El Gobierno fijó nuevas remuneraciones para los consejeros del Banco Central, que contemplan un alza de 14,4% respecto del período anterior y que se ubica muy por sobre los últimos reajustes salariales para las autoridades del instituto emisor, que se ubicaban bajo la inflación.
Se trata del Decreto Supremo N° 700, firmado el 3 de agosto por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que establece en $11.721.502 la remuneración mensual base de los consejeros, vigente por un año a contar del 9 de diciembre de 2025.
La cifra anterior, fijada en 2025 mediante el Decreto N° 702, era de $10.245.008, lo que implica un aumento de $1.476.494 en términos brutos.
El decreto mantiene la misma estructura de asignaciones por responsabilidad y dedicación exclusiva que ha regido en años anteriores: un 80% adicional para la presidenta, un 60% para el vicepresidente y un 50% para los demás consejeros.
Con ello, la remuneración bruta total de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, sube desde $18.441.014 a $21.098.704 mensuales, mientras que la del vicepresidente pasa de $16.392.013 a $18.754.403, y la de los consejeros, de $15.367.512 a $17.582.253.
La fijación de estos montos no es discrecional. El artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central establece que las remuneraciones deben ser propuestas por una comisión integrada por tres exautoridades del propio instituto emisor —quienes se hayan desempeñado como presidente o vicepresidente—, sobre la base de las rentas vigentes para los cargos ejecutivos más altos en la banca privada.
Esa comisión fue designada por el Decreto N° 51 de enero de 2026 y entregó su propuesta el 23 de febrero.
El incremento de 14,4% contrasta con la evolución de la remuneración base de los consejeros entre 2020 y 2025, que subió apenas 3% —desde $9.946.610 a $10.245.008—, muy por debajo de la inflación acumulada en ese período, que bordeó el 36% según cifras del INE.
El salto registrado ahora es más de cuatro veces superior a esa variación quinquenal, y se explica por la comparación con las rentas ejecutivas del sector bancario privado que exige la ley.
