Los desórdenes producto del llamado a boicotear la PSU, las lesiones oculares en contexto de manifestaciones, los presuntos delitos de lesa humanidad producto del actuar policial y una supuesta organización detrás de los saqueos e incendios, son algunas de las situaciones que han causado mayor impacto desde el estallido social ocurrido hace exactamente tres meses, y que han obligado la apertura de investigaciones.
Así, el Ministerio Público ha desplegado a su arsenal de fiscales -algunos con dedicación exclusiva en ciertos casos- durante este tiempo para tratar esclarecer lo sucedido e intentar establecer responsabilidades penales. Pero ¿cuáles son las principales las investigaciones y quién lidera las indagatorias?
PSU: Dos investigaciones paralelas
El pasado lunes 6 y martes 7 de enero se vivió en el país la PSU más compleja desde que comenzó a aplicarse este sistema de admisión universitaria. Las protestas convocadas por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) con miras a boicotear la prueba, generó que miles de estudiantes no pudieran rendir los exámenes e incluso, producto de una filtración de un facsímil, la PSU de historia debió suspenderse definitivamente.
A raíz de esto último, el Departamento de Evaluación Medición y Registro Educacional (Demre) decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Oriente para que se determine a los responsables de esta filtración y se apliquen las sanciones correspondientes. Indagatoria que recayó en el fiscal jefe de la unidad de Flagrancia de dicha jurisdicción, Omar Mérida.
Egresado de la Universidad de Concepción, Mérida lleva más de 16 años ejerciendo en el Ministerio Público, habiendo pasado por distintas jurisdicciones, como en La Araucanía, donde, entre otros casos, en 2010 estuvo a cargo de indagar las denuncias sobre una secta en Vilcún. Allí una niña de 11 años -quien era llamada "la princesa"- era el supuesto objeto de culto al interior del lugar.
Ya en Santiago, se desempeñó en la Unidad de Análisis de la Fiscalía Centro Norte, donde, por ejemplo, encabezó investigaciones contra un grupo dedicado a robos violentos en el parque Los Reyes. Además, el año pasado Mérida lideró al indagatoria por la muerte de una mujer que fue encontrada dentro de una maleta incendiada en Providencia y en noviembre de 2018 investigó el caso de una mujer de 62 años hallada sin vida en Las Condes y cuyo asesinato habría sido concertado por su nieta de 16 años.
Sumada a la investigación por la filtración de la PSU de historia, en Mérida recayó la responsabilidad de indagar las denuncias de torturas en la comisaría ubicada al interior de estación de Metro Baquedano, además de la investigación por las estaciones del Metro quemadas en su jurisdicción.
Pero la filtración de la prueba de historia no es lo único que mantiene ocupada a la fiscalía respecto a los problemas en la PSU. En paralelo, se está llevando a cabo una investigación por las denuncias debido las consecuencias que trajo consigo el llamado a boicotear la prueba, lo que podría configurar eventuales delitos contra el orden público o afectación de un servicio de utilidad pública.
Esa arista está liderada por el fiscal Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, y cuenta con denuncias interpuestas por el diputado Andrés Celis (independiente), el Ministerio del Interior y los diputados Sebastián Torrealba (RN), Paulina Nuñez (RN) y Francisco Eguiguren (RN).
Pérez Calaf, abogado de la U. Católica, llegó al Ministerio Público en 2003, asumiendo como fiscal regional de O´Higgins, periodo en el que estuvo a cargo de casos como el homicidio al empresario de Malloa Luis Francisco Yuraseck en 2005, y la investigación en contra de Tur Bus por su responsabilidad en un accidente que dejó 26 muertos en el río Tinguiririca en 2006.
En 2016 comenzó a hacerse cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Allí ha liderado las indagaciones del caso "Basura", por el cual los alcaldes de Colina, Maipú, Cerro Navia y Ñuñoa fueron apuntados por presuntos hechos de corrupción.
También estuvo detrás de los trabajos investigativos por el denominado caso "Tsunami", cuando, tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, a autoridades de la época se les imputó responsabilidad por la fallida alerta de tsunami antes del maremoto que afectó a las costas de la zona centro-sur del país. Y recientemente el persecutor enfrentó un sumario de parte de la fiscalía nacional en su contra por acusaciones de nepotismo.
Lesiones oculares
Por otro lado, el Ministerio Público abrió una investigación referente a una situación que es de las que ha generado mayor impacto desde que estalló la crisis social: las lesiones oculares en contexto de manifestación que han surgido producto del uso de armamento antidisturbios por parte de funcionarios de Carabineros.
Desde el pasado 20 de noviembre, por orden del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, la persecutora de Delitos de Alta Complejidad de esa fiscalía, Ximena Chong, asumió las tareas investigativas por ese tipo de heridas, además de indagar las lesiones graves en otras partes del cuerpo de manifestantes. Así comenzó las diligencias para identificar y formalizar a los autores de estos hechos.
