A casi una semana de la polémica, la
Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la prisión preventiva de los 28 adultos que fueron formalizados por
desórdenes públicos la semana pasada y por los cuales se había decretado firma bimensual.
Así también, y en fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada dictó para los 16 adolescentes que también enfrentaron cargos la medida de vigilancia de parte del Servicio Nacional de Menores (Sename).
En total, fueron 62 las personas detenidas por Carabineros la tarde del martes en el contexto de los desórdenes que se registraban para ese entonces en el perímetro cercano a Plaza Baquedano, apodado como la "zona cero". El Gobierno se refirió a ellos como miembros de la "primera línea".
Del grupo, 44 pasaron a control de detención ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, ya que no se contaba con los antecedentes necesarios para imputar algún ilícito a los restantes.
De estos 44, 16 eran menores de edad, quienes quedaron en libertad y apercibidos. La polémica, sin embargo, se generó con la situación de los adultos.
Mientras el ministerio del Interior, como querellante, pidió la prisión preventiva del grupo, la fiscalía Centro Norte y el Defensoría Penal Pública abogaron para la mayoría -27 de 28 adultos- la cautelar de firma, la cual terminó siendo decretada por el tribunal. La excepción la hizo un hombre que estaba con libertad vigilada intensiva, respecto quien finalmente se decretó la prisión preventiva, aunque bajo caución de $250 mil.
La situación causó tal molestia en La Moneda, que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, utilizó ese mismo día su cuenta de Twitter para anunciar la apelación e indicar que "el esfuerzo policial por detener a estos violentistas y proteger a los vecinos debe ir acompañado de sanciones rigurosas", mientras que la vocera del Gobierno, Karla Rubilar, abogó para que "los tribunales de justicia nos ayuden en esa materia dando señales claras de que la sanción va a ser importante y que no va a salir gratis generar estos desmanes".
Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott, recalcó que, a diferencia de los intervinientes, como Interior, el Ministerio Público "tiene la obligación" de actuar bajo el principio de objetividad, y declaró: "Veamos el resultado de los recursos para ver si teníamos o no razón".
En esa línea, el Ministerio Público apeló respecto los menores, pidiendo sujeción al Sename, además firma mensual -y no bimensual- para 27 adultos.
Ya hoy, la Sala integrada por los ministros Miguel Vázquez, Elsa Barrientos e Inelie Durán, cambió la situación.
La decisión se adoptó con el voto en contra del primero de los magistrados, quien fue de confirmar la resolución apelada teniendo presente que "debe existir la debida correspondencia entre los hechos materia de la formalización y la intensidad de las medidas cautelares a aplicadas".
"Si bien comparte que no puede obviarse que hay un contexto generalizado de violencia en una buena parte de las manifestaciones que se vienen produciendo desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, lo cierto es que tales datos no son recogidos en los hechos de la formalización", dice la resolución respecto la postura de Vázquez.
Y agrega: "Por lo cual estima excesiva la medida más intensa y, para la suficiencia de los hechos que forman parte de los delitos de desórdenes públicos, las propuestas estima que son adecuadas para garantizar los resguardos a que las cautelares apuntan".
