de anulación, yo no invierto’. Bueno, eso es una mala noticia para Chile", sostuvo.
En esa línea, Hacienda plantea que la norma busca modificar los incentivos, es decir, si un proyecto ya obtuvo una RCA favorable, el titular debería poder avanzar con mayor certeza. Si luego ocurre el escenario excepcional de una anulación judicial, el Estado compartiría parte del riesgo mediante una indemnización por los gastos directos y efectivos recuperables.
El Ejecutivo también introdujo ajustes respecto del texto aprobado en la Cámara. Rodríguez explicó que el Gobierno reemplazó el concepto de "restitución" por "indemnización" y acotó su alcance. Ya no se trataría de devolver todos los gastos directos y efectivos, sino solo aquellos recuperables. Como ejemplo, señaló que si una inversión de $200 millones puede luego venderse en $100 millones, ese monto no sería indemnizado.
Asimismo, y en defensa de la medida, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha planteado que el mecanismo opera solo después de agotadas las reclamaciones administrativas, incluida la revisión del Comité de Ministros. Además, ha sostenido que mirar la norma solo como un gasto fiscal es una lectura "extremadamente estática", porque el objetivo sería destrabar inversiones que hoy se frenan por temor a una eventual anulación.
Según Quiroz, el balance sería positivo para el Estado, porque la paralización o postergación de proyectos también implica una pérdida de recursos. "No es una gran cantidad de recursos que gasta el Gobierno, va a recibir muchos más recursos", ha señalado al defender la iniciativa.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, la ministra Francisca Toledo también respaldó el sentido de la propuesta. En entrevista con EmolTV hace algunas semans, sostuvo que el foco del Ejecutivo es dar mayor certeza al sistema ambiental, reducir tiempos de espera y ordenar reclamaciones pendientes, sin alterar el criterio técnico de las decisiones. "El esfuerzo que está detrás es una señal del Estado de, en cierta medida, compartir un poco el riesgo de la inversión", indicó.
Así, la discusión continuará ahora en el Senado. Tras el despacho del proyecto desde la Comisión de Medio Ambiente, la iniciativa avanzará a la Comisión de Trabajo y luego a Hacienda, instancia que revisará el articulado la próxima semana.
