Un intenso debate se está armando entorno incentivos para reactivar la exploración minera en el país.
Esta vez, la discusión se concentra en el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que modifica el sistema de patentes mineras y que, entre sus principales cambios, propone eliminar el incremento progresivo que actualmente enfrentan las concesiones de explotación que no acreditan actividad.
La moción, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Minería del Senado,
establece una patente anual de 0,1 UTM ($7.172) por hectárea para aquellas concesiones que acrediten determinados trabajos y de 0,4 UTM ($28.688) por hectárea para las que no lo hagan.
Además, incorpora una nueva causal para acceder a la patente rebajada de 0,1 UTM ($7.172) mediante la acreditación de trabajos tempranos y la entrega de información geológica certificada por Sernageomin. También elimina requisitos vinculados a límites de 500 hectáreas, parentescos y determinadas estructuras societarias para acceder a beneficios asociados a la pequeña minería.
El punto que ha concentrado las críticas es el reemplazo de la patente progresiva para concesiones sin actividad por un pago fijo de 0,4 ($28.688) UTM por hectárea.
La normativa aprobada en 2022 estableció que una concesión que acreditara actividad minera podía acceder a una patente reducida, mientras que aquellas que permanecieran sin actividad enfrentaban un costo creciente con el paso de los años. El valor comenzaba en 0,4 UTM durante los primeros cinco años y podía aumentar gradualmente hasta alcanzar 12 UTM ($860.652) por hectárea después de 30 años.
La lógica detrás del mecanismo era elevar progresivamente el costo de mantener una concesión improductiva y generar incentivos para que su titular la desarrollara, transfiriera o liberara.
Los exministro opuestos al cambios
Uno de quienes ha cuestionado la propuesta es el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien advirtió que eliminar la progresividad representa un retroceso en materia de incentivos para el desarrollo minero.
"Chile necesita más minería y no menos. Tenemos una oportunidad extraordinaria. Pero para eso es fundamental que las patentes que el Estado da en concesión se trabajen, no para que queden inactivas y permanezcan inexplotadas", sostuvo ante la Comisión de Minería del Senado.
"Lo que está en discusión es la eliminación de la patente progresiva por no uso, lo que es un retroceso que limita el potencial minero de Chile y el crecimiento económico."
Ignacio Briones, exministro de Hacienda
A su juicio, "lo que está en discusión es la eliminación de la patente progresiva por no uso, lo que es un retroceso que limita el potencial minero de Chile y el crecimiento económico".
Briones ha defendido que el principio detrás del sistema es que una concesión constituye un derecho exclusivo sobre un recurso público escaso y, por lo mismo, su costo debe aumentar cuando permanece sin utilización.
"Si la usa, la patente es baja. Si se retiene sin uso, su costo debe ir creciendo para incentivar el trabajo, transferir o liberar la concesión para que otros desarrollen minería", afirmó.
El exministro apuntó a la elevada concentración del territorio minero concesionado. Según recordó, cerca del 80% del territorio de las regiones mineras del norte se encontraba cubierto por concesiones, mientras menos del 10% registraba explotación.
También advirtió que el bajo costo de conservar estas propiedades había facilitado históricamente la acumulación de terrenos, usos especulativos e incluso el bloqueo de proyectos pertenecientes a otras industrias.
Una visión similar manifestó el exbiministro de Energía y Minería, Álvaro García, quien sostuvo que Chile necesita incrementar de manera significativa sus niveles de exploración.
García señaló que la inversión en esta área se ha mantenido desde 2005 en torno a los US$80 millones y recordó que hace cerca de 13 años prácticamente duplicaba ese monto. Como contraste, mencionó los niveles de inversión observados en países como Australia y Canadá.
"Si queremos soñar con los países que les ha ido bien haciendo exploración, acerquémonos a cómo ellos lo hacen, lo que ciertamente va en la dirección exactamente contraria a la que sugiere este proyecto que hace más barato mantener inactiva la licencia", sostuvo.
Entre los problemas que identifica para aumentar la exploración también aparece la concentración de la propiedad minera. Según García, apenas el 5,7% de la superficie concesionada se encuentra en manos de pequeños y medianos empresarios.
"Para mejorar la condición de ese 5% estamos afectando negativamente al 95% del terreno, que es lo que realmente nos debiera ocupar, porque hay otras maneras de atender el problema de los pequeños mineros", afirmó.
Eliminación de la progresividad
El Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) también entró al debate.
La entidad valoró los incentivos tributarios a la exploración anunciados por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, entre ellos la devolución anticipada del IVA, la depreciación instantánea y medidas asociadas a minerales críticos.
Sin embargo, manifestó preocupación por los cambios al régimen de patentes.
"Si bien valoramos la simplificación para la pequeña minería y el reconocimiento de actividades exploratorias como manifestación de uso efectivo de la concesión, pensamos que la iniciativa de eliminar la tabla progresiva de patentes podría revisarse para evitar efectos que terminen desincentivando la liberación, transferencia o puesta en desarrollo de concesiones sin actividad", señaló CESCO.
"El desafío es asegurar que los nuevos estímulos a la exploración, la acción coordinada de las instituciones y el régimen de patentes sean coherentes entre sí, promoviendo tanto la inversión como el uso productivo y oportuno de los recursos mineros", agregaron en una declaración.
La defensa del Gobierno
Desde el Ejecutivo defienden que el proyecto apunta precisamente a corregir problemas generados por el actual esquema.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, ha señalado que la propuesta busca establecer reglas más claras y razonables para los pequeños y medianos productores.
"Esta es una buena y esperada noticia para los pequeños y medianos mineros, especialmente de las regiones del norte y centro del país que se han visto afectados por un sistema frontal sin precedentes", afirmó tras la aprobación de la iniciativa en la Cámara baja.
El subsecretario de Minería, Álvaro González, ha destacado que la iniciativa elimina restricciones relacionadas con parentescos y tipos societarios, amplía los beneficiarios de las patentes rebajadas e incorpora mecanismos para reconocer actividades tempranas de exploración.
"Sin exploración no hay descubrimientos; sin descubrimientos no hay nuevos proyectos; y sin nuevos proyectos no hay minería futura. Las minas que necesitaremos en 15 o 20 años tenemos que comenzar a descubrirlas hoy."
Álvaro González, subsecretario de Minería
"Sin exploración no hay descubrimientos; sin descubrimientos no hay nuevos proyectos; y sin nuevos proyectos no hay minería futura. Las minas que necesitaremos en 15 o 20 años tenemos que comenzar a descubrirlas hoy", sostuvo.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también ha defendido la eliminación de los aumentos posteriores de las patentes.
Según explicó, los procesos de exploración minera son largos, costosos y están sujetos a ciclos económicos, por lo que mantener una propiedad sin explotación durante determinados períodos no implica necesariamente un comportamiento especulativo.
Quiroz cuestionó además las proyecciones realizadas cuando se diseñó el esquema progresivo en 2022, argumentando que los incrementos previstos podían llegar a niveles difíciles de pagar.
A su juicio, el principal efecto podía terminar siendo una mayor concentración de las concesiones.
"Lo único que está generando es que los grandes se están comprando todas las propiedades de los chicos porque son los chicos los que no pueden pagar esas patentes", afirmó.
La solución planteada por el Ejecutivo consiste en mantener las primeras alzas ya aplicadas, que según Quiroz representan incrementos de entre 100% y 200% respecto de los valores originales, y detener las siguientes etapas de aumento.
