La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, abordó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales los artículos 12 y 13 de la megarreforma, que contemplaban un mecanismo de indemnización ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
En entrevista con Radio13c, la secretaria de Estado afirmó que el Gobierno aún está a la espera de conocer el contenido completo de la resolución antes de evaluar sus alcances, aunque remarcó que el pronunciamiento no modifica el objetivo de la cartera de fortalecer la institucionalidad ambiental.
"Somos súper respetuosos de la institucionalidad y aquí estamos esperando el informe, para leer el contenido, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para ver el fondo del fallo", sostuvo.
Toledo enfatizó que la propuesta cuestionada por el TC era solo uno de los componentes de una agenda más amplia impulsada por el Ejecutivo para entregar mayor certeza a los proyectos de inversión, junto con mantener los estándares de protección ambiental.
"Esta es una medida que captó bastante la atención por lo novedoso que fue en cuanto a la propuesta, pero el proyecto de ley también traía otros aspectos que son bastante sustantivos", señaló.
Entre esos elementos mencionó la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), cambios en los mecanismos de reclamación contra las RCA y el proyecto que actualmente avanza en el Congreso para reformar el funcionamiento del propio servicio.
"Esto no altera, porque, insisto, tenemos una agenda bastante amplia para hacernos cargo de ir a buscar esas certezas muy necesarias que se solicitan", afirmó.
"Que llegue a tiempo"
La ministra también abordó uno de los principales cuestionamientos en torno a la denominada "permisología": cuánto puede hacer el Gobierno para acelerar la tramitación de proyectos sin apartarse de las exigencias legales.
Toledo sostuvo que la prioridad no es flexibilizar las evaluaciones ambientales, sino conseguir que los organismos públicos cumplan los plazos establecidos y mejoren sus procesos internos.
"Nosotros, más que empujar proyectos, estamos abocados a que la institucionalidad funcione en los plazos que dispone la ley", explicó.
En esa línea, destacó que existen problemas que requieren modificaciones legales, pero también otros que pueden resolverse mediante gestión y coordinación entre organismos. "Hay muchas cosas que se destraban por coordinación y el destrabar es básicamente asegurarnos que las respuestas lleguen, que los oficios que se solicitan lleguen a tiempo", afirmó.
Como ejemplo, la ministra apuntó al funcionamiento del Comité de Ministros. Según explicó, antes de los ajustes implementados por su cartera, el acuerdo adoptado por esa instancia podía tardar cerca de seis meses en ser publicado, lo que impedía activar etapas posteriores de los procesos asociados a los proyectos.
"Porque empezaban a redactarlo, escribirlo, lo que nosotros hicimos ajustes de procesos internos y lo estamos sacando 15 días antes, luego de pronunciar al comité de ministros, solo con ajustes de procedimiento", detalló.
Para Toledo, este caso demuestra que la reducción de los tiempos de tramitación no depende exclusivamente de nuevas leyes. "Entonces, efectivamente, las herramientas legales tienen una potencia relevante, pero las herramientas de gestión también", concluyó.
