El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) advirtió este miércoles sobre la existencia de al menos dos implicancias negativas que tendría una eventual rebaja de los valores de los peajes de las autopistas concesionadas de Santiago como la que negocia el gobierno.
"Una rebaja en el TAG es una decisión muy compleja porque pondrá en riesgo el sistema concesional de las autopistas urbanas y generará un reordenamiento del sistema de transporte en la ciudad de Santiago, que va a tener dos implicancias negativas", indicó el director ejecutivo de la entidad, Carlos Cruz.
Según el exministro de Obras Públicas y Transportes, por una parte, "necesariamente" aumentará la congestión de las autopistas y de la ciudad, por cuanto incentivará el uso del automóvil. De otro lado, estimó que el incentivo del uso del automóvil va a restarle pasajeros al transporte público. "Por tanto, al final, esta va a ser una ciudad más ineficiente y va a ser una ciudad en la cual los habitantes lo van a pasar peor", remarcó.
En su opinión, este escenario es justamente contrario al que las políticas públicas de un gobierno debieran perseguir.
"Es una pésima señal", resaltó.
A juicio de Cruz, lo que las autoridades debieran propiciar son mecanismos para incorporar otros elementos que permitan que la ciudadanía tenga una mejor percepción del servicio que se le está otorgando dentro del sistema concesional. Como ejemplo, mencionó tarifas dinámicas, cobro por uso efectivo de la infraestructura, advertencia a los usuarios de la velocidad de circulación en las rutas y mejora de la accesibilidad y la seguridad.
"Esa es inversión a la cual perfectamente se podía invitar a los concesionarios a desarrollar", acotó.
De otro lado, opinó que, financieramente hablando, será una operación cara para el Estado chileno. "El gobierno ha hablado, en algunos momentos, no ahora, de bajar las tarifas hasta en un 30%. Yo creo que eso generaría una deuda muy grande. Podrían ser del orden de US$ 600-800 millones por año, lo que requeriría ampliar las concesiones (considerando la facturación del sistema de la capital). Dependiendo de las condiciones de cada contrato, podrían ser más de 4-5 años", sentenció.
Según el Ministerio de Obras Públicas, un primer acuerdo para rebajar los valores de los TAG podría ser anunciado en cosa de semanas.