Chong ha liderado casos de alta relevancia pública, como la indagación en 2017 por el denominado "cartel del fuego", en donde se apuntaba a las empresas españolas Martínez Riado, Inaer y Faasa de posibles irregularidades en los contratos que se adjudicaron para combatir incendios forestales en la zona centro sur del país.
Además la abogada de la U. de Chile colaboró, desde 2015, en la investigación del caso Corpesca, sumado a liderar la indagación por los presuntos aportes irregulares de la empresa brasileña OAS a campañas políticas en Chile.
Presunto abuso sexual a estudiante de medicina
Otro caso que ha cobrado relevancia en contexto de crisis social es el del estudiante de medicina de la U. Católica Josué Maureira (21), quien denunció haber sido golpeado y abusado sexualmente por carabineros de la 51° comisaría de Pedro Aguirre Cerda el pasado 21 de octubre, mientras Santiago se encontraba en toque de queda. Caso que está en manos de la persecutora Paulina Díaz, quien fue designada por la Fiscalía Metropolitana Sur como persecutora especializada para indagar las denuncias por violaciones a los derechos humanos en esa jurisdicción.
Por este hecho, seis uniformados fueron formalizados y se mantienen en prisión preventiva mientras dure la investigación de Díaz.
La persecutora, abogada de la U. Católica, llegó al Ministerio Público en 2008 y hace seis años que ejerce en la Fiscalía Metropolitana Sur, donde se desempeña como fiscal adjunto especializado en Delitos Económicos y Funcionarios. Entre los casos que ha encabezado, se encuentra el de la fiscal de San Fernando Teresa Gaete, quien el año pasado fue formalizada por una supuesta falsificación de pruebas durante una investigación.
Querella contra Piñera
En tanto, la querella interpuesta por un grupo de abogados a inicios de noviembre en contra del Presidente, Sebastián Piñera, por presuntos delitos de lesa humanidad quedó a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Esto, luego de que Pérez-Calaf -en quien cayó la responsabilidad en un principio- se inhabilitara de la investigación.
La querella en contra del Mandatario se basa en "la responsabilidad que le cabe, en su calidad de autor, como jefe de Estado y de todos quienes resulten responsables como autores, encubridores y/o cómplices del delito de crimen de lesa humanidad", registrados, a juicio de los litigantes, en medio de la crisis social que atraviesa Chile.
Aquella, se suma a la presentada el pasado miércoles por el Frente Amplio en contra del jefe de Estado por el mismo delito. Acción que fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y que también involucra a otras autoridades como el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a su antecesor Andrés Chadwick, al intendente metropolitano, Felipe Guevara y al general director de Carabineros, Mario Rozas.
Esta última también quedará en manos de Perivancich, y es que ella es la encargada de indagar todas las querellas presentadas por delitos de lesa humanidad contra el Presidente.
Perivancich, abogada de la U. Católica de Valparaíso, llegó a liderar la fiscalía de Valparaíso a fines de 2018, en reemplazo de Pablo Gómez. Una de las principales tareas que ha tenido la persecutora dice relación con continuar la investigación por el caso SQM.
En 2003 la jurista ingresó al Ministerio Público ejerciendo como abogada de la Unidad de Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión en la ciudad puerto. Y desde el 2005, hasta diciembre de 2018, se desempeñó como abogada asesora de la mencionada fiscalía regional.
¿Hubo o no organización?
¿Organización detrás de saqueos e incendios durante crisis social? Esa es la pregunta que ha estado tratando de dilucidar el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, a quien la fiscalía nacional designó, el pasado 13 de noviembre, para liderar la tarea de resolver si es que efectivamente existen grupos organizados detrás de los episodios de violencia más graves que ha visto el país en el último tiempo.
Barros lleva 19 años siendo fiscal. Dentro de los casos que ha hecho frente, se encuentra la desarticulación de bandas dedicadas al narcotráfico en la zona sur de la capital, como "Los Cara de Jarro". También llevó adelante la investigación del Luciano Pitronello y el sociólogo Hans Niemeyer, ambos condenados por posesión de artefacto explosivo.
En tanto, el 8 de agosto de este año, al poco tiempo de hacerse cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Barros logró la detención de quien hasta hoy es el principal sospechoso de haber enviado una bomba a la casa del ex presidente de Codelco Óscar Landerretche y a la del presidente del Metro, Louis de Grange.
Ataques a estaciones de Metro
En cuanto a las decenas de ataques a estaciones del Metro de Santiago que comenzaron a ejecutarse a partir del pasado de 18 de octubre, la indagación está dividida en cuatro fiscales, uno de cada fiscalía metropolitana.
Así, la investigaciones en la zona Sur están a cargo del jefe de la unidad especializada en Antonarcóticos y Crimen Organizado, Aléx Cortéz; en la zona Oriente del jefe de Flagrancia, Omar Mérida; en la Occidente del jefe de Maipú, Luis Pablo Cortés, y en la Centro Norte, del jefe de la unidad Santiago Norte, José Morales.
