El 15 de mayo del año pasado los senadores Alejandro Navarro (País), Ximena Órdenes (Ind.), Alfonso de Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Yasna Provoste (DC), quien entonces no era candidata de Nuevo Pacto Social, ingresaron al Congreso una reforma constitucional con un largo título que pretende un amplio y profundo cambio al actual sistema de pensiones.
El tema vuelve a estar sobre la palestra en medio de la discusión de un cuarto retiro del 10% de las AFPs -que se debatirá en el Senado- y luego que Provoste asegurara, ya como aspirante a La Moneda, que "en nuestro gobierno no se va a tocar ni un peso del ahorro de los trabajadores".
¿Qué dice el proyecto?
"Modifica las facultades del Presidente de la República, del Congreso Nacional y agrega capítulo XVI sobre nuevo sistema de pensiones", señalaba el texto agregando que también
"deroga decreto ley 3.500 de 1980,
nacionaliza los fondos de pensiones, traspasa funciones de las administradoras de fondos de pensiones y la Superintendencia de Pensiones, al Instituto de Seguridad Social de Chile, a objeto de proteger la propiedad de los trabajadores, hacer uso racional de los fondos de pensiones, que garanticen la gobernanza tripartita de estos, se protegen pensiones suficientes y de beneficios definidos, conforme a los estándares internacionales y normas de la Organización Internacional del Trabajo".
"El proyecto que hemos presentado junto con el senador Alejandro Navarro, que ha sido el principal autor de esta iniciativa, que permite derogar y nacionalizar los fondos de las administradoras de pensiones, se enmarca en un conjunto de iniciativas que hemos presentado prácticamente los mismos senadores"
Yasna Provoste en 2020
Desde que la senadora Provoste anunció que sería candidata, lo que se confirmó en la consulta del 21 de agosto, varios sectores del oficialismo -incluyendo su contendor Sebastián Sichel, le han preguntado si nacionalizaría los fondos si es que llega a La Moneda. Ella, en tanto, ha buscado defenderse, planteando que quieren "caricaturizar" el proyecto y que los fondo "son y serán siempre de los trabajadores".
El texto, que surgió como una alternativa a la reforma previsional que presentó el Gobierno, ingresó a la comisión de Constitución en donde no ha tenido avances más allá de que sus autores pudieron exponerlo ante los integrantes de la instancias. Busca reformar la Constitución para crear un nuevo sistema de pensiones, apuntando a derogar el Decreto de Ley 3.500 el cual establece la existencia y regula el funcionamiento de las AFP.
La iniciativa apunta a que el Estado administre "el conjunto del sistema de pensiones tanto de las Fuerzas Armadas y de Orden, como el de las pensiones civiles", creando una pensión básica universal equivalente al salario mínimo. Este sistema, se propone, sería financiado de manera tripartita, con igual contribución del trabajador y el empleador, mientras que el aporte estatal sería definido en la ley de presupuesto, de manera trianual.
Respecto al "Instituto de Seguridad Social de Chile" y que vendría a reemplazar a las AFP en cuanto a la gestión de la cotización obligatoria de los trabajadores, este sería un "organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio", indica el documento, y cuya administración correspondería a un consejo que estará integrado por nueve consejeros que durarían ocho años en sus funciones
El proyecto, además, establece que "los fondos de las cuentas de capitalización individual, administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley, seguirán siendo propiedad de los trabajadores, debiendo ser traspasados al Instituto de Seguridad de Chile".
Asimismo, a aquellos trabajadores cuyos fondos sean traspasados desde las AFP al nuevo sistema, se les emitirá "un certificado denominado Bono de Reconocimiento Nacional de Previsión Solidario, cuyo monto estará afecto a una rentabilidad garantizada de 2% anual".
Por último, la iniciativa señala que las AFP podrán seguir administrando "el ahorro previsional voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo y cualquier instrumento de ahorro voluntario complementario, acumulado y futuro, aportado por los trabajadores destinado a complementar las pensiones del sistema solidario de pensiones".
Presentación de Provoste
La senadora Provoste, al defender la iniciativa el año pasado explicó a 24H que "el proyecto que hemos presentado junto con el senador Alejandro Navarro (PRO), que ha sido el principal autor de esta iniciativa, que permite derogar y nacionalizar los fondos de las administradoras de pensiones, se enmarca en un conjunto de iniciativas que hemos presentado prácticamente los mismos senadores: el senador Carlos Bianchi, el senador Guillier, Navarro, Latorre y yo, como otra iniciativa que busca establecer que mientras los trabajadores pierdan sus ahorros, los accionistas no puedan retirar utilidades".
Según señaló en mayo del 2020, quien en ese momento no era candidata a La Moneda, "no es cierto que aquí se diga queremos derogar el Decreto de ley 3.500 y no proponemos nada. El mismo proyecto propone un conjunto de medidas basadas en las recomendaciones que la OIT ha hecho al 60% de los países que ya han revertido el proceso de la privatización del sistema de pensiones", recalcando que busca "pasar de un sistema de capitalización individual a un sistema solidario, en donde exista una colaboración tripartita del trabajador, el empresario y el Estado y hace un mayor esfuerzo de mayores cotizaciones, de aumentar la cobertura".
Provoste declaraba en ese momento que "creemos que los fondos de los trabajadores tienen que estar bien resguardados, se ha permitido que los recursos se inviertan y queden a la volatilidad de los mercados".
La candidata lo explica
Hoy mismo la parlamentaria volvió a tocar el tema a propósito de las críticas, sobre todo oficialistas, quienes la acusan de poner en riesgo los ahorros a los trabajadores y su jubilación. Ante eso, la carta de Nuevo Pacto Social enfatizó que el texto "señala con toda claridad que los recursos serán siempre de las y los trabajadores".
"Nuestro proyecto en materia de seguridad social se hace en virtud de los estándares que ha recomendado la propia OIT a los países serios que entienden que la seguridad social no puede estar en manos de instituciones con fines de lucro, en donde el propósito no sea pagar pensiones dignas", dijo en Radio ADN.
"Esto va a un pozo, pero usted tiene una definición de cuánto son sus ahorros individuales. No es una expropiación, va a ser una entidad pública sin fines de lucro, pero aquí no hay ninguna expropiación, así es que yo creo que aquellos que buscan defender un modelo fracasado como las AFP debieran buscar otros argumentos"
Yasna Provoste
Explicando que "esto va a un pozo, pero usted tiene una definición de cuánto son sus ahorros individuales. No es una expropiación, va a ser una entidad pública sin fines de lucro, pero aquí no hay ninguna expropiación, así es que yo creo que aquellos que buscan defender un modelo fracasado como las AFP debieran buscar otros argumentos".
A su juicio, "los argumentos reales son que van a perder tener un capital a bajo precio todos los meses a costa de los trabajadores que reciben al final de su vida laboral pensiones de miseria. Ese es el argumento de verdad que está detrás de aquellos que se oponen a una iniciativa distinta".
