El Gobierno cubano puso en marcha nuevas medidas para flexibilizar la inversión extranjera y ampliar el espacio del sector privado, entre ellas la contratación directa de trabajadores por parte de empresas extranjeras, la apertura de cuentas bancarias en el exterior y la creación de agencias privadas de turismo.
El Consejo de Estado publicó este jueves el Decreto-Ley 128, que permite a empresas mixtas y de capital 100% extranjero contratar empleados locales sin recurrir a las agencias estatales que hasta ahora intermediaban estos procesos.
Las compañías también podrán entregar bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera a sus trabajadores.
La normativa elimina además la autorización previa del Banco Central de Cuba para que las empresas abran y operen cuentas en el exterior. En adelante deberán informar su apertura dentro de siete días y mantener mecanismos de auditoría sobre sus movimientos.
A ello se suma una simplificación de los procedimientos de importación y exportación mediante procesos digitales.
Las modificaciones forman parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio por el Gobierno cubano.
Al respecto, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, señaló que las nuevas normas "podrían tener un impacto en la economía a corto plazo", aunque sostuvo que no es posible cuantificarlo debido al escenario externo que enfrenta la isla.
Mayor espacio para empresas privadas
Las medidas se suman al Decreto-Ley 133, que entró en vigor el miércoles y permite la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores, además de incorporar a cubanos residentes en el exterior al ecosistema empresarial del país.
También se autorizó recientemente el establecimiento de cadenas comerciales y se abrió la posibilidad de que empresarios privados se asocien con capital extranjero, realicen directamente operaciones de comercio exterior y desarrollen alianzas con el sector público.
En turismo, las nuevas disposiciones permitirán crear agencias de viajes privadas, desde microempresas hasta grandes compañías.
El Ejecutivo busca además potenciar inversiones vinculadas al ecoturismo y zonas patrimoniales. Estos proyectos podrán acceder a un impuesto reducido de 25% sobre sus beneficios, además de exenciones arancelarias para la importación de equipamiento. Las utilidades reinvertidas en la actividad tampoco estarán sujetas a impuestos.
