Una de las normas menos conocidas del proyecto de ley de Reconstrucción abrió un nuevo frente para el Gobierno. Esta vez, la controversia llegó hasta el Tribunal Constitucional (TC).
El Ejecutivo presentó este martes un requerimiento para impugnar el artículo 31 de la iniciativa, disposición que obliga a las compañías distribuidoras de electricidad, sanitarias y de gas de red a reconectar gratuitamente los servicios de determinados clientes ubicados en zonas declaradas bajo estado de catástrofe.
La presentación fue firmada por el Presidente
José Antonio Kast y los ministros
Jorge Quiroz, de Hacienda
; José García Ruminot, de la Secretaría General de la Presidencia;
Louis de Grange, de Obras Públicas; y
Ximena Rincón, de Energía.
Sin embargo, el biministro del Interior y vocero del Gobierno, Claudio Alvarado, no fue informado de este requerimiento, lo que generó críticas por un nuevo episodio de descoordinación al interior del Ejecutivo.
De todas formas, la ofensiva de La Moneda, sin embargo, no apunta principalmente al contenido de la medida, sino a la forma en que fue incorporada durante la discusión legislativa.
El Gobierno sostiene que la disposición surgió de una indicación parlamentaria y que no guarda una relación directa con las ideas matrices del proyecto original, por lo que vulneraría el artículo 69 de la Constitución, además, el Ejecutivo ya había hecho reserva de constitucionalidad durante la tramitación.
Pero, ¿qué establece concretamente la norma que La Moneda busca sacar del proyecto?
Reconexión sin pago previo
El artículo establece que las empresas concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y distribución de gas de red deberán reconectar de manera gratuita y sin exigir previamente el pago de las deudas a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas afectadas por una declaración de catástrofe.
Su alcance va más allá de las cuentas impagas generadas durante la emergencia.
La obligación también comprende a clientes cuyos servicios hayan sido suspendidos por deudas contraídas antes de la declaración de catástrofe. Tampoco se exige acreditar que el usuario haya sufrido daños materiales producto de la emergencia para acceder a la reconexión.
La disposición fija además plazos para restablecer los servicios. En electricidad y gas de red, las empresas tendrán un máximo de 48 horas desde la solicitud del usuario, mientras que para agua potable y alcantarillado el período será de 24 horas.
Asimismo, las compañías no podrán cobrar montos asociados a la reposición del suministro, reconexión, visitas técnicas, revisión de instalaciones u otros conceptos similares.
Si los plazos no se cumplen, el usuario tendrá derecho a una compensación equivalente a tres días de suministro gratuito por cada jornada de atraso, monto que deberá descontarse de la facturación siguiente. La norma también contempla la posibilidad de recurrir a tribunales para exigir su cumplimiento.
Cómo llegó al proyecto
La disposición tuvo una accidentada tramitación.
Se originó en una indicación parlamentaria presentada en la Cámara de Diputados por un grupo de legisladores de oposición encabezado por Ana María Gazmuri e Irací Hassler.
La propuesta fue inicialmente rechazada en la Comisión de Hacienda de la Cámara por cuatro votos a favor y nueve en contra, pero posteriormente fue renovada en la Sala, donde el 20 de mayo consiguió 80 votos favorables, 69 en contra y cuatro abstenciones.
Más tarde, durante su paso por el Senado, la norma fue eliminada en comisión, aunque posteriormente fue repuesta por la Sala y terminó formando parte del texto despachado.
Durante esa discusión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dejó constancia de una reserva de constitucionalidad, argumento que ahora sustenta la presentación del Ejecutivo ante el TC.
Las críticas de las empresas
La disposición ya había generado fuertes reparos en la industria antes de que el Ejecutivo decidiera acudir al TC.
Empresas Eléctricas A.G., la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) y la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) cuestionaron tanto el alcance de la obligación como sus posibles efectos durante una emergencia.
Uno de los principales reparos apunta a que la medida incluye deudas anteriores a la catástrofe. Los gremios han advertido que aquello podría debilitar los incentivos al cumplimiento y extender un mecanismo diseñado bajo una lógica de emergencia a obligaciones que no necesariamente tienen relación con ella.
También han planteado un problema operativo.
La norma no establece excepciones expresas para situaciones como caminos bloqueados, sectores aislados, infraestructura destruida, restricciones de acceso o condiciones de seguridad que dificulten la llegada de las cuadrillas.
Según las compañías, durante una catástrofe los equipos técnicos deben concentrarse en recuperar las redes dañadas y restablecer el suministro para la mayor cantidad de clientes posible. Bajo la nueva regulación, advierten, también podrían tener que destinar recursos a reconectar individualmente a usuarios cuyo suministro ya se encontraba suspendido por deuda antes de la emergencia.
A esas críticas se sumó la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien calificó la disposición como una "mala señal regulatoria" y sostuvo que configura "un claro caso de expropiación regulatoria", al cargar sobre las empresas el costo de una política pública.
Descoordinación en el Gobierno
La presentación ante el TC abrió además un flanco político dentro del Ejecutivo.
Horas después de conocerse el requerimiento, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, reconoció que no estaba al tanto de la decisión adoptada por La Moneda.
"Todas nuestras acciones son públicas y notorias, por lo tanto, existen acciones y decisiones que se adoptan en distintos momentos y circunstancias", señaló inicialmente.
Consultado respecto de por qué la decisión no había sido informada previamente, incluida la vocería realizada el lunes, Alvarado admitió que "es una información con la cual yo no contaba en su momento".
