El miércoles, el Presidente
Gabriel Boric agitó las aguas durante su discurso ante la
Asamblea General de Naciones Unidas, con su llamado a cuidar la democracia en todo el planeta, mencionando con ciertos matices las situaciones que viven
Nicaragua, Venezuela y Cuba, lo que generó diversas reacciones en la clase política chilena.
El Mandatario dirigió duras palabras contra el régimen de Daniel Ortega, con quien ha tenido diversos encontrones públicos: "Me siento en el deber, como he señalado en otros foros internacionales, de denunciar ante esta asamblea y el mundo, la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del Gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua, en donde no solo se prohíbe su participación en elecciones, sino que se les persigue, se les priva de nacionalidad, se les allanan sus casas y se les privan de derechos políticos", afirmó.
Luego fue el turno de hablar sobre
Venezuela y Cuba, donde el discurso estuvo más bien enfocado en un llamado a deponer las sanciones de Estados Unidos contra ambos países, sin condenar directamente las violaciones a los derechos humanos registradas ahí. En el caso del país sudamericano, Boric señaló que las medidas impulsadas por Washington
"no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano" y es necesario que se levanten para garantizar "elecciones libres".
Sobre Cuba, el Mandatario chileno aseguró: "Declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo, no solo es falso, sino que nos violenta y por lo tanto, instamos a Estados Unidos a seguir la línea que en su momento tuvo el Gobierno de Barack Obama cuando lo sacó de esa infame lista que ya lleva tres años repitiéndose y que tanto daño le hace, no al Gobierno, al pueblo cubano que no lo merece".
Desde hace años que tanto Nicaragua como Venezuela y Cuba han sido objetos de diferentes investigaciones internacionales, tanto de organizaciones de defensa de los derechos humanos como de la propia ONU, que han denunciado una serie de crímenes cometidos por el Estado.
Nicaragua: Una pareja presidencial involucrada
Desde el inicio de las protestas opositoras en 2018, el Gobierno de Nicaragua ha sido objeto de numerosos cuestionamientos. Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas no son aisladas y han quedado demostradas en diversos informes, tanto de ONGs como de Naciones Unidas.
A principios de 2022, la entonces Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, presentaba un informe en el que expresaba su preocupación de que "siga sin garantizarse la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018" en Nicaragua, y remarcó que "la rendición de cuentas es el núcleo del Estado de derecho". En esa línea, cuestionó las elecciones generales de 2021, que estuvieron marcadas por "la supresión arbitraria de opciones políticas disidentes del proceso electoral por diferentes medios".
Es por eso que Bachelet exhortó al gobierno de
Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta
Rosario Murillo, a que "liberara inmediata e incondicionalmente
a todas las personas detenidas y encarceladas arbitrariamente y retirar todos los cargos que se le imputan", así como también iniciar "un diálogo nacional significativo" y terminar con el acoso a activistas políticos, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Las acusaciones escalaron este año con el informe elaborado en marzo por un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, quienes acusaron al matrimonio presidencial de ser responsables directos de un sinnúmero de crímenes de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, además de imponer altísimos niveles de censura que impiden a los ciudadanos expresarse libremente.
A esto se suman otras medidas tomadas por el Gobierno para amedrentar y deshacerse de sus opositores, como las expulsiones del país y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a más de 300 personas, acusándolas de traición a la patria; un tipo de "muerte civil" que ha generado numerosas críticas.
Según los expertos, instituciones como el Ejército, la Policía y grupos armados progobierno siguieron las órdenes emanadas desde la Presidencia y Vicepresidencia para cometer estos crímenes. En conclusión, se trata de todo un aparataje público que opera con la finalidad de mantener a Ortega y Murillo en el poder.
Recientemente, el pasado 12 de septiembre, el grupo de Expertos realizó una actualización de su investigación en la que constataron
una escalada de persecución contra disidentes nicaragüenses, quienes enfrentan severas presiones para abandonar el país, "a través de vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados, y la criminalización continua y el uso de detenciones arbitrarias".
Del mismo modo, cuestionaron la "persecución de las universidades como espacios para el pensamiento crítico e independiente", lo que ha quedado demostrado con la cancelación de la personalidad jurídica de 27 instituciones, a las que han confiscado sus bienes.
Venezuela y el aumento de la represión
Venezuela también ha sido objeto constante de investigaciones en más de una década de crisis. En junio de 2019, Michelle Bachelet viajó al país sudamericano en su condición de Alta Comisionada de la ONU, ocasión en la que se reunió con diferentes actores sociales y políticos, incluido el Presidente Nicolás Maduro. Tras esta visita y la investigación de una comisión de expertos, el organismo internacional ha elaborado una serie de documentos en los que ha constatado distintos casos de violaciones a los derechos humanos.
El último informe fue divulgado justo ayer miércoles y contempla la investigación realizada entre enero de 2020 y agosto de 2023 por la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. El ente concluyó que tiene "motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias" en ese periodo.
Además, los expertos registraron
28 casos de tortura u otros tratos crueles contra personas detenidas, incluyendo 19 casos de violencia sexual.
En el texto, el grupo subraya que desde principios de 2021 recibió "menos acusaciones de violaciones graves de derechos humanos contra personas opositoras al gobierno o percibidas como tales". Sin embargo, este tipo de incidentes "continúan cometiéndose (...), recientemente (...) de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos", según afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
En esa línea, los expertos recalcan que "la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado".
Todo esto ocurre ad portas de la celebración de elecciones presidenciales en 2024, donde ya hay denuncias. Hasta ahora, las autoridades electorales de Venezuela inhabilitaron a los candidatos opositores María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano, quienes aspiran a ser el abanderado de la oposición en los comicios del próximo año.
Cuba y lo que dejaron las protestas
A diferencia de los dos países anteriores, no hay informes tan recientes sobre la situación en Cuba por parte de la ONU, que tampoco ha podido investigar en la isla. Más allá de los problemas que experimenta a raíz del bloqueo económico del que es objeto desde hace más de seis décadas, agrupaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han denunciado una serie de violaciones a los derechos humanos.
Actualmente, Cuba vive una profunda crisis marcada por la escasez de alimentos y los cortes de electricidad que fueron bastante frecuentes durante el último año. "El gobierno culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales", afirma Amnistía Internacional.
Similar opinión tiene HRW, que culpa al Gobierno cubano de seguir
"reprimiendo el disenso e impidiendo la crítica pública", recurriendo a mecanismo como detenciones arbitrarias de corta y larga duración. "El embargo estadounidense sigue proporcionando al gobierno cubano una excusa para sus problemas,
un pretexto para sus abusos y una forma de lograr el apoyo de gobiernos extranjeros que, de otro modo, podrían estar dispuestos a condenar más enérgicamente las prácticas represivas del país", asegura.
Claramente la situación en materia de derechos humanos se agravó tras las históricas protestas opositoras del 11 de julio de 2021, que marcaron un antes y un después en la isla, no acostumbrada a este tipo de manifestaciones. La respuesta del régimen fue firme y capturó a más de un millar de personas.
Esto generó un llamado urgente de Michelle Bachelet para que se liberaran a los detenidos: "Estoy muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas, entre ellas varios periodistas", dijo la entonces Alta Comisionada, quien remarcó que "todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente".
A dos años de las protestas, el panorama es preocupante, según denuncian diversas ONGs. De acuerdo con Justicia 11J, entre los más de 1.500 detenidos por las marchas opositoras, casi 700 siguen en prisión; de ellos, cerca de 500 presos han recibido condenas, algunos de hasta 25 años de cárcel.
