El banco de inversión estadounidense JPMorgan valoró la decisión del Tribunal Constitucional que puso algunos límites a la megarreforma impulsada por la administración de José Antonio Kast, aunque en lo esencial visó la mayor parte del texto legal.
"Paradójicamente, el fallo (del TC) podría mejorar la efectividad de la reforma incluso mientras limita su alcance. Para los inversionistas con horizontes de largo plazo, un marco que supera el control constitucional suele ser más valioso que uno más amplio pero vulnerable a años de impugnaciones legales", dijo JPMorgan en un reporte para clientes.
Según el análisis, "
el TC cerró una de las principales vías de ataque de la oposición, al tiempo que preservó los incentivos centrales a la inversión contenidos en el texto. El resultado es un régimen algo menos generoso, pero posiblemente más duradero".
"Los inversionistas que valorizan proyectos con horizontes de 10 a 20 años tienden a asignar una prima a la certeza jurídica, y la decisión del Tribunal entrega precisamente eso", apuntó.
El TC acogió parcialmente las impugnaciones de la oposición, declarando inconstitucionales las disposiciones que habrían otorgado compensación fiscal a las empresas por permisos ambientales anulados, acotando el régimen de estabilidad tributaria que se encuentra en el centro del marco de inversión del proyecto de ley y eliminando varias disposiciones sectoriales específicas relacionadas con concesiones acuícolas y evaluación ambiental.
El resto del paquete se mantuvo intacto, incluyendo la reducción del impuesto corporativo desde 27% a 23% en un horizonte de 3 años, la exención de IVA para la compra de viviendas nuevas y la mayor parte del régimen de estabilidad tributaria.
"El fallo representa un revés para la administración, aunque no uno fundamental. Tanto legisladores oficialistas como de oposición caracterizaron la decisión como una victoria parcial, y los mercados parecen evaluarla de manera similar. La arquitectura central de la reforma se mantiene intacta, aunque algunas de sus disposiciones más ambiciosas fueron recortadas", precisó el banco.
Además, según JP Morgan, el Gobierno aún tiene margen para abordar algunas de las preocupaciones que quedaron expuestas por el fallo. "Una opción sería abordar directamente el riesgo asociado a los permisos, en lugar de hacerlo mediante compensación fiscal. Si el problema constitucional radica en transferir al Estado el costo de las anulaciones judiciales, los responsables de política pública podrían enfocarse en reducir la probabilidad de que los permisos sean revertidos, mediante procedimientos de evaluación ambiental más sólidos, estándares probatorios más claros y una mayor capacidad regulatoria", señaló.
"El TC cerró una de las principales vías de ataque de la oposición, al tiempo que preservó los incentivos centrales a la inversión contenidos en el texto".
JP Morgan
El banco estadounidense cree que el Ejecutivo también podría intentar restablecer parte del marco para proyectos vinculados mediante una legislación redactada de manera más acotada. "Un futuro proyecto de ley podría definir la infraestructura complementaria elegible utilizando criterios específicos, en lugar del lenguaje abierto que generó objeciones constitucionales", sostuvo.
"Para los mercados, sin embargo, la principal conclusión es clara. La parte más relevante de la reforma nunca fue la cláusula de indemnización (por un eventual revertimiento de la RCA). Fue el régimen de estabilidad tributaria, que sustenta el esfuerzo del gobierno por atraer capital de largo plazo. A pesar de las modificaciones del TC, esa base se mantiene en gran medida tal como fue redactada", concluyó.
