Ni una sola de las cinco macrozonas que WOM opera dentro del proyecto Fibra Óptica Nacional (FON) cumplió con el estándar mínimo de servicio comprometido. Así lo constató la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que este lunes ordenó el cobro íntegro de las garantías presentadas por la compañía.
Son 316.410,1 UF, equivalentes a cerca de $12.923 millones y a unos US$14 millones al tipo de cambio de hoy.
La resolución, informada este lunes, responde a lo que la autoridad calificó como incumplimientos
"graves, persistentes y transversales" en las macrozonas Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur, y se sustenta en una fiscalización técnica que detectó fallas en la disponibilidad del servicio, en la metodología de cálculo utilizada por la empresa, en la gestión de incidencias y en la entrega de información para la supervisión del proyecto.
La Fibra Óptica Nacional es la red troncal que el Estado impulsa con un subsidio superior a $80 mil millones (cerca de US$86 millones) para reducir la brecha digital entre Arica y Parinacota y Los Lagos. WOM se adjudicó cinco de esas macrozonas, con un subsidio de más de $52 mil millones (unos US$55 millones), comprometiéndose a mantener la infraestructura disponible al menos el 98% del año en cada una.
Ese piso no se cumplió en ningún caso. Según los propios datos entregados por la empresa, la disponibilidad reportada fue de apenas 72,94% en Arica y Parinacota y 78,39% en la macrozona Norte —las cifras más bajas—, mientras que Centro Norte, Centro y Centro Sur oscilaron entre 90,32% y 95,76%, todas por debajo del mínimo exigido en las bases de licitación.
El diagnóstico se agravó con la constatación, vía monitoreo de Subtel, de la caída de 38 nodos de acceso y distribución en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Maule, con pérdida total de gestión y alarmas críticas de comunicación sostenida.
¿Maquillaje de números?
Uno de los hallazgos centrales de la fiscalización es que WOM aplicó una metodología de cálculo distinta a la comprometida y aprobada para el proyecto.
La revisión concluyó que la fórmula utilizada por WOM incorporaba elementos adicionales que reducían el peso de los tiempos de falla en el resultado final. Esta fórmula mostraba porcentajes de disponibilidad superiores a los que se habrían obtenido aplicando la metodología aprobada por Subtel.
Junto con ello, la revisión técnica detectó deficiencias relevantes en la supervisión oportuna de los servicios, así como la gestión, notificación, seguimiento, trazabilidad y cierre de incidencias.
"Hacer la vista gorda frente a incumplimientos en proyectos de esta envergadura no solo debilita la institucionalidad, sino que también genera una señal equivocada para el mercado".
Romina Garrido
Además, la revisión no permitió acreditar la entrega de los reportes financieros anuales exigidos por las bases para las cinco macrozonas, antecedentes considerados necesarios para el seguimiento y fiscalización del proyecto.
El cobro de las garantías, eso sí, no libera a WOM de sus obligaciones: la empresa deberá seguir operando, manteniendo y normalizando la infraestructura, y tendrá 30 días hábiles desde la notificación para presentar nuevas garantías.
La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, enmarcó la decisión en el mandato del Gobierno de José Antonio Kast de "fortalecer la conectividad a lo largo de todo Chile, junto con reforzar la fiscalización, ordenar la gestión pública y asegurar un uso disciplinado de los recursos del Estado".
"No puede haber espacio para incumplimientos en infraestructura estratégica para el país", afirmó la autoridad, quien calificó la FON como "una carretera digital construida con un subsidio estatal de US$55 millones" y remarcó que el objetivo del proyecto —conectar a más de 800 mil personas— no admite redes "degradadas" o "indisponibles".
"Las empresas que participan y se adjudican estas inversiones deben contar con las capacidades técnicas, operacionales y financieras para mantener las redes en las condiciones comprometidas durante toda su vida útil y no únicamente al momento de su puesta en servicio". Y agregó que "hacer la vista gorda frente a incumplimientos en proyectos de esta envergadura no solo debilita la institucionalidad, sino que también genera una señal equivocada para el mercado".
