La decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de cobrar íntegramente las garantías entregadas por WOM puso bajo la lupa a la Fibra Óptica Nacional, conocida como FON, uno de los principales proyectos de infraestructura digital impulsados por el Estado durante los últimos años.
La autoridad ordenó este lunes ejecutar garantías por 316.410,1 UF, equivalentes a cerca de $12.923 millones y a unos US$14 millones, luego de constatar que ninguna de las cinco macrozonas operadas por la compañía alcanzó el nivel mínimo de servicio comprometido.
La autoridad acusó fallas "graves, persistentes y transversales" por parte de la compañía.
Pero,
¿Qué es exactamente la FON y por qué su funcionamiento resulta relevante?
La Fibra Óptica Nacional es una red de aproximadamente 10 mil kilómetros de extensión, desarrollada para conectar distintas zonas del país entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos.
Su función es operar como una carretera digital de alta capacidad sobre la cual distintas empresas de telecomunicaciones pueden desplegar sus propios servicios.
A diferencia de una red destinada directamente a los hogares, la FON funciona como una infraestructura de transporte mayorista, abierta y compartida. Esto permite que compañías de telecomunicaciones arrienden capacidad para entregar internet y otros servicios a los usuarios finales, sin tener que instalar una nueva red de fibra óptica desde cero.
El proyecto busca reducir las brechas de conectividad que afectan especialmente a comunidades rurales, localidades aisladas y territorios donde el despliegue de infraestructura privada resulta menos atractivo económicamente.
También apunta a mejorar el acceso a servicios vinculados con educación, salud, comunicación y desarrollo productivo.
Subsidio estatal
El concurso público para desarrollar la red fue abierto por Subtel en 2019, a través del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Así, el Estado destinó subsidios por más de $80 mil millones para financiar la infraestructura en distintas macrozonas regionales. El proyecto contemplaba beneficiar a cerca de 200 comunas y aproximadamente tres millones de habitantes.
Las concesiones fueron distribuidas entre WOM y Telefónica Empresas Chile (actual Millicom).
WOM se adjudicó las macrozonas de Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur. En conjunto, estas abarcan territorios de diez regiones, desde Arica y Parinacota hasta Biobío.
Por estas cinco zonas, la compañía recibió subsidios por más de $52 mil millones.
Telefónica, en tanto, quedó a cargo de las macrozonas de Tarapacá y Sur, esta última comprendida por La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Los compromisos asumidos por WOM
La compañía comenzó durante 2022 la instalación de la infraestructura correspondiente a sus cinco macrozonas y en 2025 informó que había completado el despliegue. En total, la red operada por WOM alcanzó 7.553 kilómetros de fibra óptica y contempló 161 comunas distribuidas en diez regiones.
Sin embargo, la instalación de los cables era solo una parte de las obligaciones asumidas.
Las bases del proyecto exigían que la infraestructura se mantuviera disponible al menos durante el 98% del año en cada macrozona. Esto implica que los nodos, enlaces y equipos que componen la red debían permanecer operativos de manera prácticamente continua.
Según la fiscalización de Subtel, ese estándar no se cumplió en ninguna de las cinco zonas.
Los datos entregados por la propia compañía mostraron una disponibilidad de 72,94% en Arica y Parinacota y de 78,39% en la macrozona Norte.
En Centro Norte, Centro y Centro Sur, los registros fluctuaron entre 90,32% y 95,76%. Pese a ser superiores, también se ubicaron por debajo del mínimo de 98% establecido en las bases.
Problemas
La revisión de la autoridad detectó además la caída de 38 nodos de acceso y distribución ubicados en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Maule.
Estos equipos presentaban pérdida total de gestión y alarmas críticas de comunicación, lo que impedía supervisar adecuadamente su funcionamiento.
Otro de los principales cuestionamientos se relacionó con la fórmula utilizada por WOM para calcular la disponibilidad de la red.
Subtel concluyó que la empresa aplicó una metodología distinta de la aprobada originalmente para el proyecto. La fórmula incorporaba elementos adicionales que reducían la incidencia de los períodos de falla, generando porcentajes de disponibilidad superiores a los que habrían resultado mediante el método establecido en las bases.
La fiscalización también identificó falencias en la gestión, notificación, seguimiento, trazabilidad y cierre de incidentes.
A ello se sumó que la revisión no permitió acreditar la entrega de los reportes financieros anuales exigidos para las cinco macrozonas.
en tanto, el cobro de la millonaria multa no significa que WOM pueda abandonar el proyecto, sino que la compañía deberá continuar operando, manteniendo y normalizando la infraestructura. Además, contará con un plazo de 30 días hábiles desde la notificación para presentar nuevas garantías.
La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, sostuvo que la decisión busca reforzar la fiscalización y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos.
"No puede haber espacio para incumplimientos en infraestructura estratégica para el país", afirmó.
