Las criptomonedas se abren paso en las economías de América Latina, ya sea para invertir, enviar remesas, protegerse de la inflación o realizar pagos; sin embargo, su adopción aún no es masiva y su uso sigue siendo de nicho.
El avance de las criptomonedas ocurre en un escenario regulatorio desigual. Mientras algunos países han desarrollado marcos legales específicos para supervisar los criptoactivos, otros mantienen normas parciales o carecen de una legislación integral.
Al mismo tiempo, en la mayoría de los países las autoridades han vinculado el uso de estos activos digitales con investigaciones por lavado de dinero, fraude y otras actividades ilícitas, lo que mantiene abierto el debate sobre esta industria en la región.
Adicionalmente, si bien su uso no está prohibido, las criptomonedas no tienen la condición de moneda de curso legal en ningún país de la región, lo cual deja su aceptación como medio de pago en un plano voluntario.
Una de las pocas excepciones fue El Salvador, que en 2021 aprobó la Ley Bitcoin, legislación que otorgó la categoría de moneda de curso legal al bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo. Sin embargo, como parte de los compromisos adquiridos por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la normativa se reformó con el objetivo de que este criptoactivo dejara de ser moneda de curso legal, un paso que se concretó en 2025.
El país centroamericano creó una Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) que tiene entre sus funciones establecer y supervisar el cumplimiento de las regulaciones y normas aplicables a los activos digitales.
Aunque las criptomonedas han ganado presencia en América Latina durante los últimos años, su adopción está lejos de ser masiva. Su uso se concentra en actividades como la inversión, pese a que suelen considerarse instrumentos especulativos; el envío de remesas, así como para protegerse frente a la inflación y algunas transacciones comerciales.
Venezuela es uno de los casos más llamativos.
Allí, las criptomonedas y especialmente las stablecoins (atadas al valor de una divisa, como el dólar) ganan espacio como alternativa al dólar físico y frente a la inflación y la pérdida de valor de la moneda local.
Aunque el uso no es masivo, sí está extendido en la práctica cotidiana, en particular en la economía informal y el envío de remesas. Es decir, se utiliza para pagos entre particulares y para la compra de bienes y servicios. Su uso está más ligado a la necesidad económica y a la supervivencia financiera.
Al igual que en Venezuela, en la Argentina las cripto tienden a estar ligadas a ser un refugio de valor y ahorro debido a la devaluación de la moneda. Aunque existe una adopción extendida como instrumento financiero, su uso todavía es limitado a nivel cotidiano.
En otros mercados, como Brasil, México y Chile, también han comenzado a consolidarse como mecanismos para realizar pagos y transferencias internacionales, aunque todavía de forma limitada y concentrada en algunos sectores de la economía.
Fábio Plein, de Coinbase Brasil, afirmó que las stablecoins en Brasil se han convertido en una infraestructura de pagos real. En la práctica, es posible adquirir desde bienes de alto valor, como inmuebles y vehículos de lujo, hasta productos de comercio electrónico y viajes, a menudo a través de plataformas que realizan la conversión a moneda local de forma transparente.
La Asociación Brasileña de Criptoeconomía (ABCripto) detalla que esta expansión se ve facilitada por tarjetas de débito cripto y procesadores de pago que eliminan el riesgo de volatilidad para el comerciante. Sin embargo, persisten barreras estructurales. Plein destacó que, culturalmente, muchos usuarios todavía ven a los criptoactivos como algo para ahorrar y no para gastar, lo que retrasa la transición al uso cotidiano.
Una situación muy similar ocurre en México, que se encuentra en una etapa de transición.
En Chile, aunque el mercado es aún pequeño, se está ampliando, especialmente a través de billeteras digitales de uso extendido, con las que se puede comprar en algunos comercios y pagar servicios. También existen alternativas de inversión.
En otros países, las criptomonedas siguen siendo utilizadas, sobre todo, como instrumentos de inversión.
En Perú, Costa Rica y República Dominicana los usuarios suelen adquirirlas con la expectativa de obtener rendimientos o para preservar valor, aunque también se utilizan, en menor medida, como medio de pago para adquirir algunos bienes y servicios.
A medida que las criptomonedas ganan usuarios, los países latinoamericanos avanzan a ritmos distintos en su regulación. Algunos cuentan con reglas específicas orientadas a ordenar el sector; otros mantienen normas menos integrales o regulaciones parciales que solo cubren una parte de la industria.
Chile, una de las regulaciones más sólidas
Brasil, Chile y El Salvador figuran entre los países latinoamericanos con marcos regulatorios más desarrollados para las criptomonedas.
En Brasil, el sector dejó de operar en vacíos legales. La normativa estableció directrices para la prestación de servicios con activos virtuales y atribuyó al Banco Central de Brasil (BCB) la regulación y fiscalización de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
En Chile, quienes ofrecen servicios vinculados al uso de cripto, incluida la intermediación o asesoría de inversión, están regulados por la Ley Fintech,
uno de los marcos regulatorios más sólidos de la región.
La norma exige la inscripción y autorización de las empresas para realizar estas actividades, tras cumplir una serie de requisitos relacionados con información, gobierno corporativo, capital mínimo, gestión de riesgos y capacidades operativas, según corresponda.
La Comisión para el Mercado Financiero de Chile, un servicio público descentralizado y de carácter técnico, supervisa a estas entidades, estableciendo estándares mínimos de seguridad y operación. En el caso específico de las monedas digitales, plantea que su valor debe ser “directamente determinable y respaldado en función de dinero, moneda nacional o extranjera, o de obligaciones pagaderas en esas monedas”, de acuerdo con los estándares del Banco Central.
En otras naciones existen regulaciones parciales, pero sin llegar a cubrir todo el ecosistema.
En Argentina, operan en un terreno regulatorio fragmentado. Si bien no existe una ley integral que los regule, en los últimos años distintos organismos avanzaron con normas parciales que intentan ordenar el ecosistema. En Perú tampoco existe una ley integral que aborde las criptomonedas. La normativa es parcial y está centrada principalmente en temas como el lavado de activos y la protección al usuario.
