La Fiscalía española pidió la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, procesada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos en relación con su actividad profesional.
El Ministerio Público no aprecia delito alguno en la conducta de Gómez y niega que haya obtenido "ningún tipo de retribución o beneficio adicional" con motivo de una cátedra pública que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
En un escrito de conclusiones al que tuvo acceso EFE este jueves, la Fiscalía aduce los mismos argumentos para demandar también la exoneración de otros dos encausados:
Cristina Álvarez, asesora de Gómez y acusada de los mismos delitos; y el empresario
Juan Carlos Barrabés, sospechoso de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El juez que investigó el caso, Juan Carlos Peinado, decidió el 20 de junio mandarlos a juicio con jurado popular, una decisión que ha generado una fuerte polémica política y mediática en España.
"Ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios", subrayó, por el contrario, el fiscal.
También destacó que ninguno de los investigados se benefició económicamente de un "software" creado para la cátedra ni consta que la universidad haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas.
La Fiscalía también recurrió la decisión de Peinado de retirar el pasaporte tanto a Gómez como a Álvarez por apreciar riesgo de fuga.
Esta semana,
un juez suplente accedió a devolvérselo a Gómez provisionalmente para viajar a Londres y asistir a la graduación académica de una de sus hijas, pero no para acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN celebrada estos días en Turquía.
El juez Peinado abrió la causa contra Gómez en abril de 2024 después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.
