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Carlos Frontaura, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos: "Corrió riesgo nuestra democracia y el INDH jugó un rol relevante en que se aminorara ese riesgo"

El académico UC analiza la propuesta constitucional, pero también la crisis que dio origen al proceso, el papel cumplido por el instituto bajo la dirección de Sergio Micco y la futura institucionalidad de derechos humanos. "Me preocupa la forma en que todo esto impactó en este texto", afirma.

05 de Agosto de 2022 | 08:17 | Por Álvaro Valenzuela Mangini, Crónica Constitucional
El Mercurio
"¿La ciencia no tiene nada que decir frente a los hechos, cualesquiera que estos sean?". La pregunta es también la respuesta de Carlos Frontaura —consejero de la Facultad de Derecho de la UC y exdecano— hacia quienes han criticado la declaración que los consejeros de esa facultad emitieron la semana pasada, anunciando que "no podemos respaldar" la propuesta constitucional.

Frontaura —especialista en historia del derecho y también consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos— rebate las acusaciones de "profetismo de cátedra" y defiende la posibilidad de opinar desde la academia. "Este es un debate un tanto superado, una posición positivista que hace 100 años podía tener algunos seguidores... es difícil pensar que el derecho como disciplina pueda quedar inerme para valorar las instituciones", sostiene, al tiempo que descarta que el pronunciamiento suponga una exclusión para quienes son partidarios del Apruebo. "Ha habido profesores que han manifestado públicamente que van a Aprobar y son de la planta y están planificados para hacer clases. También los alumnos", enfatiza.

"Lo que nosotros decimos —explica— es que los criterios que están en el texto constitucional socavan principios elementales de justicia. Y para explicarlo decimos que de su aplicación conjunta pueden resultar vulneraciones importantes a la dignidad y libertad de las personas, y estos sí que son principios jurídicos básicos. Y se explicitan algunas situaciones como en el aborto, en la posibilidad de la eutanasia, el no reconocimiento de realidades anteriores al Estado".

Respecto del primer punto, el no adecuado reconocimiento de la dignidad humana, ustedes hacen ese planteamiento desde una perspectiva cristiana...

—No. Por supuesto somos católicos, en una universidad católica, pero no es solo eso, es en una perspectiva básica: ¿qué es la persona? ¿Define el derecho lo que es una persona o se trata de una cuestión anterior? Y si es una cuestión anterior, una cuestión antropológica, no pueden estar excluidos todos los individuos de la especie humana que empiezan a serlo, según todos los criterios científicos, desde el momento de la concepción. El derecho no define, el derecho reconoce lo que es persona. Es más: cuando el derecho ha entrado a definir quiénes son personas, hemos estado frente a tiranías. Ejemplo: el régimen nazi.

Pero visiones doctrinarias consideran que el reconocimiento de la dignidad pasa por reconocer también el aborto como un derecho.

—Claro, pero eso justamente supondría que el derecho cumple el rol de definir qué es lo que es persona y, por tanto, quién puede ser sujeto de su protección. Allí entramos en una pendiente bastante peligrosa, porque un día serán los no nacidos y el día de mañana podrá ser cualquier otro tipo de sujetos.

Por discusiones como esta, para algunos el problema de la Constitución es meterse en materias que generan alta controversia y pretender dejarlas desde ya zanjadas. ¿Ese es también el problema para usted?

—Saliendo de este tema en particular, yo creo que esta es una Constitución, para usar una expresión que tuvo fama hace 10, 15 años, de "pensamiento fuerte", dejando poco espacio a la deliberación pública.

Un segundo orden de materias que ustedes cuestionan tiene que ver con el ámbito del Estado, que se desbordaría. ¿En qué lo advierte?

