Aunque el proyecto de Reconstrucción tiene entre sus principales ejes la rebaja gradual del impuesto corporativo, la reintegración del sistema, la invariabilidad tributaria y cambios destinados a reducir la permisología, el debate en las últimas semanas se ha centrado en disposiciones incorporada durante su tramitación legislativa que no hicieron demasiado ruido en un principio, pero que ahora, cuando la megarreforma se alista para ser ley, han levantado alarmas.
Son cinco principalmente las indicaciones que, pese a abordar materias distintas, han recibido cuestionamientos y solicitudes de vetos al Gobierno desde el sector financiero, los gremios de pequeñas empresas, las compañías de servicios básicos y especialistas en salud y tributación.
Una de estas normas obliga a las empresas distribuidoras de electricidad, agua potable y gas de red a reconectar gratuitamente los servicios suspendidos por deudas a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas afectadas por temporales o catástrofes.
La obligación alcanza a
cuentas impagas contraídas antes de la emergencia y no exige acreditar que el usuario sufrió daños materiales como consecuencia del desastre. Asimismo, la indicación señala que la reposición deberá concretarse en un plazo de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado.
Además, las compañías no podrán cobrar por la reposición, las visitas técnicas o la revisión de las instalaciones y si incumplen los plazos, deberán compensar al usuario con tres días de suministro gratuito por cada jornada de retraso.
Al respecto, los gremios del sector eléctrico, sanitario y del gas cuestionaron que la disposición no contemple excepciones por caminos cortados, infraestructura destruida, restricciones de acceso o condiciones de seguridad. Según plantearon, durante una catástrofe las empresas podrían verse obligadas a destinar cuadrillas a reconectar clientes que mantenían deudas anteriores, postergando la reparación de redes dañadas y la recuperación del suministro para hogares, hospitales, establecimientos educacionales y comercios.
A estas críticas se sumó la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien calificó la medida como una "mala señal regulatoria" y sostuvo que traslada a las empresas el costo completo de una política pública.
La indicación fue presentada por la oposición.
El crédito para enfermedades catastróficas
Otra disposición controvertida crea un crédito tributario para que las empresas financien voluntariamente tratamientos de enfermedades catastróficas de sus trabajadores dependientes, sus hijos menores de 26 años, cónyuges o convivientes civiles.
La norma permitiría utilizar como crédito contra el Impuesto de Primera Categoría hasta 150 UTM por trabajador, siempre que los pagos sean realizados directamente a prestadores acreditados. También contempla la posibilidad de arrastrar remanentes a ejercicios posteriores, aunque sin derecho a devolución.
La indicación fue presentada por el Ejecutivo, recogiendo una propuesta del senador Rodolfo Carter (independiente cercano a republicanos), y fue defendida como una vía rápida para apoyar a familias enfrentadas a tratamientos extremadamente costosos.
Sin embargo, las críticas han apuntado a las diferencias que podría producir entre trabajadores. Quienes se desempeñan en grandes compañías o empresas públicas tendrían mayores posibilidades de acceder al beneficio que aquellos empleados por una pyme con menor capacidad financiera, trabajadores informales o personas desempleadas.
También se ha advertido que la medida podría convertir al empleador en intermediario y decisor de una prestación sanitaria financiada indirectamente con recursos públicos, además de generar dificultades para coordinar el nuevo sistema con Fonasa, las isapres, los seguros catastróficos y la Ley Ricarte Soto.
Al respecto, Jaime Burrows, exsubsecretario de Salud; Manuel Inostroza y Sebastián Pavlovic, exsuperintendentes de Salud; Andrés Romero, exjefe del Departamento Jurídico del Minsal; y Pedro García Aspillaga, exministro de Salud, señalaron en una carta a El Mercurio sus reparos al respecto.
"Si usted tiene la fortuna de trabajar en una gran corporación con la holgura de caja suficiente para adelantar estos fondos, usted se salva. Si usted trabaja en una pyme que lucha mes a mes por subsistir, o si forma parte del enorme porcentaje de trabajadores informales o desempleados en Chile, queda desamparado".
Expertos tributarios han valorado el objetivo general de la iniciativa, aunque han reparado en su operación práctica. Entre los problemas identificados está la necesidad de mantener una trazabilidad del beneficio durante toda la relación laboral y el menor incentivo que existiría para financiar gastos que superen el límite cubierto por el crédito.
El endurecimiento del pago a 30 días
La tercera medida busca reforzar el cumplimiento de la Ley de Pago a 30 Días, mediante un endurecimiento de las sanciones aplicables a las empresas que no paguen oportunamente las facturas de sus proveedores pyme.
La indicación fue impulsada por los senadores del Frente Amplio Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez y fue aprobada en el Senado sin respaldo del Ejecutivo.
Aunque los gremios de pequeñas empresas comparten el objetivo de mejorar los plazos de pago, advirtieron que un régimen excesivamente punitivo podría terminar produciendo el efecto contrario.
Según plantearon, algunas empresas compradoras podrían optar por dejar de contratar a proveedores pequeños antes que exponerse a nuevas sanciones, desplazando a las pymes de las cadenas de abastecimiento. También señalaron que la norma debe considerar las particularidades de los ciclos productivos y exigieron que el Estado cumpla primero con sus propias obligaciones de pago oportuno.
"Si la norma no considera la realidad de los ciclos productivos, puede terminar perjudicando a los mismos proveedores que busca proteger", señaló el presidente de la Multigremial, Juan Pablo Swett.
Anatocismo y olvido financiero
Las otras dos indicaciones se relacionan directamente con el funcionamiento del mercado crediticio y han concentrado buena parte del debate político y económico del último tiempo.
Una de ellas prohíbe el anatocismo, es decir, la posibilidad de capitalizar intereses para que generen nuevos intereses. Sus impulsores sostienen que la medida busca impedir que las deudas de las personas aumenten indefinidamente debido al cobro de intereses sobre intereses.
En tanto, el Gobierno, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y distintos economistas han advertido, sin embargo, que la prohibición también afectaría créditos, depósitos a plazo, libretas de ahorro y otros instrumentos financieros. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Ejecutivo presentará un veto supresivo para eliminar la disposición, argumentando que elevaría el costo de los créditos y distorsionaría el mercado financiero.
La última norma establece el denominado derecho al olvido financiero y obliga a las instituciones a eliminar de sus registros internos la información sobre deudas impagas o extinguidas una vez transcurridos cinco años.
Si bien actualmente esas obligaciones no pueden ser comunicadas públicamente después de ese plazo, las entidades financieras pueden conservarlas como antecedente para evaluar el riesgo de los solicitantes de crédito.
Los gremios pyme y la industria bancaria han advertido que reducir la información disponible podría aumentar la incertidumbre de las instituciones financieras, encarecer los préstamos y excluir del sistema formal precisamente a quienes cuentan con menos antecedentes crediticios. El Gobierno también estaría decidido a vetar esta norma.
