La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) reaccionó a la decisión del Gobierno de no impulsar una ley corta para modificar el artículo 31 de la megarreforma, luego de que el Tribunal Constitucional (TC)rechazara el requerimiento presentado por el Ejecutivo para dejarlo sin efecto.
El gremio sanitario señaló que, dada la relevancia de la norma para el funcionamiento de los servicios básicos, se encuentra a la espera "de conocer en detalle la sentencia del TC respecto del requerimiento presentado por el Ejecutivo, para definir los pasos a seguir".
Esto, luego de que el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, descartara abrir una nueva discusión legislativa.
"Es un fallo que no se comenta; el Ejecutivo respeta y acata. Respecto a una ley corta, yo creo que hoy el tribunal zanjó una discusión y no son los tiempos para iniciar un nuevo debate", sostuvo la autoridad.
En ese escenario, Andess volvió a poner sobre la mesa sus reparos a la disposición, que establece un plazo máximo de 48 horas para reponer los servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes. A juicio del gremio, la aplicación de la norma podría generar dificultades operativas y de seguridad.
"Tal como está redactado, establece plazos rígidos que son imposibles de cumplir en todos los escenarios de catástrofe", afirmó la asociación, que advirtió además que "forzar una reconexión cuando no existen condiciones seguras de acceso pone directamente en riesgo a los trabajadores".
Reparos a la aplicación de la norma
Andess sostuvo que la recuperación de los servicios ante emergencias que afectan a miles de clientes debe definirse considerando las condiciones de cada situación.
"Cuando se producen eventos que impactan a miles de clientes, las acciones deben definirse con criterios técnicos, de seguridad y de factibilidad operacional", planteó.
El gremio también cuestionó que la norma establezca la prioridad de reconectar a clientes cuyo suministro fue suspendido por no pago, incluso cuando existen convenios de regularización.
Según Andess, esto podría obligar a destinar cuadrillas y recursos que son necesarios para recuperar los servicios de miles de hogares, hospitales y escuelas afectados por una emergencia.
Por último, la asociación advirtió que establecer obligaciones rígidas no necesariamente se traducirá en una recuperación más rápida de los servicios. "Imponer obligaciones inflexibles no garantiza una atención más oportuna: debilita la capacidad de respuesta y termina perjudicando a los propios clientes", concluyó.