—Yo hice un ejercicio de contabilidad solo en la parte dogmática del texto, no en la orgánica, y contabilicé solo aquellas tareas en que se le mandata un ejercicio activo al Estado. En materia de principios, son 11 de 16 artículos. En derechos y garantías, 94 sobre 97 artículos; en nacionalidad y ciudadanía, dos sobre cinco artículos; naturaleza y medio ambiente, 22 sobre 23 artículos. Por supuesto, la complejidad de la sociedad moderna exige una mayor fortaleza del Estado. Pero hay que hacerlo de un modo que garantice el espacio para los cuerpos intermedios. Cuando el Estado lo garantiza y hace todo, lo que hace es matar la sociedad. Si un Estado que solo deja hacer lleva a un individualismo que se manifiesta en una competencia feroz, un Estado omnipresente genera un individualismo de clientes.

¿Cómo se ubica esta Constitución respecto de lo que ha sido nuestra trayectoria institucional? ¿Qué representa?

—Estos momentos constitucionales, cuando no son bien resueltos, en términos del respeto por una cierta tradición —o de la manera en que entendemos que es nuestra tradición—, en la medida en que no se engarzan adecuadamente con ella, desembocan en procesos que quedan truncos y en definitiva fracasan. Vamos a poner un ejemplo que puede gustarles a quienes son más partidarios del Apruebo: es evidente que la Constitución del 80, en su versión original, en la medida en que no fue capaz de reconocer ciertos aspectos de lo que comprendíamos como una tradición, quedó trunca. Desde el artículo 8°, que hubo que modificarlo el 89, hasta el 2005 con los senadores designados. Para el país, esta institución no formaba parte de su tradición y fue una causa constante de debate hasta que se suprimió. Con todo, la Constitución de 1980 representa más continuidades que rupturas. Esta propuesta, al contrario, representa más rupturas, más lógicas refundacionales.

¿Con qué experiencias usted compararía esta propuesta? Gabriel Salazar hace un paralelo con la Constitución de 1828 y también con la asamblea de los asalariados de 1925.

—También la podría comparar con la Constitución de 1823, que fue fruto de una asamblea constituyente: la llamada “Constitución moralista”, también bastante irreformable... Incluso señala en uno de sus artículos que esta es la “Constitución permanente de la República".
Pero lo que quiero decir es que el 28 no es el único momento de asamblea en nuestra historia, también lo es el año 23. Lo de la asamblea de los asalariados es algo mucho más discutible... primero, porque es una reunión, por ejemplo, de la que el Colegio de Profesores se termina retirando porque considera que está dominada por el Partido Comunista. Pero yo creo que el nivel de cambio o de ruptura de la experiencia actual se parece bastante más a lo que ocurrió entre 1810 y 1833, el período de ensayos constitucionales.

Toda este proceso se origina en una crisis que usted observó desde una tribuna clave, el INDH. ¿Le dio alguna perspectiva particular?

—Me permitió mirar cosas que a lo mejor de otro modo no las habría apreciado. Nosotros, sobre todo los primeros días, salimos mucho a la calle. Eso permitía apreciar, por ejemplo, que los grupos más decididos y fuertes eran de gente joven, no sé, de hasta 35 años. Allí hay un grupo que por distintas razones no se ha sentido interpretado por el tipo de país o sociedad que hemos ido construyendo. Gente desencantada, enrabiada.

"También pude apreciar los déficits que tiene nuestra sociedad en la formación de sus fuerzas de orden. Es evidente que ellas no estaban preparadas para enfrentar un tipo de actividad como la que ahí se desarrolló. No digo que únicamente por eso, pero parte importante de las afectaciones de derechos humanos tenían que ver con ello".

"Tercero, me permitió apreciar la poca convicción y respeto que los particulares, ciudadanos a pie, tienen por otros particulares. Desde “el que baila pasa” hasta saquear locales, agredir a otras personas... La quema de iglesias es expresión de un revanchismo muy fuerte, una acción muy agresiva respecto de quien tiene una fe. Yo soy una persona de fe y fue una cosa remecedora. Para quienes tenemos fe, una iglesia no es solo el símbolo de donde nos encontramos; en la custodia de una iglesia está la presencia real de Nuestro Señor Jesucristo. Ha habido en la historia mártires por defenderlo".

