Cumplido el plazo legal de dos años que el Ministerio Público tenía para investigar en el marco del caso Australis, este viernes se llevó a cabo una audiencia ante el Cuarto Juzgado de Garantía con el propósito de cerrar el proceso.
En la instancia, los abogados de Australis Seafoods, en su calidad de querellantes, plantearon que existían una serie de diligencias que no se realizaron o que derechamente fueron rechazadas, lo cual afectaba la profundidad de la investigación.
El planteamiento de los querellantes fue acogido por la magistrada, quien fijó para el próximo 20 de octubre una audiencia destinada a analizar los antecedentes para una reapertura. Para que ello fuera posible, era necesario previamente determinar el cierre de la investigación, con lo que se habilita la discusión sobre las diligencias que permanecen pendientes.
A la salida de la audiencia, el abogado de Joyvio, Jorge Bofill, detalló los antecedentes acompañados en la jornada. "Hoy día, por ejemplo, acompañamos al Ministerio Público un informe de valoración de perjuicios, y acompañamos una carta de la Policía de Investigaciones (PDI) que aclara que la razón por la cual no se hizo un informe pericial contable no es porque no tuvieran ellos las capacidades técnicas, sino porque no le fueron remitidos por la fiscalía los antecedentes objetivos que la policía había pedido".
Bofill agregó que "más allá de que somos de la opinión de que hoy día los fundamentos para llevar esta causa a juicio están absolutamente claros, la razón por la cual hemos insistido en todas estas diligencias pendientes es porque la ley no nos permite llevar a juicio algo que no está en la investigación".
El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando Joyvio adquirió Australis a Isidoro Quiroga por unos US$921 millones. La firma china alegó posteriormente que el empresario le ocultó que la salmonera operaba en sobreproducción —produciendo significativamente más salmón del autorizado—, lo que habría inflado artificialmente su valor y expuesto a Joyvio a millonarias multas ambientales.
Bajo esa acusación, recurrió al Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) exigiendo la anulación del contrato y la restitución total del precio pagado, o bien una compensación de US$620 millones. El tribunal arbitral —integrado por Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes— descartó la existencia de dolo, pero determinó que los vendedores entregaron información "incompleta" durante el proceso.
Con ese fundamento, ordenó a Quiroga pagar US$217 millones más intereses desde 2019, suma que ascendía a cerca de US$300 millones. Ese laudo fue el que la Corte de Apelaciones anuló en junio, al concluir que el tribunal arbitral había resuelto sobre una acción distinta a la demandada.
