Jetsmart respondió al embargo de sus cuentas bancarias informado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), asegurando que las multas que originaron la medida están siendo discutidas ante los tribunales y rechazando que correspondan a casos de "transporte ilegal de personas".
El organismo había informado que la aerolínea acumulaba 42 multas cursadas entre 2023 y 2025, por un total de 10.820 UTM, equivalentes a cerca de $781 millones.
Según Migraciones, las sanciones se relacionan principalmente con el traslado a Chile de extranjeros que no contaban con la documentación necesaria para ingresar al país y, en otros casos, con la falta de entrega de listados de pasajeros.
Frente a ello, Jetsmart sostuvo que "las multas se encuentran actualmente controvertidas en sede judicial y representan menos del 0,0003% de los pasajeros que la aerolínea transporta anualmente".
La compañía cuestiona interpretación de Migraciones
La compañía enfatizó que el origen de las sanciones sería distinto al planteado por el organismo público. "Es importante aclarar que dichas multas se relacionan con una controversia respecto de la entrega de información requerida por la autoridad migratoria y, en ningún caso, con el transporte ilegal de personas", afirmó.
En esa línea, la aerolínea cuestionó que el Sermig expusiera las multas como sanciones ya definitivas, considerando que su legalidad todavía está siendo revisada por la justicia.
"Por ello, resulta improcedente que un servicio público presente como definitivas sanciones cuya legalidad está siendo discutida en procesos actualmente en tramitación ante los Tribunales de Justicia", señaló Jetsmart.
La empresa detalló que uno de los procesos corresponde a un juicio ordinario de nulidad de derecho público relacionado con las multas asociadas a la plataforma GENDEC, donde se discute la legalidad de dichas sanciones.
A ello se suma el procedimiento ejecutivo mencionado por Migraciones. Según la aerolínea, las excepciones presentadas por la compañía "fueron declaradas admisibles, encontrándose actualmente la causa en etapa de prueba".
Embargo por cerca de $780 millones
Respecto de la medida cautelar, Jetsmart precisó que no se trata de un embargo general sobre sus cuentas, sino de una medida vinculada al procedimiento ejecutivo y acotada a un monto cercano a los $780 millones.
"Respecto del embargo informado, Jetsmart precisa que se trata de una medida cautelar propia de un procedimiento ejecutivo en curso, acotada a un monto de aproximadamente $780 millones de pesos, y que no corresponde a un embargo general de sus cuentas bancarias", sostuvo.
La compañía agregó que la medida no afecta de manera relevante su funcionamiento. "Esta medida no tiene impacto material en sus operaciones, las que continúan desarrollándose con absoluta normalidad", afirmó.
Jetsmart también destacó que una de las sanciones mencionadas por Migraciones ya había sido dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago, tras acoger un recurso de protección presentado por la aerolínea. Esa decisión, sin embargo, fue recurrida por el Sermig y actualmente se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema.
Disputa por las sanciones
Desde Migraciones habían defendido el procedimiento que derivó en el embargo y señalado que las multas fueron precedidas por los respectivos procesos sancionatorios y por la posibilidad de que la empresa formulara sus descargos.
El director del Sermig, Frank Sauerbaum, sostuvo que el organismo actuó en cumplimiento de la Ley 21.325 y afirmó que "la justicia nos ha dado la razón".
Además, indicó que el servicio continuará fiscalizando a las aerolíneas y reforzando las capacitaciones sobre los requisitos migratorios que deben verificar las empresas antes de trasladar pasajeros hacia Chile.
El organismo ha puesto especial atención en las exigencias documentales para el ingreso de menores de edad y en los requisitos aplicables a ciudadanos venezolanos, luego de cambios normativos y de la reanudación de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela.
En respuesta, Jetsmart sostuvo que "mantiene su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y con la colaboración con las autoridades competentes", pero advirtió que continuará utilizando las herramientas judiciales disponibles para defender su posición.
"Espera que estas controversias sean resueltas por los tribunales de justicia, con pleno respeto al debido proceso y sobre la base de los antecedentes que forman parte de cada causa", concluyó la aerolínea.
