Se siguen sumando reacciones luego que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara este martes -por nueve votos contra uno- el requerimiento presentado por el Gobierno contra el artículo 31 del proyecto de Reconstrucción Nacional, que establece la obligación de reconectar gratuitamente los servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La disposición alcanza a las empresas concesionarias de electricidad, servicios sanitarios y distribución de gas, y contempla la reposición del suministro para usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas, sin exigir como condición previa el pago de las deudas pendientes.
Tras conocer la resolución, las principales asociaciones empresariales vinculadas a estos servicios manifestaron su respeto por la decisión del tribunal, p
ero reiteraron sus reparos respecto de cómo la norma podría operar en situaciones de emergencia, particularmente por los plazos establecidos y la necesidad de priorizar condiciones de seguridad.
Sanitarias advierten por reasignación de recursos
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) sostuvo que la disposición podría terminar afectando a un número mayor de usuarios al obligar a las compañías a destinar recursos operacionales y cuadrillas a casos individuales en medio de una emergencia.
"Esta disposición, en los términos en que fue aprobada, perjudica a la gran mayoría de los usuarios al obligar a concentrar los esfuerzos en un grupo minoritario que no ha cumplido con sus obligaciones, ni se ha acogido a los planes de regularización de deuda que ofrecen las empresas", señaló la organización.
Según Andess, durante una catástrofe esos mismos equipos podrían ser requeridos para recuperar infraestructura y restablecer el suministro al mayor número posible de personas, incluyendo hogares, hospitales y establecimientos educacionales.
"Esta disposición, en los términos en que fue aprobada, perjudica a la gran mayoría de los usuarios al obligar a concentrar los esfuerzos en un grupo minoritario que no ha cumplido con sus obligaciones, ni se ha acogido a los planes de regularización de deuda que ofrecen las empresas"
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios
"La reconexión de servicios ha sido y seguirá siendo una prioridad, pero una emergencia exige flexibilidad para asignar los recursos de manera que permitan recuperar el servicio en forma rápida y efectiva", afirmó la asociación.
A ello sumó un segundo reparo: "La imposición de plazos rígidos puede obligar a desplegar personal en condiciones de alto riesgo", advirtió.
La organización aseguró que respetará el pronunciamiento del TC, aunque adelantó que continuará entregando antecedentes en las instancias de revisión que correspondan.
Eléctricas cuestionan plazos y seguridad
Una posición similar expresó Empresas Eléctricas AG. Su director ejecutivo, Juan Meriches, sostuvo que el gremio esperará conocer los fundamentos de la sentencia, pero mantuvo sus reparos sobre la aplicación de la norma.
"Más allá de este resultado, mantenemos nuestra preocupación por una norma que puede desviar recursos desde la reposición masiva del servicio y que establece plazos rígidos sin considerar las condiciones reales de seguridad durante una catástrofe", señaló.
"Más allá de este resultado, mantenemos nuestra preocupación por una norma que puede desviar recursos desde la reposición masiva del servicio y que establece plazos rígidos sin considerar las condiciones reales de seguridad durante una catástrofe"
Juan Meriches
Para el representante gremial, el punto central será evitar que la obligación termine dificultando la recuperación general del suministro. "Esperamos que estos aspectos puedan ser revisados en los espacios que corresponda para evitar que la norma termine perjudicando a los propios usuarios", agregó.
Gas advierte por las 48 horas
La primera reacción vino del sector gasífero, que puso el foco en uno de los aspectos más sensibles de la disposición: el plazo de 48 horas para la reconexión del gas por redes en situaciones de catástrofe.
La Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) manifestó su respeto por el fallo, pero cuestionó que la exigencia no considere adecuadamente las verificaciones técnicas que deben realizarse antes de restablecer el suministro.
"La normativa es imposible de cumplir resguardando la seguridad de todas las personas", afirmó su presidente ejecutivo, Carlos Cortés.
"La normativa es imposible de cumplir resguardando la seguridad de todas las personas"
Carlos Cortés
La asociación explicó que la reposición del gas requiere comprobar previamente que las redes y las instalaciones se encuentren en condiciones seguras. A su juicio, imponer un plazo uniforme podría generar una tensión entre cumplir con la exigencia legal y realizar los controles necesarios para evitar accidentes.
"Nuestra industria siempre velará por lo más importante, que es la seguridad de las personas", sostuvo Cortés.
AGN citó además un informe técnico elaborado por Gamma Ingenieros, según el cual el plazo de 48 horas no sería técnicamente aplicable de manera uniforme en todos los casos. La organización recordó también la experiencia posterior al terremoto de 2010, cuando se realizaron más de 46.500 reposiciones de gas solo en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, con despliegues que se extendieron por semanas y meses dependiendo de cada zona.
"Respetamos la decisión del Tribunal. Precisamente porque asumimos esa responsabilidad con seriedad, insistimos en algo que no admite excepción: en gas, proteger a las personas empieza por no reconectar antes de saber que es seguro hacerlo", concluyó Cortés.
La preocupación del gran empresariado
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también manifestaron su preocupación por la medida. En una declaración pública, el princiapal gremio empresarial del país señaló que "mantenemos nuestra preocupación respecto de los efectos regulatorios y económicos de esta norma".
Establece plazos uniformes de reconexión que son imposibles de cumplir precisamente en una catástrofe".
CPC
"El punto de fondo es que no se limita a resolver situaciones directamente provocadas por una catástrofe, sino que obliga a reconectar, sin costo y sin pago previo, suministros que incluso podían encontrarse suspendidos por no pago desde antes de la emergencia", agregó.
Según la CPC, "esto significa que el costo de una política pública termina siendo asumido por empresas que operan bajo marcos tarifarios y regulatorios previamente establecidos, lo que puede generar efectos sobre las cuentas incobrables, alterar los incentivos al cumplimiento de las obligaciones y sentar un precedente complejo respecto de cómo se financian futuras medidas de apoyo".
"Además, establece plazos uniformes de reconexión que son imposibles de cumplir precisamente en una catástrofe", cerró.
