La decisión del Gobierno de reemplazar el sistema de concesiones por financiamiento directo para los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150-Autopista Concepción-Talcahuano, en la región del Biobío, abrió un nuevo flanco para el Ejecutivo.
Más allá de la controversia política en la región, gremios empresariales, representantes de inversionistas y expertos en infraestructura advirtieron que modificar un proceso licitatorio cuando estaba en su etapa final daña la confianza en el modelo de concesiones y envía una señal de incertidumbre para futuros proyectos de inversión.
Las críticas surgieron luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara la suspensión de las licitaciones por razones de estrechez fiscal.
Sin embargo, tras los cuestionamientos de autoridades regionales y del sector privado, el Gobierno rectificó el rumbo. El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, aseguró este jueves que las obras sí se ejecutarán, mantendrán sus diseños, plazos y generación de empleos, aunque ahora serán financiadas con recursos directos de la Dirección de Vialidad. "La decisión es la correcta", afirmó tras reunirse ayer con el gobernador Sergio Giacamán, parlamentarios y alcaldes del Biobío.
De Grange insistió en que el cambio será únicamente en el mecanismo de financiamiento y descartó retrasos en la ejecución. "El proceso original del proyecto consideraba que los estudios de ingeniería se realizaban en los años 2027 y 2028 (...) se esperaba que, en el mejor de los casos, el proyecto estuviese abierto a la ciudadanía a fines del año 2031. Esos plazos se mantienen", sostuvo.
Con todo, las explicaciones del Ejecutivo no lograron disipar las dudas del sector. Los cuestionamientos apuntan a que los proyectos habían sido licitados bajo el sistema de concesiones durante 2025, contaban con un único oferente -una firma ligada al grupo español Azvi- y estaban próximos a su adjudicación, por lo que cambiar las reglas en esa etapa podría afectar la confianza de inversionistas en futuros procesos.
Alerta por la señal al mercado
Desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), su presidenta, Gloria Hutt, sostuvo a El Mercurio que el cambio de criterio genera incertidumbre para el modelo.
"Observamos con preocupación que en una etapa tan avanzada de un proceso de licitación bajo el sistema de concesiones, se opte por frenarlo y reemplazarlo por un mecanismo de financiamiento público, de cuya evaluación y sustento técnico no se ha informado".
"Observamos con preocupación que en una etapa tan avanzada de un proceso de licitación bajo el sistema de concesiones, se opte por frenarlo y reemplazarlo por un mecanismo de financiamiento público, de cuya evaluación y sustento técnico no se ha informado"
Gloria Hutt
Agregó que la decisión "
afecta negativamente el modelo de concesiones y constituye una señal de alerta para la atracción de inversiones, que requiere estabilidad en las reglas".
Una visión similar expresó Miguel Ángel García, presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile, quien recordó al mismo medio el historial del sistema de concesiones en el país.
"Por más de 30 años, el sistema de concesiones de obras públicas ha sido una modalidad de ejecución de obras muy exitosa y ha permitido que Chile haya dado un gran salto en el desarrollo de su infraestructura"
Miguel Ángel García
"Por más de 30 años, el sistema de concesiones de obras públicas ha sido una modalidad de ejecución de obras muy exitosa", señaló, advirtiendo que lo ocurrido con los corredores "
genera una incertidumbre que no es una buena señal para los inversores extranjeros ni para el fomento de la asociación público-privada".
Las críticas también apuntan a la decisión de reemplazar el esquema concesionado por financiamiento directo del Estado, pese a que el argumento oficial fue precisamente la necesidad de contener el gasto fiscal.
El director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, cuestionó que se modifique un proyecto cuando el proceso estaba prácticamente concluido.
"Cambiar un proyecto ad portas de ser adjudicado a una empresa de prestigio y que tiene financiamiento, es estresar más la caja fiscal de lo que ya está"
Carlos Cruz
"Cambiar un proyecto ad portas de ser adjudicado a una empresa de prestigio y que tiene financiamiento,
es estresar más la caja fiscal de lo que ya está", afirmó, agregando que la decisión sorprende en un momento en que el sector privado espera nuevas iniciativas para invertir.
En la misma línea, el exdirector general de Concesiones del MOP, Juan Manuel Sánchez, calificó la medida como contradictoria. A su juicio, la decisión "carece de toda lógica", ya que "se argumenta que es producto de la estrechez fiscal", pero al mismo tiempo se reemplaza "un modelo que distribuye los pagos en cerca de 20 años por uno en que el Estado debe financiarlo íntegramente".
Además, sostuvo que "es poco realista sostener que el cambio no afectará los plazos".
La controversia también provocó una dura reacción del gobernador del Biobío, Sergio Giacamán, quien, si bien respaldó la necesidad de revisar el gasto público, criticó que la determinación se adoptara sin consultar a la región.
"Estoy de acuerdo (…) Debe revisarse en qué gastamos, cómo gastamos y tratar de gastar de manera más eficiente", señaló en radio Universo. Sin embargo, agregó que "generalmente se piensa que por estar en Santiago o por ser autoridad nacional eres más inteligente que la gente de regiones".
El gobernador fue más allá al responsabilizar directamente al Ministerio de Hacienda. "Perdóname, pero el ministro Hacienda tomó una decisión sin preguntarle a nadie de la región", afirmó. Consultado sobre si el titular de la cartera cree que es "más inteligente", respondió: "O sea cree que sabe más. Cree que estando en su oficina él va a tomar una decisión que realmente tiene un impacto profundo".
