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Superintendencia pide revocar reconocimiento oficial de Universidad La República y se inicia proceso de cierre

La entidad rechazó el plan de recuperación presentado por la casa de estudios, tras constatar una grave crisis financiera, patrimonial y administrativa, que hace inviable la continuidad de sus funciones.

30 de Marzo de 2021 | 12:42 | Por Natacha Ramírez, Emol

La medida afectaría a cerca de 3 mil alumnos que tendría actualmente ese plantel, los que deberán ser reubicados.

El Mercurio (Foto de Archivo)
SANTIAGO.- La Superintendencia de Educación Superior solicitó al Ministerio de Educación que revoque el reconocimiento oficial de la Universidad La República (ULARE), con lo que se inicia el proceso de cierre de esa institución.

"El principal objetivo de la sanción impuesta a la universidad es proteger los intereses de los estudiantes, de manera de evitarles un daño mayor y permitirles continuar sus estudios en otras universidades que sí les den mayores garantías de calidad"

Jorge Avilés, superintendente de Educación Superior
Tras desarrollar una exhaustiva investigación a la universidad, que se extendió por más de un año, la Superintendencia determinó que la institución debía presentar un plan de recuperación para subsanar los graves problemas que la afectaban.

El plantel entregó la propuesta el pasado 22 de marzo, la que fue rechazada por la entidad fiscalizadora, que resolvió solicitar al Mineduc que revoque su reconocimiento oficial, lo que implicará su cierre.

La Superintendencia adoptó la decisión tras establecer que la grave crisis financiera, patrimonial y administrativa que enfrenta la universidad hace inviable la continuidad de sus funciones y la entrega del servicio educativo.

Administrador de cierre tomará el control de la universidad


Ésta es la sanción más drástica que ha impuesto la Superintendencia de Educación Superior a una universidad desde que el organismo comenzó a funcionar, hace menos de dos años.

El superintendente, Jorge Avilés, explicó que "el principal objetivo de la sanción impuesta a la universidad es proteger los intereses de los estudiantes, de manera de evitarles un daño mayor y permitirles continuar sus estudios en otras universidades que sí les den mayores garantías de calidad".

Agregó que "sanciones como ésta dan cuenta que la nueva institucionalidad está funcionando, subiéndole los estándares exigidos a las casas de estudios, de manera de ir aumentando la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema".

Tras la determinación de la Superintendencia, en los próximos días, el Mineduc deberá revisar los antecedentes remitidos por esa entidad e iniciar el proceso de revocación de reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad jurídica de la universidad.

Para esto se nombrará a un administrador de cierre, que tomará el control de la institución y velará por la continuidad de estudios de sus cerca de 3 mil alumnos. Para ello puede proceder a reubicarlos en otras universidades.

Problemas financieros y disminución sostenida de la matrícula


Entre los hechos que consideró la Superintendencia de Educación Superior para solicitar la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad La República se cuenta un creciente déficit financiero, que no le permite a la institución contar con recursos suficientes para cubrir sus costos y gastos operacionales.

A eso se suma una disminución sostenida de la matrícula de estudiantes, que decreció en un 37% desde el año 2018 al 2020; al menos 4.105 deudas previsionales con sus trabajadores; multas vigentes de la Dirección del Trabajo por más de $102.000.000; y demandas en contra de la institución por más de $5.000.000.000.

También se constató el incumplimiento del pago de los contratos de arrendamientos de los inmuebles donde funcionan sus sedes; morosidad comercial y letras protestadas por más de $93.000.000; y desorden administrativo interno que se refleja en denuncias de estudiantes, egresados, docentes y funcionarios; deficiencia en la calidad del servicio educativo; pérdida de la información académica de los estudiantes; demoras en la entrega de certificados y títulos; incumplimiento de normativa interna; y una deficitaria infraestructura; entre otras.
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