La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, salió a aclarar la postura del gremio frente a la controvertida norma del proyecto de Reconstrucción que contempla una indemnización para titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable sea anulada por sentencia judicial.
La disposición se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la tramitación, luego de cuestionamientos por sus eventuales efectos fiscales y constitucionales. Además, durante la discusión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, los senadores Alfonso de Urresti (PS) y Ricardo Celis (PPD) se retiraron de la sesión acusando improvisación del Ejecutivo en los cambios al texto.
Celis sostuvo que "nadie" estaba de acuerdo con la propuesta de pagar a empresas cuyas RCA fueran revocadas y afirmó que esa postura era compartida por la Sofofa y la CPC.
"En eso no estuvo de acuerdo —y hoy día lo ratifica— ni la Sofofa, ni la CPC", dijo el parlamentario.
Sin embargo, Jiménez desmintió esa interpretación. En conversación con Emol, la líder empresarial sostuvo que aquello "es un error", ya que la CPC expuso ante la Comisión de Medio Ambiente y fue "muy favorable" a la indicación.
"Nosotros consideramos que es una buena señal, que le da garantía a los inversionistas, y que además sabemos que es de una aplicación bastante excepcional, por lo tanto no veíamos los riesgos que otros han levantado", señaló.
La presidenta de la CPC explicó que la posición del gremio fue valorar que el Estado reconozca el perjuicio patrimonial que puede producirse cuando una RCA favorable es anulada, siempre que aquello no sea imputable al titular del proyecto. En esa línea, afirmó que cuando una decisión administrativa genera un daño económico particular, ese efecto "tiene que ser reconocido por el Estado".
La propia presentación de la CPC ante el Congreso, señalaba bajo el título "Valoramos la propuesta" que la norma "constituye un avance" al reconocer expresamente las consecuencias económicas derivadas de la anulación de autorizaciones ambientales.
Según Jiménez, ese matiz fue usado de manera equivocada por algunos parlamentarios.
Asimismo, la CPC sí planteó una prevención.
En concreto, señaló que un sistema centrado principalmente en mecanismos indemnizatorios podía generar incentivos no deseados, como una mayor aversión al riesgo en la administración o nuevas exigencias para evitar futuras anulaciones. Pero, recalcó, eso no implicaba estar en contra de la norma.
"Esa aprehensión era muy menor dentro de nuestra presentación, pero es de la que al parecer se tomaron los parlamentarios", sostuvo.
"Fuimos favorables cuando presentamos antes de las indicaciones y ratificamos esa postura aún más con las indicaciones que observamos hoy día", afirmó.
