El jueves pasado, una quema de madera proveniente de Bolivia en el puerto de Arica provocó una polémica trasnacional. El cargamento correspondía a una porción de las más de 1.080 toneladas que Aduanas, la Armada y el Ministerio Público incautaron en junio por sospechas de narcotráfico.
Según la Fiscalía Regional y los peritajes del Instituto de Salud Pública (ISP), 108 toneladas de ese material estaban impregnadas con cocaína y ketamina, versión que es negada por los gremios y las autoridades bolivianas.
La incineración coincidió con la visita al lugar de una comitiva del país altiplánico integrada, entre otros, por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Nicanor Cochi, y la senadora Wanda Medrano. La respuesta fue contundente."Revisadas las actuaciones que han hecho las autoridades chilenas, lamentablemente se han vulnerado los derechos de las empresas bolivianas", aseguró Cochi, mientras que Medrano sostuvo que "se está ocasionando un daño muy importante a la imagen de nuestro país".
La investigación, que involucra a 23 empresas bolivianas, paralizó las exportaciones del sector, lo que "provocó un cataclismo en la industria forestal", según indicó el gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Walter Rioja.
Los hechos, además, ocurren en la antesala de la visita que realizará el Presidente José Antonio Kast a Bolivia el 14 y 15 de octubre. "Yo no sé con qué cara va a venir el Presidente Kast después de lo que está pasando. Ha sido un daño terrible", afirmó Rioja, quien acusa un "montaje".
El caso escaló también al gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz. El jueves, la cancillería de ese país emitió un comunicado en el que llamó a que "mientras permanezcan pendientes actuaciones o solicitudes vinculadas al caso, se preserven adecuadamente las muestras, especies o elementos que pudieran resultar necesarios para eventuales verificaciones".
De acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, las exportaciones de madera y sus manufacturas sumaron 71.178 toneladas entre enero y agosto de 2026, por un valor de US$27,9 millones.
Desde el gremio destacan la importancia de la madera para las comunidades locales. Según la CFB, 75% de las tierras forestales productivas del país está bajo manejo de comunidades indígenas y campesinas, frente a 8% en manos de empresas, y de ellas proviene el 80% de la madera boliviana.
Las mismas cifras del INE muestran que las exportaciones de madera cayeron 60,9% entre mayo y agosto de 2026 frente a igual periodo de 2025, lo que equivale a una merma de US$12,5 millones.
Además, cuestionó la confusión en torno a las incineraciones, cuya suspensión había solicitado la Fiscalía Regional de Arica el 21 de septiembre, pero que se ejecutaron conforme a lo ordenado un mes antes por el Juzgado de Garantía local.
"¿Por qué no se transparentó la investigación desde un inicio? ¿Por qué no se cumplió con el debido proceso?", preguntó el ejecutivo.
Rodríguez profundizó sus críticas en una columna publicada el domingo en el diario boliviano El Deber. Allí cifró en US$15 millones el daño económico para los exportadores, al que sumó el deterioro de la imagen del país y la pérdida de empleo de miles de jefes de hogar. Según su relato, tras el anuncio de la incautación los clientes internacionales se retiraron, la banca endureció sus exigencias y los nuevos envíos se frenaron.
El economista también puso en duda el sustento técnico del caso. "El Instituto de Salud Pública de Chile jamás habló de 'maderas impregnadas'", escribió, y aseguró que el organismo solo advirtió trazas de 5%, que a su juicio podrían explicarse por contaminación cruzada. En la misma línea citó a Jean Gerard, investigador de maderas tropicales del centro francés Cirad, según el cual la estructura y la alta densidad de estas especies impiden impregnarlas.
Agregó que decomisos similares en Bolivia y Brasil terminaron descartados, luego de que la policía antinarcóticos boliviana y la Policía Federal brasileña reconocieran su error. A su juicio, además, Chile estaría vulnerando el Tratado de Paz y Amistad de 1904, al detener cargas en tránsito, y el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por falta de transparencia
No obstante, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, aseguró a El Mercurio que se acreditó "efectivamente que hay droga en la madera" y que "no hubo ninguna solicitud por parte de los interesados en detener los procesos".
Se espera que la polémica marque la reunión que sostendrá Kast con Paz la próxima semana. "La idea es fortalecer todo lo que es la vinculación comercial, que es Oruro y Potosí, básicamente, las que generan la puerta de entrada y salida", comentó el mandatario de Bolivia al anunciar el encuentro.