Un día después de su secuestro, aún no hay señales de
Ronald Ojeda Moreno, el ex militar venezolano que fue raptado la madrugada del miércoles en Chile, donde vive en calidad de refugiado político. Una vez conocida su historia, ha surgido una serie de informaciones sobre este ex uniformado opositor al régimen de
Nicolás Maduro que estuvo preso en su país, acusado de "traición a la patria".
Al igual que muchos opositores políticos, Ojeda estuvo detenido en la cárcel de Ramo Verde, uno de los penales más icónicos de Venezuela, que en los últimos años ha albergado a diferentes figuras de la oposición como Leopoldo López -que estuvo tres años recluido-, el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma y el ex secretario de seguridad ciudadana de la capital Iván Simonovis, que permaneció durante 10 años en el recinto.
Fundado en la década de 1950 como una prisión militar, con la llegada del chavismo se convirtió también en un
centro de detención para disidentes civiles a partir del fallido golpe de Estado contra el ex presidente Hugo Chávez en 2002. Desde entonces, las denuncias de torturas y malos tratos han sido bastante recurrentes, llevando incluso a algunos presos a realizar huelgas de hambre.
Ronald Ojeda ingresó a Ramo Verde el 25 de marzo de 2017 y se fugó el 30 de noviembre del mismo año, durante la salida a un tribunal. El ex militar acusó haber sufrido una serie de vejámenes y malos tratos, que lo llevaron a huir rumbo a Chile, donde obtuvo la condición de refugiado político en 2023.
Estos son algunos de los datos más característicos de este recinto penal.
Características
El Centro Nacional Penitenciario para Procesados Militares (Cenapromil) es la única cárcel militar de Venezuela. Su construcción fue encargada durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la década de los '50 y albergaba a uniformados por diversos delitos.
De acuerdo con el relato de ex reclusos, el recinto tiene dos torres. El anexo A cuenta con cinco pisos y alberga mayoritariamente a uniformados. El anexo B, por su parte, cuenta con tres pisos, alberga principalmente a presos políticos y está destinado para tener a los castigados por desacato o mal comportamiento, según informa Diario Las Américas.
Fue en este lugar donde estuvo recluido Leopoldo López, entre otras figuras opositoras como
Salvatore Lucchese, quien aseguró que pasaban 23 horas encerrados en una celda de dos por tres metros cuadrados, ya que se les permitía sólo una hora para salir al patio a tomar sol.
Si bien se trata de una cárcel militar, desde hace varios años ha aumentado el número de reclusos civiles, al tratarse de una de las cárceles más seguras del país. De esta forma, en el mismo penal conviven opositores políticos y presos condenados por delitos como narcotráfico, homicidio y corrupción.
"El Cenapromil es de las cárceles más seguras del país por su carácter militar. No son comunes los motines ni los alzamientos", decía en 2017 al diario español El Mundo el abogado Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal.
De este modo, activistas y expertos sostienen que hay diferencias entre Ramo Verde y el "Helicoide", el centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), otro de los penales importantes de Venezuela que agrupa a un gran número de dirigentes políticos y que está centrado más bien en detenciones por periodos cortos.
Denuncias
Desde hace años, principalmente desde la detención de Leopoldo López en 2014, que diversas agrupaciones de derechos humanos han reclamado sobre las condiciones de Ramo Verde. El propio líder opositor graficó en sus memorias los malos tratos de los que han sido víctimas.
"Escuchamos ruidos en la azotea y repentinamente entraron por nuestras ventanas bolsas de excremento humano. Era la respuesta del director del penal: Homero Miranda había mandado a sus subalternos a lanzar mierda en nuestras celdas", afirmó López en el libro "Preso pero libre".
El dirigente también afirmó que sufrió de numerosos operativos para confiscar sus pertenencias. "Me percaté de la presencia de estos hombres cuando oí unos ruidos y al abrir los ojos estaban allí tres hombres observándome mientras dormía", afirmó, agregando que "tomaron mis cuadernos, mis diarios y las notas para mi defensa.
Dijeron que eso les interesaba; traté de impedir que se los llevaran, pero me golpearon (…) luego supimos que eran de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)".
Era tal la situación en Ramo Verde que en 2019 la entonces alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, envió a un miembro de su equipo a visitar el recinto penal luego de reunirse con varios de los denominados presos políticos.
Pero los problemas seguían. A las denuncias de tortura y maltratos, se sumaban otros aspectos, como la mala alimentación de los reos en el penal y la falta de agua potable. "Son porciones pequeñitas con comida de muy mala calidad", afirmaba un familiar de los reos a Infobae en 2020.
Tres años después, el mismo medio relataba que la cosa no cambiaba. "Los alimentos son de muy escasa y de mala calidad; muy baja en proteínas y alta en hidratos de carbono. La consecuencia de eso es que los internos sean propensos a sufrir de enfermedades infectó contagiosas con una alta morbilidad, debido a las bajas defensas que van desarrollando, con un sistema inmunológico disminuido", decía otro familiar.
Los familiares aseguraban que tampoco existe una enfermería ni un centro de primeros auxilios. "Tampoco hay personal calificado para garantizar una atención médica de emergencia, en caso de requerirlo, lo que pone en peligro la vida de los presos en Ramo Verde, muchos de ellos con problemas de salud porque han sufrido torturas, otros por las consecuencias de no recibir las consultas ni medicamentos apropiados a su situación médica".
Los cercanos a los reclusos señalaban que ellos también han sufrido de malos tratos cuando van a visitar a sus familiares en la cárcel: los obligan a vestir jeans y una polera o camisa blanca y les hacen una serie de inspecciones para poder entrar, al punto de desnudarlos.
El mayor vejamen lo sufren las mujeres, según el relato de una de ellas a Infobae: "Nos obligan a quitarnos la ropa interior y a hacer movimientos para ver si traemos algo en nuestras partes íntimas: es francamente repudiable y violatorio de la dignidad humana".
Y así, las denuncias suman y siguen en una de las cárceles icónicas del régimen de Nicolás Maduro.
