La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, respaldó la decisión del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el artículo de la megarreforma que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes, pero aseguró que hubiese preferido un veto.
En entrevista con radio Infinita, la líder empresarial sostuvo que la disposición presenta dificultades tanto operativas como financieras y afirmó que el sector ya había advertido sobre sus efectos antes de que la norma avanzara en el Congreso.
"Este es un artículo que es bastante complejo", señaló Jiménez, quien cuestionó que la iniciativa establezca plazos de 24 y 48 horas para reponer las conexiones en zonas de catástrofe, incluso cuando no exista un pago previo.
A su juicio, la aplicación de la norma podría generar situaciones que, desde la perspectiva de las empresas, resulten difíciles de gestionar.
"Es operativamente imposible de realizar porque te exige en 24 y 48 horas respectivas reponer todas las conexiones en zonas de catástrofe, incluso sin mediar un pago previo", afirmó.
Jiménez también apuntó a las dificultades que pueden surgir en terreno durante una emergencia. "Muchas veces tú ni siquiera puedes ingresar a hacer las reconexiones producto de inundaciones, incendios, etcétera", sostuvo, enfatizando que la prioridad debería estar en restablecer los servicios para quienes efectivamente fueron afectados por una catástrofe.
La presidenta de la CPC agregó que el problema no sería únicamente operacional. Según explicó, las empresas de servicios básicos trabajan con tarifas reguladas, por lo que nuevas obligaciones sin un mecanismo de compensación podrían tensionar sus cuentas.
"Es financieramente inabordable, los servicios básicos tienen tarifas reguladas y cuando tú le impones mayores exigencias sin un reconocimiento tarifario, lo que hace es estresarla financieramente", afirmó.
En ese contexto, Jiménez consideró necesario modificar el mecanismo y señaló que, aunque habría preferido otra vía, el requerimiento ante el TC constituye una alternativa válida para el Ejecutivo. "Yo habría preferido un veto, pero ir al TC, sobre todo además haciendo ver que esto sale de las ideas matriz del proyecto, tal como lo señala el Ejecutivo, es un camino posible", sostuvo.
Finalmente, defendió la necesidad de compatibilizar las medidas de protección a los usuarios con la sostenibilidad de las compañías.
"Lo importante es que se entienda que esto, de nuevo, son políticas que se buscan hacer bien intencionadamente, pero que no hay ningún miramiento a que sea realmente posible de hacer, financieramente sostenible", afirmó.
Jiménez recalcó que las empresas deben priorizar la atención de quienes cumplen con sus obligaciones, aunque reconoció que ante una emergencia la reposición del suministro en las zonas afectadas debe mantenerse como una prioridad.