¿Por qué el tema derechos humanos se transformó en un campo de batalla?

—Yo tengo una convicción bastante parecida a la que expresó Sergio Micco. Mientras nosotros nos mantuvimos haciendo nuestra tarea de estar vigilantes, denunciando, querellándonos, aparecíamos como héroes. Pero cuando de alguna manera se quiso que fuéramos instrumentos al servicio de un proyecto de otra naturaleza, que pasaba por la caída del régimen o lo que fuera, y a lo que por supuesto al instituto no podía sino negarse.... En la medida en que nosotros no fuimos instrumentales a esos objetivos empezamos a ser cada día más denostados.

"Y lo segundo es porque algunos de nosotros considerábamos que había situaciones de violencia de particulares que también teníamos que salir con firmeza a rechazar".

"En definitiva, quienes formábamos esa mayoría en el Consejo, teníamos la convicción profunda de que la democracia es fundamental defenderla para que los derechos humanos puedan realmente respetarse. Y por lo tanto, cualquier cosa que pusiera en aprietos esa democracia, como una caída anticipada del Gobierno, era fatal para los chilenos. Con el tiempo y con más serenidad, creo que la gente valorará ese trabajo que hicimos para defender los derechos humanos que estaban siendo violados, pero también para hablar con verdad y honestidad sobre la importancia de defender la democracia para salvar a la patria y a los chilenos".

¿En ese concepto de si eran sistemáticas o no las violaciones a los DD.HH. se estaba jugando la continuidad de la democracia?

—Yo creo que sí. Esos primeros días de noviembre fueron dramáticos. Siempre tengo el recuerdo de una sesión que terminó como a las 5, 6 de la tarde. Salimos con el consejero Donoso a buscar mi auto y Providencia estaba tomado. Mirábamos cómo abrían los locales, las barricadas, lo que hacían los carabineros... Por supuesto, nunca pude llegar a mi auto. Era una ciudad sitiada. Entonces, más allá de la palabra concreta, de si sistemática o no, corrió riesgo nuestra democracia y el instituto jugó un rol relevante en que se aminorara ese riesgo.

Si el instituto hubiera validado la idea de un gobierno que impulsaba una política para violar los derechos humanos, ¿peligraba la democracia?

—Claro, si hay una afirmación de que las violaciones a los derechos humanos fueron una política sistemática, cosa de la cual nosotros no teníamos ninguna convicción de que fuera así, pero si tú afirmas algo de esa naturaleza, estás frente a un gobierno cuya ilegitimidad es completa. El director recibía unas presiones gigantescas para declararlo. Y hacer algo así era poner en riesgo la democracia.

¿Le preocupa el futuro del instituto luego de lo que pasó con la solicitud de renuncia que terminó en la salida de Micco?

—El futuro inmediato me preocupa. Como les dije en la sesión a quienes suscribieron esa carta, “si ustedes querían hacer un punto, cuando faltan dos semanas para que termine el período, pueden hacerlo, no tienen para qué mandar una carta en los términos en que la mandaron”. Pero más allá de eso, me preocupa la forma en que todo esto impactó en este texto constitucional.

¿Por la institucionalidad que se define?

—Si uno ve las instituciones autónomas en el texto, el Banco Central, la Contraloría, se les hicieron algunos cambios. Pero fuera del Poder Judicial, la única institución tocada en su estructura es el Instituto de Derechos Humanos. Es curioso. Se establece un sistema de defensoría y no un sistema de consejo. Con todas las peleas que había en el instituto, en esto nuestra sugerencia unánime a la Convención fue que mantuvieran la figura de consejo porque le da pluralidad al sistema. Y lo segundo es que el sistema para designar a ese defensor no garantiza una adecuada participación y que lleguen personas plenamente calificadas. El esquema en que órganos de la sociedad civil le hacen una presentación al Congreso y este elige por simple mayoría tiene riesgos de parcialidad. Sobre todo, cuando las mayorías son tan simples.

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